Debido a las reformas que se aprobaron en materia de seguridad, el gobierno estatal está obligado a ajustar todas sus estructuras, para fortalecer el combate a la inseguridad y en especial a la extorsión y delitos vinculados.
Asimismo, incluyen estrategias especiales, una fiscalía especializada, un Consejo de Prevención y Combate a la Extorsión y Delitos Vinculados e inhibidores de señal telefónica en todos los penales, dio a conocer el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.
“Ahora lo que sigue es ajustar todas las estructuras que se están en las cuatro reformas, los inhibidores para los penales, aunque nosotros tenemos casi en todos los penales, pero ahora será obligatorio tenerlos actualizados y modernizados porque el tema de la extorsión es uno de los delitos que más está generando inquietud en la población”, indicó el secretario.
Plazos de seguridad
Entre los plazos que empezarán a correr a partir de que se publiquen las reformas están 60 días naturales para crear el Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión y Delitos Vinculados; 180 días para que la Secretaría de Seguridad establezca una estrategia estatal para prevenir y combatir este delito; 45 días para que la Fiscalía ponga en operación la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro.
Además, se consideran 150 días para que los Centros Penitenciarios estatales establezcan los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación, transmisión de voz, datos o imagen; y 180 días para que la Secretaría de Seguridad ponga en operación el Cetro Estatal de Atención a Denuncias vinculadas con este ilícito.
Por ahora, dijo el secretario, son estas cuatro iniciativas en el tema de seguridad, donde lo que sigue es implementarlas y si en el transcurso del año surgen algunos temas de seguridad se van a ir generando los cambios que sean necesarios, aunado a que se deben reforzar todos los operativos y las acciones de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía de Justicia y su coordinación con la Guardia Nacional.
Entre los cambios relevantes que se lograron con la aprobación de estas cuatro iniciativas, destacó que ahora todas las corporaciones policiacas, de todos los niveles, son responsables de investigar y nadie se podrá excusar de actuar, bajo el argumento de que “eso no me toca, porque ahora a todos nos toca”.
Habrá mesas de paz regionales
Se va a armonizar la Ley de Seguridad estatal para que las Mesas de Seguridad ya no sean una invitación, porque algunos presidentes municipales consideraban que no deberían de ir porque era sólo como anecdótico. Se da la formalidad y se precisa qué autoridades tienen que confluir en esas mesas en el ámbito estatal y municipal y se le da mayores facultades a la Secretaría de Seguridad.
En el tema de búsqueda de personas se homologan criterios, bases de datos y hasta fichas de búsquedas y se va a distinguir entre quienes salen de su casa por su decisión, por temas de violencia o personales, y quienes es por problemas de inseguridad.
Se establece que el Poder Judicial será invitado permanente de las mesas de paz y previa convocatoria acudirán titulares de los gobiernos municipales de la entidad; se podrán establecer mesas de paz regionales, integradas por dos o más municipios y presididas de manera rotativa.
Se actualizará la normativa de panteones
El Poder Ejecutivo contará con 180 días hábiles para la publicación del Reglamento interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; la Fiscalía estatal y la especializada contarán con un plazo no mayor a 30 días hábiles para integrar su información a la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas; el Ejecutivo deberá armonizar las disposiciones reglamentarias.
El gobierno estatal y sus municipios tendrán un plazo no mayor a 180 días naturales para armonizar su norma la normatividad que regulen panteones, cementerios, servicios funerarios, crematorios, fosas comunes y cualquier espacio destinado a la disposición final de cuerpos humanos, ya sean instituciones públicas o privadas.
La Fiscalía estatal tiene un plazo 90 días para actualizar todos aquellos registros y base de datos vinculados al Banco Nacional de Datos Forenses; los institutos, centros forenses o cualquier autoridad que tenga su cargo servicios periciales deberán contar con la sistematización de su base de datos, registros o sistemas, en un plazo no mayor a un año, y todas las instituciones que tengan a su cargo el resguardo de cuerpos y restos humanos identificados o no identificados, en un plazo máximo de tres meses deberán diseñar programas específicos para la atención de rezago de larga data y de reciente ingreso.
PNMO
