La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfiló por defender la libertad de expresión y avalar la Ley Reglamentaria en Materia de Derecho de Réplica promulgada el 4 de noviembre de 2015, porque se ajusta a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia.
El ministro José Ramón Cossío Díaz dijo que el derecho de réplica solamente puede ejercerse frente a datos y hechos y no frente a opiniones, ideas o puntos de vista, aun cuando las mismas puedan resultar "ofensivas, chocantes o aún vejatorias". Votar en contra de la mencionada ley, señaló, "domesticaría indebidamente el debate nacional".
El estatuto fue impugnado por los partidos de la Revolución Democrática y Morena, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes demandaron la invalidez del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Derecho de Réplica.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, contra el que seis ministros se pronunciaron en contra, propone que el derecho de réplica se actualiza necesariamente ante un ejercicio indebido de la libertad de expresión o de la profesión periodística.
Para los partidos políticos, la mencionada ley impone, además, la carga de demostrar no solamente la falsedad o inexactitud de la información, sino también el perjuicio, motivo por el cual pidieron declararla inconstitucional.
José Ramón Cossío dijo que la estructura y contenido de la actual ley puede ser perfectible, ya que contiene omisiones y no realiza distinciones fundamentales; por ejemplo, no establece una clasificación clara y escalonada de los sujetos, no distingue si el sujeto es un funcionario público o persona privada con proyección pública, o una persona privada.
Cossío advirtió que la eliminación de ciertos aspectos de la ley, como lo solicitaron el PRD y Morena, y como lo contempla el proyecto del ministro Pérez Dayán, podría dar lugar a abusos que comprometieran de manera desproporcionada el mismo derecho que se busca proteger.
"Efectivamente, si fuera posible responder todas las opiniones o críticas que se plantean en un medio en un medio de comunicación más allá de las informaciones falsas y agraviantes, se desvirtuaría la dirección editorial de columnistas y periodistas, ya que se verían obligados a conceder todos los pedidos de respuesta de réplica que recibieran en un función de un elemento tan subjetivo como sentirse agraviado, ofendido o vejado.
"Por lo mismo, y con independencia del ejercicio de las acciones civiles y penales que a población tiene expeditas y bien garantizadas, se silenciarían voces y se domesticaría indebidamente el debate nacional".
Puntualizó que la democracia, la pluralidad y el debate que por las condiciones de nuestro tiempo se realiza de manera destacada por los medios de comunicación debe acotarse de modo alguno.
Por su parte, el ministro Eduardo Medina Mora, dijo que en nuestro país no se siguen las mejores prácticas en relación con la libertad de expresión y el respeto absoluto a los juicios y opiniones, por lo que confió que los medios de comunicación antes de publicar una información consulten primero a la persona de la que van hacer alusión, para conocer su versión; se pronunció por invalidar en su totalidad diversas fracciones, para que el legislador las perfeccione.
Javier Laynez Potisek se pronunció en contra del proyecto, lo mismo que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, éste último que expresó la Corte Suprema de Estados Unidos ha considerado inconstitucional el derecho de réplica y donde los medios de comunicación tienen que decidir qué publican. Subrayó que el peso que se le da a la libertad de expresión contra la persona varía en cada sistema.
En este caso, abundó, quienes solicitan la invalidez de la norma son partidos políticos; recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado porque los partidos están expuestos y deben soportar propaganda denigrante.
Norma Piña Lucía Hernández, Fernando Franco González y Margarita Luna Ramos también dijeron estar en contra del proyecto.
La discusión sobre el tema continuará el próximo jueves donde se emitirá una votación, una vez que el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronuncien sobre el tema. Posteriormente, se revisará la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, la cual se prevé que también se le niegue la razón.
jbh
