Una oferta de trabajo como guardia de seguridad fue la condena para las víctimas del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco donde la capacidad de sostener un arma de fuego marcaba la diferencia entre la vida y la muerte.
La audiencia de vinculación a proceso del alcalde José Ascención Murguía Santiago, acusado de delincuencia organizada por su presunta participación en el campo de adiestramiento criminal, fue también un espacio en el que testigos y víctimas dieron a conocer cómo funcionaba este predio.
Como testigos protegidos en la investigación de la FGR, revelaron la manera en la que eran reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sometidos a un entrenamiento obligatorio y torturas; de sobrevivir, eran enviados a Zacatecas para ser parte del grupo delictivo.
En la lectura de los testimonios, la mayoría de las víctimas señaló que eran captadas a través de redes sociales, donde se ofrecía empleo como guardias de seguridad.
Ese es el caso de “Verde 70 2025”. En febrero de 2024 tuvo contacto con una presunta empresa de seguridad para trabajar como vigilante en una tienda departamental en Guadalajara. Después lo llevaron en un vehículo, supuestamente de plataforma de alquiler, hasta una casa. Ahí, junto con otras víctimas, fue desnudado y les dijeron que los iban a llevar a “la escuelita” para el grupo de las cuatro letras.
Una experiencia similar tuvo “70 2025”. Conoció a unas personas que lo invitaron a un bar, luego a una fiesta y le ofrecieron trabajo. Lo llevaron a la central de autobuses y ahí lo recogieron a él y a otra persona, para llevarlos hasta el rancho, donde les dijeron que trabajarían para el cártel.
La central también fue el punto de reclutamiento para “ELN”. En febrero de 2024 le ofrecieron trabajo de seguridad, y se fue con un amigo a la terminal de autobuses. Después, le dijeron que tomara un Uber, llegaron al rancho, les quitaron sus pertenencias y les dijeron que iban a ser entrenados para el crimen organizado.
La historia de “EOMH” es distinta. Esta persona fue rescatada por la Guardia Nacional cuando se realizó el cateo en el rancho. Cuenta que el 19 de septiembre de 2024, policías municipales de Tala lo detuvieron y le encontraron un envoltorio de droga, entonces le dijeron que lo iban a entregar a la plaza “por chapulín”. Después de golpearlo y torturarlo, lo dejaron en el inmueble.
A “EPT” le sucedió lo mismo, después de ser golpeado por dos hombres que lo entregaron al CJNG. A “Rojo”, en febrero de 2023, se lo llevaron a un lugar donde lo golpearon y le revelaron que ahora trabajaría para el CJNG. Integrantes de colectivos de búsqueda también hablaron.
“Morado” se enteró que su hija podría estar ahí por un artículo hallado en el lugar. La joven le dijo que se iba para trabajar en una empresa de seguridad. Según las primeras investigaciones, presuntamente fue asesinada por no poder cargar un arma de fuego.
A las víctimas les quitaban sus pertenencias y teléfonos celulares, después tenían que usar ropa táctica y comenzaba el entrenamiento: tenían que correr en pistas improvisadas con obstáculos, disparar con pistolas de gotcha y desmembrar los cuerpos de los asesinados por no pasar las pruebas, quemarlos y tirar sus restos.
Según testimonios, incluso los obligaban a comer carne humana de otras víctimas. En el rancho fueron localizados los restos de al menos dos personas; aunque las autoridades continúan con las investigaciones.
MC