Con la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, morena en comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera del Senado aprobó sin cambios los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal 2027, con medidas que buscan fortalecer la recaudación, modificar los beneficios fiscales de grandes contribuyentes y ampliar los límites de acceso al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
La propuesta económica contempla ingresos totales por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos para el próximo año, además de autorizar al Ejecutivo federal a contratar un endeudamiento neto interno de hasta un billón 700 mil millones de pesos para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Durante la discusión el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que parte del endeudamiento debe orientarse al fortalecimiento de la conectividad, la infraestructura y el sector energético, con el propósito de crear las condiciones necesarias para aprovechar la llegada de inversión extranjera y convertirla en un motor de crecimiento para la economía mexicana.
Indicó que la discusión sobre la deuda debe considerar la capacidad de impulsar proyectos estratégicos que permitan al país responder a las necesidades de las empresas interesadas en invertir en México, particularmente en rubros indispensables para el desarrollo de sus actividades productivas.
Además, señaló que el fortalecimiento de la infraestructura y de la conectividad resulta fundamental para aprovechar las oportunidades que representa la llegada de capital extranjero, ya que contar con mejores condiciones para el transporte, las comunicaciones y el suministro de energía puede contribuir a mejorar la competitividad nacional.
Al adelantar su voto en contra, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, mencionó que el gobierno subestimó el déficit fiscal de 2025, al calcularlo en 3.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), cuando terminó en 4.9 por ciento.
“Pero es ya de tal tamaño la deuda, la megadeuda maldita que ha construido Morena, que se van a gastar prácticamente todo ese dinero en pagar los intereses de la deuda vieja.
O sea, para este año están pidiendo 1.7 billones de deuda nueva, que no van a usar en carreteras, hospitales, programas, no, de ese 1.7 el propio documento que van a votar a favor reconoce que se van a gastar 1.6 billones, o sea, prácticamente todo, en pagar los intereses de la deuda vieja.
“Fíjense, hasta antes de 2018, la deuda total acumulada de nuestro país nos tomó 200 años que se acumulara esa deuda, en 200 años de vida de México independiente se acumularon 10.55 billones de pesos, solamente en siete años de gobierno de Morena han endeudado al país por 11.11 billones de pesos, o sea, en siete años han contratado más deuda pública que la que se contrató en 200 años, incluyendo un montonal de gobiernos irresponsables que hemos tenido en nuestro país. Decía yo que el paquete económico que ustedes van a votar a favor y que nosotros vamos a votar en contra contempla gastar 1.6 billones sólo en intereses de la deuda vieja”, expuso.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, sostuvo que México necesita una reforma fiscal progresiva que permita recaudar más de quienes tienen mayor capacidad económica, en lugar de mantener una estructura que, afirmó, descansa principalmente en los trabajadores. Y cuestionó que el incremento de la deuda no se refleje suficientemente en mejores hospitales, medicamentos, escuelas e infraestructura productiva.
“Desde Movimiento Ciudadano vamos a votar en contra de este paquete fiscal porque incrementa la deuda pública, porque aumenta la carga financiera del país y compromete las finanzas públicas, no solo de hoy, sino de las próximas generaciones; porque desde hace ocho años hemos hecho un llamado a renovar el pacto fiscal y a convocar a una reforma fiscal progresiva, justa. En síntesis, porque el paquete fiscal no pone al centro a las y los trabajadores y pequeños contribuyentes de este país; porque no estamos en contra de recaudar más ingresos, estamos en contra de hacerlo a costa de quienes más trabajan en México”, indicó.
La senadora del PRI, Cristina Ruiz cuestionó la política de austeridad y exigió explicaciones sobre los recursos relacionados con el caso Segalmex. Y criticó los límites para acceder a determinados estímulos fiscales, los aumentos en derechos migratorios y por el uso del espacio aéreo, al advertir que los mayores costos podrían afectar la competitividad turística y el alto costo de la deuda.
“Para 2027, el costo financiero de la deuda se proyecta en alrededor de un billón 600 mil millones de pesos. Intereses, comisiones y otros gastos financieros, además, la deuda pública, en su medida más amplia, se estima en 55 por ciento del PIB, ese costo reduce el margen para atender otras necesidades; por cierto, muy urgentes la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura”, agregó.
La Ley del ISR establece nuevas restricciones a las deducciones autorizadas y a la amortización de pérdidas fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos.
El dictamen incorpora disposiciones para las operaciones mediante plataformas digitales. Entre ellas, contempla retenciones de ISR de 2.1 por ciento para conductores y repartidores y de 2.5 por ciento para actividades de comercio electrónico.
Para quienes no proporcionen su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), se establecen tasas de retención de hasta 20 por ciento de ISR y 100 por ciento de IVA, conforme a los supuestos previstos en la iniciativa.
En tanto, la Ley Federal de Derechos incluye modificaciones a las cuotas por diversos servicios públicos. Entre ellas destacan los incrementos relacionados con trámites sanitarios, protocolos de investigación de medicamentos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y licencias vinculadas con el uso de radiación.
Durante la discusión también se señaló el aumento en el costo de la licencia sanitaria para servicios de transfusión sanguínea, que pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos, un ajuste que podría representar una presión adicional para los establecimientos que requieren este permiso.
En materia migratoria, se contempla un incremento de 17.8 por ciento en el derecho que pagan visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas, hasta mil 158 pesos, así como la homologación de las visas ordinarias en mil 639.80 pesos.
El paquete también prevé un aumento de 10 por ciento en las cuotas por el uso del espacio aéreo mexicano y ajustes en los cobros a concesionarios de vías ferroviarias.
En sentido contrario, propone reducir 12 por ciento determinados derechos relacionados con el espectro radioeléctrico, con el objetivo de incentivar inversiones en redes 5G y zonas prioritarias.
Además, se plantea exentar del pago de derechos los domingos a mexicanos y extranjeros residentes que visiten determinadas áreas naturales protegidas que cuenten con museos o zonas arqueológicas, bajo las condiciones previstas en el dictamen.
De acuerdo con la Ley de Ingresos, la principal fuente de recursos del gobierno federal serán los impuestos, con una recaudación estimada de seis billones 263 mil 886.8 millones de pesos.
El documento, contempla además 702 mil 564.7 millones de pesos por cuotas y aportaciones de seguridad social; 177 mil 185.9 millones por derechos; 15 mil 77.3 millones por productos, y 329 mil 479.8 millones por aprovechamientos.
A estos recursos se suman un billón 457 mil 539.9 millones de pesos provenientes de la venta de bienes, la prestación de servicios y otros ingresos; 210 mil 774 millones por transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones, así como un billón 479 mil 959.2 millones derivados de financiamientos.
La recaudación federal participable se proyecta en cinco billones 722 mil 752 millones de pesos, monto que sirve como referencia para la distribución de recursos federales entre estados y municipios.
LG
