Al reconocer como un paso necesario la cancelación del modelo de pago por kilómetro por parte del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León (IMA), Consejo Cívico informó que el pago por kilómetro recorrido por pasajero no ha sido aprobado por el Comité Técnico.
En un comunicado, el organismo de la sociedad civil dijo que no hay claridad y transparencia en decisiones de movilidad estatal, y que la implementación del sistema de peaje generó incentivos “perversos”, afectaciones operativas e impactos profundos a las finanzas del sistema.
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“El nuevo esquema de pago, que ahora incluye la variable de pasajeros transportados, tiene el potencial de alinear mejor los incentivos con la calidad del servicio y reducir la evasión de ingresos, pero aún no ha sido validado por el Comité Técnico ni se han publicado sus reglas operativas.
“Se desconoce si generará un impacto positivo en la prestación del servicio y, en su caso, cuál sería su magnitud”, manifestó.
Acusaron que tampoco se ha clarificado cómo se evitará volver a caer en fallas del pasado, tales como la competencia entre camiones en una misma ruta o el resurgimiento de la "guerra del centavo".
“No solo afectaría a los usuarios, sino que también podría mantener o incrementar tensiones financieras que aumenten el estrés del sistema y de los recursos públicos involucrados”, explicó.
Como organismo, subrayaron, hicieron un llamado a las autoridades estatales a transformar la forma en que se toman las decisiones públicas, basándose en evidencia, datos e indicadores.
“Se necesita como mayor apertura y rendición de cuentas hacia la ciudadanía. La gestión de la movilidad en nuestro estado debe aspirar a los niveles de profesionalismo y estándares operativos que ya existen en otras ciudades del país, e incluso en capitales como Londres, París o Nueva York para llegar a ser una metrópoli que realmente garantice el derecho a la movilidad”, apuntaron.
El modelo de pago por kilómetro, explicaron, no es inadecuado, pero fue aplicado de manera equivocada.
“Nos preocupa que el nuevo esquema de pago, más allá de carecer de respaldo público, se construya sin la fortaleza institucional necesaria para garantizar su adecuada operación, transparencia y sostenibilidad.
“El modelo anterior, al transferir todo el riesgo financiero al estado sin exigir compromiso de calidad a los transportistas, demostró ser ineficaz y los usuarios pagaron el alto costo de esta decisión tomada en el año 2021”, declararon.
Las proyecciones de ingresos realizadas por el IMA, acusaron, fueron irreales al estimar 800 pasajeros diarios por unidad, cuando en la práctica local, dijeron, 400 es una cifra elevada.
Consejo Cívico señaló que la ausencia de mecanismos eficaces para asegurar la calidad del servicio por parte de los transportistas resultó contraproducente, al considerar que no son propietarios de las unidades.
Al operar vehículos arrendados por el gobierno a empresas privadas, insistieron, y siendo estas últimas las responsables del mantenimiento, se generó una desconexión entre la operación diaria y el estado físico de las unidades.
