La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) dijo que es preocupante que se pretenda descalificar públicamente a un abogado por asumir la representación profesional de una persona investigada o imputada, o que se sugiera que la defensa de una persona acusada constituye, por sí misma, una forma de complicidad con los delitos que se le atribuyen.
En alusión a las declaraciones de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, contra el abogado Fernando Gómez Mont, quien asumió la defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, imputado por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, la BMA se manifestó contra estos hechos.
“La Barra Mexicana reconoce plenamente que toda autoridad y toda organización política tienen derecho a expresar sus opiniones respecto de investigaciones y procesos judiciales de interés público; sin embargo, ese derecho encuentra límites en los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho, particularmente cuando las expresiones públicas pueden traducirse en la descalificación de una persona por el sólo hecho de ejercer su derecho a contar con una defensa legal profesional”, declaró la institución.
BMA recuerda derecho de inocencia
Además, la BMA recordó que la Constitución establece que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia que declare su responsabilidad, así como a contar con una defensa adecuada por abogado de su libre elección.
“El derecho de defensa no es una concesión del Estado, de los partidos políticos ni de la opinión pública, es una garantía fundamental de toda persona sometida al poder punitivo del Estado”, refirió la BMA.
Por ello, agregó, resulta particularmente preocupante que se pretenda descalificar públicamente a un abogado por asumir la representación profesional de una persona investigada o imputada.
“La función del abogado defensor no consiste en determinar la culpabilidad de su representado. Esa función corresponde exclusivamente a los órganos de procuración de justicia y jurisdiccionales competentes, mediante un proceso en el que se respeten sus derechos constitucionales y en el que la responsabilidad penal se establezca, en su caso, mediante sentencia”, puntualizó.
AG
