La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que la investigación contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California investigado por una presunta red de huachicol fiscal, haya derivado de una “persecución política” en su contra.
La dependencia argumentó que su detención e imputación derivó de su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, descartando que sus vínculos políticos tengan algún peso en la investigación.
De igual forma, la dependencia que encabeza Ernestina Godoy aseguró que las pesquisas contra el panista son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetando en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.
“Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”, señaló.
¿Cómo inició la investigación por huachicol fiscal?
La representación social recordó que la investigación tuvo origen con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, destacando que las condiciones en que se encontraban representaban un riesgo para la población y para la seguridad industrial, debido a las altas temperaturas y al desconocimiento sobre la naturaleza de la sustancia contenida en dichas unidades.
Como resultado, se practicaron inspecciones en campo, toma de muestras y dictámenes periciales para determinar el contenido de los ferrotanques, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios.
La Fiscalía indicó que, lejos de limitarse a la revisión de los ferrotanques localizados, la investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto.
Como resultado de estas diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular, al haberse declarado únicamente el 10 por ciento de lo que realmente contenían, permitiendo reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible.
"Lo que inicialmente parecía ser un hallazgo aislado evolucionó hacia la identificación de una operación logística de mayor dimensión, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades federativas", aseguró la FGR.
"El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Inicialmente, la empresa fue constituida por José 'N' y dos personas morales", detalló.
La FGR se refirió a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México por José Merino Valdés Cuervo y las personas morales Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V. y Servicios Portuarios, S.A. de C.V.
Ruffo Appel inicia participación en Ingemar
Dos meses después de su constitución, en una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ernesto Ruffo Appel inició su participación dentro de la estructura societaria de Ingemar mediante su incorporación al capital variable de la empresa, fortaleciéndose su presencia dentro de la organización corporativa.
Según las pesquisas, posteriormente, para 2021, Ruffo Appel ya figuraba como accionista y fue designado secretario del Consejo de Administración, participando junto con José Merino Valdés Cuervo en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.
La institución mencionó que la investigación permitió advertir que, tanto José Merino como Ernesto Ruffo, comparecieron de manera conjunta en diversos actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes, particularmente relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la empresa.
"Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política", argumentó la Fiscalía.
Asimismo, la dependencia detalló que se identificó que, durante los años siguientes, la empresa amplió su objeto social para incluir actividades directamente relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético, elementos que posteriormente adquirieron relevancia dentro de la investigación.
Pruebas integradas por caso Ingemar
La FGR enfatizó que, como resultado de esta labor, se han integrado hasta este momento 96 datos de prueba, entre los que destacan:
- Dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados
- Dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados
- Dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados
- Dictámenes en criminalística, orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados
- Dictámenes de identificación, para conocer el tipo de hidrocarburo, ya sea gasolina o diésel
De esta manera, la investigación evolucionó del hallazgo de ferrotanques aparentemente abandonados y potencialmente peligrosos, hasta la identificación de una estructura empresarial con capacidad de importación de hidrocarburos, operación ferroviaria especializada y una red logística de alcance interestatal.
“Es importante aclarar que si bien es cierto, hasta este momento se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025; no obstante, del cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria, se logró establecer la reiteración de más de cuatro mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender a más de 4 mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación, circunstancia que será debidamente acreditada en la investigación complementaria”.
Por último, la Fiscalía puntualizó que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que no es posible que las personas imputadas por dicho ilícito sigan su proceso en libertad, razón por la cual el exgobernador permanece interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
AG
