La iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría calificada, por lo que fue desechada el 11 de marzo.
En respuesta, la mandataria presentó unos días después el llamado plan B, una nueva propuesta de reforma que mantiene la esencia de la primera, pero con cambios sustanciales. En MILENIO te decimos cuáles son.
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Ambas iniciativas tienen como base dos ejes principales: una dismunición de privilegios y de gastos para instituciones electorales, así como una mayor participación ciudadana, esto en el marco de una austeridad republicana, como lo señaló la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la presentación del plan B.
"La iniciativa presidencial de reforma constitucional que se presenta el día de hoy tiene como principio fundamental disminuir los privilegios, excesos, en el ejercicio de la función pública. Mantenemos el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la cuarta transformación, que es la austeridad republicana".
"El pueblo de México ha tenido como demanda histórica: formar parte de manera permanente en la toma de decisiones. Por ello, ampliar los periodos en los que se pueda solicitar la revocación de mandato será en beneficio de la ciudadanía".
¿Cuáles son las diferencias?
Las principales diferencias entre la iniciativa original (plan A) y el plan B radican en que este último se centra en reducciones de recursos a congresos locales, deja de lado un cambio en la organización del Congreso de la Unión e incluye una modificación en la fecha de revocación de mandato. A continuación, te explicamos estos puntos a detalle.
Integración del Congreso
La propuesta de reforma electoral original planteó un cambio en la estructura del Congreso de la Unión, con la eliminación de la lista de plurinominales de los partidos políticos, la reducción de las senadurías de 128 a 96 y un cambio en la forma de designación de diputados. El plan B, por su parte, ya no refiere modificaciones en la elección de legisladores ni en la estructura del Senado, solo una reducción progresiva de su presupuesto hasta llegar al 15 por ciento.
Reducción de gastos y privilegios
La primera iniciativa propuso un decremento del 25 por ciento en el costo de las elecciones, lo que incluía el presupuesto otorgado al INE, partidos políticos, Oples y tribunales electorales durante los comicios. En cambio, el plan B no señala una reducción en este rubro.
El plan A pedía una disminución en el gasto del Congreso de la Unión y locales. En tanto, el plan B no plantea reducciones al federal, solo un tope presupuestal a los estatales de 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad.
La propuesta inicial incluía una disminución de sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, a fin de que no puedieran ganar más que la Presidenta de México. El Plan B también contempla este tope, pero no solo al INE, sino también a tribunales electorales locales y a los Oples, y añade que no se podrán contratar seguros de gastos médicos mayores con recursos públicos.
Revocación de mandato
El plan B, a diferencia de la iniciativa original, apunta que la revocación de mandato se realicé el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028. Lo anterior abre la puerta a que dicho proceso se empalme con las elecciones intermedias de 2027, lo que significaría que la presidenta Claudia Sheinbaum también podría aparecer en las boletas de estos comicios.
Otro cambio significativo en esta materia es que el plan B permite que la Presidenta pueda referirse al desarrollo de la revocación de mandato, lo que eliminaría las restricciones que enfrentó López Obrador cuando se sometió a este proceso. No obstante, se mantiene la prohibición de propaganda gubernamental 70 días antes de la jornada y el uso de recursos públicos.
Cabe señalar que el plan B mantiene propuestas de la iniciativa original, como la prohibición de aportaciones en efectivo a partidos políticos y candidatos, el uso de tecnologías en la fiscalización, la reducción de regidurias en los municipios a un máximo de siete y el computo distrital al término de la jornada electoral.
Con información de Liliana Padilla
IYC
