Aún no hay fecha para que autoridades de seguridad de Jalisco comparezcan ante el Congreso local por el caso del rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán.
“El tema de Teuchitlán no es un asunto cerrado, no se ha dado carpetazo y estaremos buscando las medidas y las estrategias para convocar a las autoridades correspondientes a nivel estatal a efecto de que se rinda comparecencia como se había acordado por el pleno del Congreso de Jalisco”, detalló Martha Arizmendi, diputada local de Morena y presidenta de la Mesa Directiva.
En la mañanera que realizan cada lunes las principales dirigencias de Morena en Jalisco, la diputada local y presidenta de la Mesa Directiva, Martha Arizmendi, detalló que es un tema que se seguirá discutiendo en la Junta de Coordinación Política, pero aún no se acuerda una nueva fecha.
El pasado 19 de marzo estaba programada la comparecencia del fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, el coordinador general Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, Edna Montoya, sin embargo, se postergó.
Por otro lado, el senador Carlos Lomelí, comentó que no se descarta la posibilidad de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, viva en Jalisco como medida ante la inseguridad que afronta el estado.
“Sí, nuestro compañero Fernández Noroña parafraseó de que a lo mejor para resolver los temas de seguridad se tendrían que venir para acá nuestro compañero Omar García Harfuch, a vivir como lo hizo que estuvo de residente en Culiacán, por su puesto muchas compañeras ofrecieron muy amablemente su casa, aquí ya están ofreciendo, con todo gusto aquí pasamos los domicilios y en caso de que nuestro compañero quiera venir se los mandamos”, dijo.
Lomelí aseguró que ahora sí hay coordinación en materia de seguridad entre los tres niveles de gobierno pues en los últimos seis años Enrique Alfaro nunca asistió a las mesas de seguridad.
Buscan diálogo entre Caabsa y alcalde de Tonalá
Familias que laboraban en Caabsa, empresa concesionada del servicio recolector de basura en las rutas que comprendían al municipio de Tonalá hoy están desempleadas tras la no renovación del contrato que mantenía el ayuntamiento tonalteca con la empresa.
De acuerdo con Martha Arizmendi, diputada local de Morena y presidenta de la Mesa Directiva, son 50 las familias que se quedaron sin trabajo desde el pasado abril cuando se canceló la renovación de contrato por incumplimiento de Caabsa y servicio deficiente.
La diputada aseguró que van a entablar diálogo con el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez y de no haber la posibilidad de absorber a los trabajadores, se verán otras opciones a través del Sistema Nacional o Estatal de empleo.
MC
