La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, como el órgano técnico del INE encargado de realizar análisis de riesgos sobre la probable vinculación de candidatos con el crimen organizado.
Ello, en coordinación con las instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia y financiera como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Avalado con 271 votos a favor y 92 en contra, el proyecto fue turnado de manera inmediata al Senado para su discusión.
No obstante, durante la discusión en lo particular en el Palacio de San Lázaro, la mayoría de Morena y aliados aprobó una modificación para reducir de cinco a tres el número de consejeros electorales integrantes de la comisión.
¿Qué dice el documento?
La reserva establece asimismo que el INE, en coordinación con las instancias de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, emitirá los lineamientos para regular el funcionamiento de la Comisión de Verificación, los procedimientos para la recepción de información sobre los candidatos, así como los mecanismos para la protección de datos personales.
El proceso para someter los perfiles de los aspirantes a la evaluación de riesgo será voluntario por parte de los partidos políticos y de las personas que aspiren a una candidatura independiente.
Con base en la información proporcionada por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, los partidos políticos determinarán la procedencia del registro de las personas evaluadas.
Sin embargo, “de encontrar información relevante, las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, de acuerdo a sus atribuciones, iniciarán o continuarán las investigaciones que correspondan”, advierte.
La discusión en San Lázaro
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados en tribuna, la legisladora morenista, Guadalupe Morales, sostuvo que el proyecto no pretende estigmatizar a quienes aspiran a un cargo de elección popular., sino de prevenir y cerrar el paso a quienes, de manera clara y evidente, “no deberían acceder a cargos de esta envergadura”.
“No olvidemos que la democracia, como toda actividad humana, está en un cambio constante y hoy nuestro desafío es otro, y es urgente atajarlo. Para protegerla, es prioritario salvaguardar la voluntad popular de nuevas amenazas y revertir el debilitamiento de la confianza ciudadana, eliminando de todo proceso democrático el asedio de grupos de intereses ilícitos cada vez más dispuestos a desafiar a la fuerza del Estado, específicamente los grupos criminales”, puntualizó.
Al fijar la posición del PAN contra el dictamen, el diputado Federico Döring advirtió que su bancada no avalará el uso de las instituciones “para legitimar sus narcos del bienestar”.
“El dictamen es propagandístico, porque viene a lavarse la cara y, según ellos, a exorcizar al narco de la democracia, cuando en realidad lo que están haciendo es poner la democracia en manos del narco”, acusó.
Por el PRI, la diputada Abigail Arredondo calificó la reforma como una trampa y un doble juego, pues si un partido somete a revisión a sus candidatos, basta la simple presunción o indicio de esas dependencias para desacreditarlos, vetarlos y convertirlos en enemigos del pueblo.
“Esta reforma es un engaño del oficialismo, de este narcogobierno, un mecanismo nuevamente para tratar de manipular la opinión pública y cubrirse con ese manto protector, que, ¿qué creen?, ya está un poco chamuscado. Todo esto afecta el principio de imparcialidad de la función electoral y la seguridad jurídica para los contendientes, y no lo digo yo, lo dice la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, porque aquí vemos las notas que salieron hace apenas unos días”, advirtió.
LG | IOGE
