Este martes concluye el cargo como auditora superior del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez y a partir de este miércoles primero de enero tomará las riendas del Órgano Superior de Fiscalización, durante los próximos 8 años, Liliana Dávalos Ham, con posibilidad de ser reelecta para un periodo más y permanecer como titular hasta el año 2041.
La ley de fiscalización de la entidad señala que la titular estará en el cargo de auditora superior durante ocho años y puede ser reelecta por la Legislatura, la cual es la única instancia que puede aprobar su remoción, siempre y cuando esté avalado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso local.
Este primero de enero se hará la entrega recepción. La nueva auditora informó que no llega con el fin de hacer despidos ni remover a la gente que ahí labora, pues su intención es sumar, por lo que pidió al personal que esté tranquilo y siga trabajando como lo ha hecho hasta el momento.
Cuáles son sus obligaciones
Entre sus atribuciones, la titular representará legalmente al Órgano ante toda clase de autoridades e intervendrá en juicios y recursos, además entregará a la Legislatura los informes relativos a la revisión de las cuentas públicas, observaciones y recomendaciones; sustanciará los procedimientos de auditoría, por denuncias; presentará denuncias y querellas penales en contra de las y los servidores públicos por incurrir en delitos.
Tendrá posibilidad de imponer medidas de apremio y promover la imposición de las responsabilidades administrativas que correspondan, promover la imposición de responsabilidades y sanciones, establece criterios generales para la contratación de fianzas, expedir el reglamento interno del Órgano, así como los manuales y elaborar el plan anual de metas del órgano.
Además, es su obligación presentar a la comisión el anteproyecto de presupuesto anual, administrar y ejercer el presupuesto aprobado, nombrar y remover a los servidores públicos del Órgano, autorizar a profesionistas independientes y auditores externos les apoyen en las revisiones; rendir un informe anual de gestión a la Legislatura y dar seguimiento a la evolución de la deuda de las entidades fiscalizables.
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