La Cámara de Diputados aprobó con 350 votos a favor y 80 en contra la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, a fin de promover y regular inversiones mixtas de los sectores público, privado y social en proyectos de comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente, energía, desarrollo urbano y turístico, parques industriales, salud, educación, espacios públicos y tecnologías.
“La inversión en infraestructura pública estratégica con bienestar no solo implica fomentar la inversión, ni construir obras, sino conlleva la transformación de territorios, reducir brechas históricas de desigualdad social, promover el acceso de la población a los servicios básicos y favorecer estrategias de desarrollo económico sostenible y regional”, puntualiza la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro remitió la minuta al Senado de la República para continuar el proceso legislativo.
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Durante la discusión en lo particular, la mayoría de Morena y aliados avalaron una reserva para eliminar el artículo noveno transitorio, donde se establecía que los proyectos de inversión al amparo de la nueva ley deberían sujetarse a lo dispuesto por la Constitución, la Ley de Presupuesto y el Presupuesto de Egresos, así como los criterios de sostenibilidad de las finanzas públicas.
La oposición acusó al oficialismo de buscar la discrecionalidad de los proyectos de inversión, eliminando el control constitucional de la Cámara de Diputados, mientras los legisladores de la llamada cuarta transformación sostuvieron que la disposición era redundante.
Previamente, al fijar la posición de su partido, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, subrayó que con la ley se proyecta una inversión de 6 billones de pesos desde 2026 y hasta 2030 en sectores estratégicos como energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.
Explicó que el objetivo es impulsar la inversión mixta para el desarrollo y la ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, a través de la participación de los sectores público, privado y social.
No obstante, a nombre de su partido, el vicecoordinador económico del PAN, Héctor Saúl Téllez, alertó sobre el endeudamiento disfrazado y el maquillaje del gasto en la Ley de Inversión en Infraestructura para el Bienestar.
“Se proyectan obras sin tener dinero ni suficiencia presupuestal. Esto es, sin duda, deuda disfrazada (…). Permite manipular la contabilidad pública, rompe los principios de disciplina financiera, quiere meter la deuda como gasto corriente y, al mismo tiempo, sacar de este concepto las pensiones, programas sociales y el pago de las nóminas”, advirtió.
Sostuvo que, de esa forma, el gobierno podrá gastar más sin explicar lo que ha gastado, ni cómo se está endeudando, lo que en cualquier país y en cualquier negocio se llama manipular y maquillar las cuentas.
“¿Y qué creen? Para tratar de incentivar la inversión se traen figuras de lo que ustedes tanto denostaban, que llamaban neoliberalismo: las asociaciones público-privadas, los fideicomisos y las inversiones mixtas”, remarcó.
El diputado Emilio Suárez Licona, del PRI, fundamentó el voto de su bancada contra el dictamen, al subrayar que si bien es necesario promover la inversión en infraestructura, los mecanismos propuestos abren espacios de discrecionalidad, concentran decisiones y generan riesgos fiscales y presupuestarios.
“Se propone un rediseño del tratamiento presupuestario que genera dudas fundadas y la flexibilización en el registro de compromisos plurianuales, junto con la exclusión de ciertos rubros de gasto corriente estructural, dígase programas sociales y servicios personales, habrá de debilitar la transparencia y distorsionar la lectura real de las finanzas públicas”, alertó.
La creación del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura
La iniciativa presidencial reconoce que la inversión pública en infraestructura es fundamental, pero no basta por sí sola para satisfacer la magnitud de los desafíos actuales en México.
Por ello, la inversión privada se integra como un mecanismo de colaboración para acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, ampliar la capacidad financiera disponible y atender de manera más eficaz las necesidades colectivas, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado.
De igual forma, señala que las inversiones estratégicas permitirán que los sectores público, privado y social trabajen de manera conjunta y coordinada en el desarrollo de infraestructura pública estratégica con bienestar, la cual incorpora carreteras, ferrocarriles, puertos, agua y energía, entre otros, para detonar el crecimiento económico del país.
La nueva ley busca consolidar una visión moderna de conducción estratégica del desarrollo, incorporando mecanismos de inversión, coinversión, financiamiento y de garantías para maximizar las capacidades financieras y técnicas del gobierno, sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas ni la soberanía nacional.
Plantea asimismo la creación de un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura como el órgano consultivo de carácter permanente, responsable de establecer criterios técnicos, emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones no vinculantes sobre políticas, lineamientos y visión de desarrollo en la inversión estratégica en México.
AH
