Fernando Gómez Mont, abogado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sostuvo que hay contradicciones en las fechas de las acusaciones y no existe una sola prueba que acredite crimen organizado o comunicación entre el expanista y los otros detenidos, por lo que calificó la medida de enviarlo al Altiplano como una canallada inadmisible.
En entrevista en MILENIO Televisión, explicó que la mayoría de las fojas del expediente son sobre peritajes de que los ferrotanques tenían combustible, pero sin acreditar la logística o tiempos lógicos, pues se busca evitar que toquen a las instituciones.
“Poco se habla del trámite administrativo, por dónde dicen que entra ese material, quién lo introduce el país, quién lo trasporta de Estados Unidos a México, bajo qué parámetros y pro qué se dice que es una operación oculta. Hoy, en toda esa narrativa no participa nadie del gobierno, ni de las aduanas, ni nada. En toda su investigación, esto no llega hasta allá.
“Hablan de una red que opera para trastocar controles gubernamentales sin que se entienda cómo, cuándo y cómo fueron trastocados, sólo que se encontró en México este tipo de material”.
Anacronismo procesal y ausencia de comunicación
El abogado explicó que, además, la
acusación tiene tiempos que no coinciden con lo que se le busca imputar al exgobernadory sobre todo, no hay una sola evidencia de que él forme parte de crimen organizado, pues no tienen pruebas de comunicación o coordinación entre los detenidos.
“Dicen que (Ernesto) Ruffo está vinculado a estas cuestiones porque en el 2018 celebró actos corporativos, hablan que lo crítico es del 2025 al 2026 pero todos los datos con los que vinculan a Ruffo son anteriores a estos hechos, ¿de dónde resulta que esto estaba sucediendo o que iba a pasar? No hay una sola prueba que diga que el señor Ruffo estuvo en comunicación o contacto con cualquiera de los otros acusados para facilitar o procurar que esto se realizara, no hay ni una. Llevan un año y no han encontrado una sola de pruebas.
“Hablan de delincuencia organizada y no han encontrado una sola comunicación entre las partes, pedimos que nos lo enseñaran, nosotros sostuvimos que no habíamos encontrado ninguna prueba y hoy por hoy, siguen señalando en el comunicado que todo fueron actos sucedidos mucho antes, pues si así tratan de vincular hechos pue son hay quién se salve, si ésa va a ser la lógica, es una detención arbitraria, caprichosa, poco lógica”.
Almoloya: un exceso político sin precedentes
Gómez Mont explicó que usarán todas las posibilidades para defenderse de la detención que calificó como “arbitraria” pues señaló no hay justificación para haberlos enviado al penal de máxima seguridad del país.
“Si hubiera una investigación más seria dirías, bueno, pero llegar en esta furia, en generar una inercia de linchamiento, plantear a existencia de una organización delincuencia que no está ni inducidamente probada y meter en Almoloya de Juárez a exservidores públicos y empresarios que no tiene un solo antecedente, no hay uno solo con un solo antecedente.
“Ponerlos en el penal de máxima seguridad es una canallada y merece una rectificación. Tratar de aniquilarlos con ese exceso es inadminisible”.
En este sentido, comparó el actual sistema de justicia federal con el previo a la elección judicial, y consideró que está llegando a estrategias sin precedentes de las que después se pueden arrepentir.
“No conozco un solo antecedente de esta magnitud. Es una radicalización utilizar la política de delincuencia organizada, es un exceso innecesario, el abuso de una política de excepción en casos extraordinarios, nunca había visto que se utilizara así y espero que no nos acostumbremos a eso, la historia nos enseña que el que abusa del poder después se duele de la arbitrariedad y de la injusticia, es un tema de racionalidad política y ética”.
Recalcó que continuarán exigiendo claridad en las pruebas y sobre todo, solicitando que el exgobernador no permanezca en el penal de Almoloya donde sólo tienen cabida los delincuentes de mayor peligrosidad.
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