Lo cierto es que la “nueva normalidad“ que viene a partir de junio no será muy distinta a lo que se ha vivido en los últimos dos meses en cuanto a medidas sanitarias: cubrebocas, gel antibacterial, caretas de plástico y, por supuesto, distanciamiento social.
Pero si se considera que la conclusión de esta Jornada Nacional de Sana Distancia se da cuando el país vive el pico máximo de contagios y defunciones por coronavirus: 31 de 32 entidades se encuentran en “riesgo extremo” por la pandemia, según el propio semáforo elaborado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Lo que se va junto con mayo, es quizá, solo una primera etapa de la pandemia de covid-19 en México: 70 días inéditos de un confinamiento masivo.
Tampoco es que desde el lunes se pueda salir a la calle a retomar actividades, pero al menos más gente ya tendrá que hacerlo con la reactivación del sector de la construcción, el automotriz, el minero, y el de fabricación de cerveza: la economía ya no soportaba más estar detenida.
El anuncio de la sana distancia
El sábado 14 de marzo, el subsecretario Hugo López-Gatell anunció durante la conferencia vespertina diaria, el desarrollo de la Jornada Nacional de Sana Distancia que iría del lunes 23 de marzo al 19 de abril.
Éste se trató del primer llamado oficial a aislarse en sus hogares, a fin de evitar aglomeraciones y disminuir el riesgo de contagio masivo del virus.
Para entonces, el país se encontraba en la transición de la fase 1 (solo casos importados) a la 2 (contagio comunitario) de la pandemia, pero con esta medida se suspendieron clases, así como actividades no esenciales y se cancelaron eventos masivos.
Cuatro días después, el 18 de marzo, la Secretaría de Salud dio a conocer el primer fallecimiento en el país a consecuencia de covid-19. Inició síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes.
Entonces, oficinas gubernamentales y empresas comenzaron a cerrar sus instalaciones e inició el “home office”. Bares y centros nocturnos bajaron sus cortinas, y el turismo en los principales destinos simplemente murió.
Con el paso de los días y de los contagios, autoridades municipales y estatales en todo el país empezaron a tomar sus propias medidas para evitar la propagación del virus.
El 21 de abril, la Secretaría de Salud anunció la fase 3 de la pandemia y en Ciudad de México, por ejemplo, se cerraron espacios públicos en alcaldías como parques y jardines, incluso fue restringido el paso a la propia plancha del Zócalo.
En Oaxaca, las medidas fueron más severas: algunos municipios literalmente se atrincheraron e instalaron retenes en las entradas de los poblados para impedir el paso de cualquier persona ajena.
En Jalisco, se dieron a conocer imágenes de policías locales forcejeando con personas por no cumplir con el confinamiento.
Aunque lo cierto es que en ningún punto de la República se llegaron a ver casos como en China o India, donde las fuerzas de seguridad golpearon a habitantes para que se quedaran en casa.
Y es que la pandemia exhibió las carencias en el sector salud público: falta de insumos, material, así como de personal médico e infraestructura hospitalaria.
En unidades médicas de todo el país empezaron protestas de médicos y enfermeros, principalmente, por no contar con las condiciones adecuadas para enfrentar la pandemia.
En cuanto al material médico, el gobierno federal tuvo que abrir un puente aéreo con China para adquirir cubrebocas, mascarillas, guantes, batas y demás insumos.
El primer avión aterrizó el 7 de abril en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México procedente de Shangai. Este fin de semana inició ruta el número 14.
No fue todo. El pasado 5 de mayo llegó el primer vuelo desde Estados Unidos con ventiladores, equipo deficitario en unidades médicas para atender pacientes covid-19.
El personal de la salud tampoco fue suficiente y, a través del Ejército, la Marina y el IMSS, la administración federal abrió una convocatoria el 27 de marzo para contratar especialistas médicos e incluso administrativos.
También debió reforzarse la infraestructura hospitalaria y adecuar grandes espacios como el Centro Banamex y el Autódromo de los Hermanos Rodríguez como hospitales de expansión para no verse rebasados en la atención de pacientes covid-19.
Los personajes clave
El subsecretario Hugo López-Gatell es quien, sin duda, ha tenido los reflectores y la vocería gubernamental durante la emergencia sanitaria.
A partir del viernes 28 de febrero, el funcionario ha dado a conocer todos los días, mediante 98 conferencias de prensa en Palacio Nacional, la situación de la pandemia.
Su labor ha sido defendida y reconocida por el presidente López Obrador, incluso participará en la Organización Mundial de la Salud en la creación del reglamento sanitario internacional.
López-Gatell ha sido cuestionado por actores políticos de oposición, por las estimaciones del pico máximo de contagios y el análisis para planear una posible reactivación económica.
El 1 de mayo, López-Gatell previó que el 6 y 8 de ese mismo mes se daría el pico máximo de contagios; además estimó que unos 6 a 8 mil mexicanos podrían morir a causa del nuevo coronavirus.
Pero no sucedió así y en los últimos días se han registrado los récords de contagios y muertes; incluso, ahora su estimación de fallecimientos se elevó a 30 mil, según una reunión virtual con legisladores.
El subsecretario de Salud también pasó de rechazar el uso de cubrebocas como medida preventiva de contagios, a portarlo en un evento público.
Y ha defendido la decisión de no realizar más pruebas para determinar más contagios y es que México incluso está por dejo de Zimbabue, respecto a la aplicación de pruebas covid-19 por cada millón de habitantes.
El canciller Marcelo Ebrard también ha sido una pieza clave del gobierno de López Obrador y fue el propio presidente quien le pidió asumir la operación gubernamental de la emergencia sanitaria.
Por lo que Ebrard volcó a su gente más cercana y de confianza, de estructura en dicha dependencia, para operar en todo el país y en el extranjero: en primera línea los tres subsecretarios Maximiliano Reyes Zúñiga, Martha Delgado Peralta y Julián Ventura Valero.
El canciller también echó mano de directores generales de diversas áreas de la SRE, a quienes les fueron asignados determinadas entidades para ser enlaces entre autoridades sanitarias de la administración federal y los gobiernos estatales.
Tal es el caso de Carlos Candelaria, Julio César Sánchez, Ximena Escobedo Juárez, y Bernardo Aguilar Calvo, entre otros.
bgpa
