Por unanimidad de votos en el congreso local, el estado de Guanajuato se convirtió en el número 18 a nivel nacional en aprobar la legislación #3de3VsLaViolencia, para que ningún agresor pueda ocupar cargos públicos ni de elección popular.
Pese a que en la entidad, la bancada feminista desde hace un año había presentado la misma propuesta, la aprobación llegó como parte del decreto remitido a los estados por parte de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del Servicio Público.
"Desafortunadamente no aprovechamos la facultad de libre configuración legislativa que nos da la constitución, como si lo hicieron otros estados que legislaron sobre la 3de 3 desde hace ya muchos meses. A nosotros nos alcanzó ya la realidad y la reforma a nivel federal, lo cual celebramos y ahora tendremos que hacer lo propio ya por obligación, cuando hubiera sido mejor por voluntad”, señaló Yulma Rocha.
Esta reforma abarca a los 3 poderes; Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los tres niveles de gobierno; Federal, Estatal y municipal. Además de varones sancionados por violencia política en razón de género o violencia de género en sus distintas modalidades, tampoco podrán ocupar cargos aquellos que sean deudores alimentarios morosos.
“A nivel país, los preceptos reformados y criterios interpretativos, se deja clara que la violencia es un síntoma social preponderantemente en contra de las mujeres, como reales víctimas de conductas antisociales y se fortalece en gran medida el marco referencial de género”, agregó la diputada local Susana Bermúdez del PAN.
Con esta reforma, se estandariza a nivel país los preceptos reformados evitando criterios interpretativos dispares; se deja clara la violencia como un síntoma social y preponderantemente a las mujeres como real víctimas de conductas antisociales y se fortalece en gran medida el marco referencial de género; se distingue del marco de referencia punitivo, para pasar a otras consecuencias que permitirá trascender la violencia contra las mujeres más allá de un problema interpersonal entre la víctima y el agresor, a un problema de atención prioritaria del poder público; y se deja claro que se apuesta a una ética pública.
MLMG
