El Teleférico instalado en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla capital, será removido de ese sitio porque atenta contra la imagen urbana e histórica, sumado a los altos costos de mantenimiento que genera al gobierno estatal, confirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.
El mandatario hizo el anuncio luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, criticaran el montaje del inmueble construido en tiempos de Rafael Moreno Valle Rosas, ya que "afearon" el mausoleo a Ignacio Zaragoza.
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En ese sentido, reveló que el gobierno estatal pierde hasta 1.5 millones de euros al año, 26.4 millones de pesos al tipo de cambio actual, en acciones de mantenimiento para el Teleférico, pese a que la mayor parte del tiempo pasa sin uso y genera mínimas ganancias por entradas.
Asimismo, reveló que desmontarlo y colocarlo en otro sitio tiene un costo aproximado de 3.5 millones de euros, 77 millones de pesos, por lo que se buscará que la empresa a cargo de construir el cablebús apoye en esas labores para reducir el gasto.
En ese sentido, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a las secretarías de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) y de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), iniciar una investigación contra funcionarios morenovallistas que autorizaron la ejecución del proyecto con esa clase de condiciones.
"Que los responsables, si siguen vivos, se actúe, porque ya estuvo bien de que todavía sigan saqueando y sigan recibiendo beneficios”, sentenció.
Armenta aseguró que las "megaobras" de su gobierno, como el cablebús Angelópolis-La Resurrección, se harán sin corrupción y sin acuerdos "en lo oscurito" para favorecer a empresarios.
"No voy a hacer obras con una ‘A’ para que digan ‘ah, esa es de Armenta’. No, las obras deben ser para Puebla, no para engrandecer el ego del gobernador”, puntualizó.
Horas más tarde, la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno de Puebla indicó que las investigaciones contra ex funcionarios estatales también alcanzarán a los involucrados en el proyecto del Museo Internacional del Barroco y la inversión fallida en Banco Accendo.
En el primer caso, el gobernador explicó que cada año se destinan 523 millones de pesos para pagar la obra que se ejecutó mediante Asociación Público-Privada (APP), y a la que restan 15 años por delante de deuda.
En el segundo caso, recordó que la administración de Miguel Barbosa Huerta invirtió, en 2021, poco más de 606 millones de pesos del erario estatal en Banco Accendo, que sólo tres meses después se declaró en bancarrota.
CHM
