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Jueves , 18.04.2019 / 07:06 Hoy

Diputados aprueban en comisiones prisión por facturación falsa

Política

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, con el fin de someterlo a discusión y votación en el pleno en los próximos días.
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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación para sancionar con una pena de entre tres y seis años de prisión a quien expida o venda facturas que amparen operaciones inexistentes o falsas, así como actos jurídicos simulados.

Prevé asimismo un castigo de tres a seis meses de cárcel para quienes adquieran dichos comprobantes.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, con el fin de someterlo a discusión y votación en el pleno en los próximos días.

En su intervención a favor del proyecto, el secretario de la Comisión de Hacienda, Marco Antonio Medina, llamó a frenar el “huachicoleo” fiscal que, según dijo, representa una evasión de hasta 500 mil millones de pesos

La reforma pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.

El dictamen de la comisión encabezada por la legisladora panista Patricia Terrazas subraya que, en los últimos años, se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas con el fin de obtener beneficios ilegales.

“El SAT considera que la principal causa de la caída en la recaudación se debe a las operaciones simuladas por las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS), como son incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones, facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación y el lavado de dinero”, señala el documento.

Los representantes de todos los grupos parlamentarios respaldaron la reforma avalada ya por el Senado de la República y que, en su caso, será ratificada por el pleno cameral y turnada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

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