El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la segunda “Ley Antimemes” que, entre otros aspectos, prevé sancionar con pena de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (117 mil 310 a un millón 173 mil pesos) a quien reproduzca y utilice logos, emblemas o dominios electrónicos de instituciones públicas para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.
En un debate con memes y caricaturas en tribuna, la oposición advirtió que las reformas y adiciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial criminalizan la parodia y la sátira política, además de inhibir la libertad de expresión, pero las bancadas del oficialismo sostuvieron que se trata de combatir el engaño y la utilización fraudulenta de la identidad institucional, sin prohibir los memes ni la crítica al gobierno.
Avalado en lo general con 312 votos de Morena, PVEM y PT a favor, y 119 de PAN, PRI y MC en contra, el proyecto a discusión en lo particular adiciona el artículo 403 bis a la legislación en materia de propiedad industrial:
“Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.
Al fijar la posición de Morena y mostrando caricaturas de líderes opositores, el diputado Arturo Ávila arengó:
“En serio la oposición cree que esta ley es una Ley Antimemes? ¿En serio creen que queremos censurar al caricaturista, al periodista, al ingenio mexicano, a nuestros moneros? Pero por favor, si ustedes son buenísimos para los memes: Calderón, Alito, Jorge Romero, Gutiérrez Mancilla son un meme, son una caricatura, que vengan más, ustedes nos dan material diario. Es más, son el PRI y el PAN una caricatura del quehacer político mexicano”.
Sostuvo, en cambio, que la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum protege a creadores, emprendedores, combate la piratería, combate la falsificación, cumple compromisos del Tratado de Libre Comercio.
Por el PAN, el diputado Marcelo Torres calificó la reforma como “Ley Bozal” para meter a la cárcel a quien se atreva a reírse de su incompetencia o denunciar las narcoconexiones de los políticos morenistas.
“Si mañana un caricaturista los retrata vestidos de narcos, como lo son, o un ciudadano comparte un documento para poder exhibir sus moches, sus transas o su corrupción, el narco gobierno lo quiere ver tras las rejas. Con este bodrio, cualquier bot o lacayo de la narcotransformación de cuarta podrá presentar una denuncia de oficio. Bastará una investigación para perseguir a críticos, amedrentar a periodistas, tumbarles sus redes y cortarles el servicio digital. Esto no es derecho penal, es terrorismo de Estado disfrazado de propiedad industrial”, acusó.
Para fundamentar el voto del PRI contra el dictamen, el, diputado Arturo Yáñez subrayó que el Código Penal no es pomada para el ego de Morena y dijo que si el gobierno y su partido quieren mejorar su imagen, deben empezar con resultados.
“Por eso les digo y va para ustedes morenos, va para ustedes de Morena: si no quieren ser meme, dejen de ser el material”, remarcó.
A nombre del PT, la legisladora Mary Carmen Bernal defendió igualmente las reformas que, según expuso, buscan castigar al defraudador, no al caricaturista; a que suplanta para delinquir, no al ciudadano que hace sátira, pues los memes no son el enemigo de la democracia y la libertad de expresión es parte de su esencia:
“Nadie debe de tener miedo de hacer un meme, de cuestionar al poder o de reírse de quienes tenemos responsabilidades públicas, y eso lo tenemos muy claro. Porque en una democracia los funcionarios no estamos para exigir aplausos, estamos para rendir cuentas. Y cuando la ciudadanía crítica cuestiona, utiliza el humor para señalar lo que considera incorrecto, ese derecho debe respetarse”.
LG
