La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas ha detectado una práctica recurrente entre algunos exalcaldes y exfuncionarios municipales: evadir las notificaciones oficiales sobre observaciones y posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.
Te recomendamos
Una conducta recurrente
Esta conducta, según el auditor superior Francisco Noriega Orozco, no solo resulta infructuosa, sino que agrava su situación legal al agotar plazos sin que puedan defenderse adecuadamente.
Aunque el auditor no señaló directamente a ningún exmandatario local, reconoció que esta situación ya se ha identificado en al menos uno o dos municipios.
“Es complicado, se esconde, no recibe notificaciones… pero llega el momento en que se agota la instancia y después no les da tiempo de contestar sus observaciones”, explicó Noriega Orozco.
En 2 municipios hay un desacato a las notificaciones de aclaración
El auditor enfatizó que los tiempos legales siguen corriendo independientemente de la voluntad de los notificados.
“Siempre los tiempos van a alcanzar al que tiene la responsabilidad”, advirtió.
Las sanciones por la evasión
La evasión puede derivar en sanciones administrativas que van desde los 15 mil hasta los 200 mil pesos.
Acciones legales promovidas por las nuevas administraciones municipales, que tienen acceso pleno a la información de las cuentas públicas anteriores.
Noriega Orozco invitó a los exservidores públicos a cumplir con los requerimientos de ley:
“Yo los invito a que cumplan con los requerimientos de ley, porque esa misma práctica les puede jugar en contra a ellos mismos”.
Ayuntamientos pueden presentar denuncias
En casos extremos, los ayuntamientos actuales pueden presentar denuncias para obligar a los exfuncionarios a comparecer.
Esta situación se enmarca en un panorama más amplio de revisiones a las cuentas públicas, particularmente la de 2023, donde la ASE ha detectado observaciones por más de 10 mil millones de pesos solo en ayuntamientos y organismos descentralizados. Un porcentaje significativo de estos montos podría convertirse en quebrantos al erario si no se solventan.
AA
