En Guanajuato hay al menos 135 niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad debido a que su madre fue víctima de feminicidio . El 2024 fue el año en que más casos se detectaron, con 106 menores en esta condición. Esto, de acuerdo con un reporte de transparencia que abarca del 2022 al 15 de mayo de 2025, donde se señala que estos 135 casos corresponden a las carpetas de investigación que fueron abiertas por el Ministerio Público, por lo que la cifra de menores en orfandad puede ser mayor.
El Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio fue publicado el 4 de agosto de 2021, por lo que a partir de ese año se comenzó el recuento. En lo que restó del 2021, en Guanajuato no se detectaron casos; fue en 2022 cuando se registró la primera notificación.
En 2023, estos casos se dispararon a 16, y para 2024 se tuvo un incremento exponencial de casi 662 %, pues dicho año se reportaron 106 casos.
Este año, con datos hasta el 15 de mayo, van 12 notificaciones respecto a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio.
Uno de los casos más impactantes para la sociedad leonesa fue el de Abril Zárate, una joven que tenía apenas 22 años y era madre de Marcela, de 5, y Memo, de 2 años. Ella fue víctima de feminicidio presuntamente a manos de su pareja, “Guillermo N.”, en un hecho ocurrido el 15 de febrero de 2023, cuando el supuesto agresor la apuñaló dos veces en el abdomen y cerca del corazón; luego provocó un incendio para desaparecer la evidencia.
Los hechos ocurrieron en la calle Lago de Chapala, en la colonia Infonavit Granada. Los dos menores, que ahora tienen aproximadamente 7 y 4 años, quedaron huérfanos a causa de esta situación.
Ante hechos como estos, en donde los derechos de los menores han sido vulnerados, el Estado debe realizar diagnósticos y planes de restitución de derechos, según la responsabilidad de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en México.
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A pesar de que en el estado de Guanajuato se han hecho 156 diagnósticos de vulneración de derechos, en los cuales se recaba información para un diagnóstico sobre la situación de vulneración en los menores, apenas se ha logrado integrar planes de restitución de derechos en 52 casos, de acuerdo con el reporte obtenido por transparencia:
En el año 2023 fueron seis; en el año 2024 fueron 35, y en lo que va del año, hasta el 15 de mayo de 2025, se han registrado 11 planes de restitución de derechos.
Estas cifras solo contabilizan los casos en que el Ministerio Público solicitó su intervención, ya que también existen casos en que la intervención de la autoridad no es requerida, pues la niña, niño o adolescente se encuentra debidamente representado o cuenta con red familiar, y sus derechos se encuentran debidamente garantizados, según la respuesta de la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA).
En casos en los que los menores de edad no cuenten con redes de apoyo familiares y pasen a ser responsabilidad del Estado, es todavía más importante que la autoridad garantice la seguridad y el acompañamiento, y se les doten de herramientas para que, cuando sean mayores de edad, no terminen en las calles desamparados.
Urgen a garantizar atención
Karina Nayeli Torres, directora de la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos (Afape) de León, especialista en psicología de niños y adolescentes, señaló que es indispensable atender de manera integral a los menores de edad víctimas de orfandad a causa de que su madre perdió la vida por un feminicidio.
“No solo se queda en terapia. Habrá pequeñitos que a lo mejor vivieron el acto violento, lo presenciaron, y entonces ya estamos hablando de un trastorno postraumático. Entonces, no solo es terapia y ya, vamos a ocupar del apoyo de un psiquiatra, y en muchas ocasiones se ocupa el apoyo de tanatología, pero ya no solo para el pequeñito, sino para toda la familia; por lo que no nada más es ayudar al niño, sino a todo el contexto social que se vio afectado, que es en donde sí se debería de intervenir”, explicó.
Reconoció que ha habido casos en los que el menor se queda sin una red de apoyo, debido a que en ocasiones el agresor feminicida es la propia pareja de la madre. Ante situaciones de este tipo, en donde los menores pasan a ser responsabilidad del Estado, es que el gobierno todavía debe garantizar aún más sus derechos, desde la manutención y formarlos con las mejores herramientas.
Dejó claro que ante hechos de alto impacto no se le debe mentir a los menores y, según la edad, se tiene que ser lo más sinceros y permitir que el pequeño también viva su duelo.
Se estima que un proceso de duelo es de seis meses a un año, por lo que si después de este periodo el menor no mejora, deben buscar ayuda psicológica o hasta tanatológica.
