La fiscalización del dinero público busca dejar de ser un proceso que detecta irregularidades años después de que ocurrieron para convertirse en una herramienta preventiva, con mayor presencia en territorio y sanciones más rápidas, de acuerdo con las propuestas planteadas durante el Cuarto Encuentro Nacional por la Armonización Legislativa y el Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización en México, realizado en Pachuca.
Durante el evento, el diputado federal Javier Octavio Herrera, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, anunció que se trabaja en reformas a la Ley General de Responsabilidades para reducir los tiempos de los procedimientos sancionadores, debido a que actualmente una mala práctica puede ser detectada y hacerse pública sin que el ciudadano vea necesariamente una consecuencia durante tres, cuatro o hasta cinco años.
“Estamos trabajando con la Consejería Jurídica, con la Auditoría Superior y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para hacer reformas prontas a la Ley General de Responsabilidades”, señaló Herrera, al explicar que las modificaciones comenzarían a impulsarse en el periodo legislativo que inicia en septiembre.
El planteamiento forma parte de una agenda de armonización legislativa construida a partir de las necesidades de las entidades federativas y busca establecer reglas comunes para la fiscalización en el país. La intención, explicó el legislador, es que los ciudadanos tengan mayor certeza sobre la vigilancia de los recursos públicos sin importar en qué estado sean ejercidos.
Herrera sostuvo que la fiscalización no puede depender de una sola institución, debido a que participan la Cámara de Diputados, los congresos locales, la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías estatales, los órganos internos de control, los municipios y las propias autoridades responsables de ejercer el gasto. “Esto es un ecosistema”, afirmó, al señalar que cada instancia tiene una responsabilidad distinta.
En ese esquema, la revisión del gasto no debe limitarse a encontrar observaciones, sino generar mejores controles internos y procesos administrativos que permitan que cada peso público llegue al propósito para el que fue asignado. Los recursos, añadió, deben traducirse en servicios, infraestructura, educación, salud, seguridad y mejores condiciones de vida.
El representante de la Auditoría Superior de la Federación Alfonso Damián Peralta adelantó además que el organismo tendrá una mayor presencia territorial, con recorridos y revisiones directamente en los lugares donde se ejerce el gasto, particularmente en obra pública. La intención es acercarse tanto a los ciudadanos como a los ejecutores del gasto para conocer de primera mano los problemas que enfrentan durante la aplicación de los recursos.
También se fortalecerán las capacidades de investigación cuando existan denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción, como parte de una estrategia que pretende ampliar el alcance de la fiscalización más allá de los procedimientos ordinarios de revisión.
Jorge Valverde Islas, auditor superior del Estado de Hidalgo, planteó que el nuevo enfoque debe avanzar hacia una fiscalización preventiva, transparente y orientada a resultados, capaz de fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza ciudadana en la revisión del ejercicio de los recursos públicos.
“La fiscalización no se limita a señalar observaciones”, sostuvo, al explicar que también debe generar condiciones para que las entidades fiscalizadas fortalezcan sus controles internos, mejoren sus procesos administrativos y garanticen que los recursos sean utilizados con legalidad, eficiencia y responsabilidad.
Valverde destacó la necesidad de una evolución coordinada de los marcos normativos e institucionales de los distintos órdenes de gobierno, acompañada de una transformación digital que permita fortalecer las capacidades, metodologías y esquemas de actuación de las entidades fiscalizadoras.
El uso de tecnología y nuevas herramientas de análisis fue uno de los puntos señalados durante el encuentro. Herrera afirmó que, con herramientas tecnológicas y el uso de inteligencia artificial, existe la posibilidad de ampliar la capacidad de revisión hasta alcanzar una cobertura mucho mayor del gasto público y dar mayor visibilidad a la forma en que se ejercen los presupuestos.
Para Andrés Velázquez, presidente del Congreso de Hidalgo, la armonización legislativa tiene como punto central garantizar que los recursos públicos sean vigilados bajo principios comunes. Recordó que el dinero que administran los gobiernos proviene de los ciudadanos, por lo que su revisión representa una responsabilidad directa frente a quienes pagan impuestos.
El legislador destacó el trabajo realizado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y señaló que en los últimos años ha incrementado su capacidad técnica, metodología y uso de tecnologías, además de cumplir con la entrega de informes de las cuentas públicas estatales, organismos paraestatales y municipios.
Velázquez confirmó que el Congreso de Hidalgo recibirá la propuesta de armonización legislativa en materia de fiscalización para analizarla en las comisiones correspondientes y discutirla con las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.
“Estamos dispuestos a legislar lo que haya que hacer para el bien de Hidalgo”, afirmó.
El presidente del Congreso sostuvo que las conclusiones del encuentro no deben quedarse únicamente como parte de la memoria del evento, sino convertirse en artículos, plazos, facultades y leyes que permitan establecer reglas vigentes y aplicables.
El gobernador Julio Menchaca Salazar señaló que el ejercicio correcto de los recursos públicos y la atención de las necesidades de la población constituyen elementos centrales de la transformación gubernamental. Recordó que desde el inicio de su administración planteó la responsabilidad que implica manejar recursos públicos y la obligación que esa responsabilidad representa para todos los funcionarios.
Menchaca destacó que en Hidalgo la recaudación se incrementó 96 por ciento desde 2022, al pasar de poco menos de cinco mil millones de pesos a cerca de 10 mil millones. Atribuyó este resultado a la confianza de los contribuyentes en que sus recursos están siendo utilizados de manera correcta y señaló que se trata de un resultado construido por un equipo de trabajo.
“El ejercicio correcto de los recursos públicos y de la atención a las necesidades más sentidas de la población” debe acompañarse de transparencia, afirmó el gobernador, al señalar que esta obligación forma parte de la transformación impulsada a nivel federal.
El encuentro reunió a representantes de 16 entidades federativas, integrantes de los tres poderes, autoridades, servidores públicos, órganos fiscalizadores, académicos y representantes de la sociedad, con el propósito de intercambiar experiencias y construir criterios comunes para fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización.
La discusión puso sobre la mesa una modificación de fondo en la forma de entender la vigilancia del gasto: anticiparse a las irregularidades, mejorar los controles, utilizar tecnología para ampliar las revisiones, acercar a los auditores a los sitios donde se ejerce el dinero y, cuando se detecten actos de corrupción, procurar que las sanciones lleguen en plazos que permitan al ciudadano identificar una consecuencia concreta.
El reto planteado en Pachuca quedó así definido en términos de reglas comunes, mayor capacidad técnica y tiempos más cortos para que la fiscalización no termine solamente en una observación documentada, sino en mecanismos capaces de prevenir irregularidades y, cuando corresponda, sancionarlas.
