Una delegación de habitantes de la comunidad de Ixtacamaxtitlán, Puebla, llegó a Canadá para demandar al gobierno suspender el proyecto minero de la compañía Almaden Minerals, con sede en Vancouver, ya que acusan violaciones a sus derechos humanos y daños ambientales.
Acompañados por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), la delegación espera detener el proyecto minero, que se encuentra en la fase de exploración; además, buscan promover una mayor rendición de cuentas para las mineras canadienses que operan fuera de su país de origen.
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"El grupo compartirá los hallazgos de la primera Evaluación de Impacto de Derechos Humanos (EIDH) liderada por una comunidad, la cual describe la devastación actual y las amenazas futuras al suministro de agua, el ecosistema y la salud de los residentes de la región en caso de que la mina continúe desarrollándose", se informó en un comunicado.
Los afectados poblanos Ignacia Serrano, Alejandro Marreros, Francisca Zamora e Ignacio Carmona, acompañados por Benjamín Cokelet, director ejecutivo fundador de Poder, y la directora de Vinculación Estratégica de esa organización, Eugenia López, se reunirán con funcionarios del gobierno canadiense, comunidades indígenas e inversionistas mineros en Ottawa, Vancouver y Kamloops, por lo que estarán en Canadá hasta el próximo 12 de diciembre.
"Esta visita se realiza luego de meses de llamados a favor de una mayor rendición de cuentas para las empresas canadienses, incluida una carta abierta de 180 organizaciones no gubernamentales de ese país en 2016, y un exhorto de Naciones Unidas de 2017 el cual señala que las empresas de Canadá pueden, y deben, poner un mayor énfasis en los derechos humanos"
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos dijo en junio de este año en Ottawa que los órganos internacionales creados en virtud de los tratados de derechos humanos habían manifestado su preocupación por los abusos denunciados por empresas canadienses que operaban en el extranjero. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también afirmó que el Primer Ministro, Justin Trudeau, tiene la obligación de regular las actividades de las compañías mineras canadienses que operan en otras partes del mundo.
"Las mineras canadienses son objeto de quejas en comunidades de todo el mundo", señala Cokelet, y como ha informado The Ottawa Citizen a principios de este año, "las compañías extractivas canadienses han estado involucradas en los ejemplos más notorios de abusos contra los derechos humanos".
EB
