Con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención de la morenista Olga Sánchez Cordero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 41 constitucional para establecer como nueva causal de nulidad de elecciones la acreditación de “actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro turnó el proyecto al Senado para su discusión.
Durante la discusión del dictamen, el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, presentó una reserva para modificar la redacción original de su iniciativa, con el fin de lograr un texto más acotado y concreto, explicó.
La propuesta inicial preveía como causal de anulación de elecciones la “intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, mientras el texto aprobado considera la nulidad en caso de que “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
Asimismo, Monreal acordó con sus homólogos de los otros grupos parlamentarios posponer la discusión de las reformas a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para regular los procesos de nulidad de elecciones por injerencia extranjera, con el fin de revisar los términos y buscar el mayor consenso.
“México debe blindar en su legislación contra cualquier intromisión del exterior, cualquier injerencia de gobiernos extranjeros, cualquier intervención de agentes, personas, pero esto lo iremos desarrollando en la ley reglamentaria que estamos por discutir más adelante, una vez que concluya el análisis de la Constitución y que se vote esta reforma por mayoría calificada”, dijo.
Negó, sin embargo, cualquier intento de censura o de utilizar la ley como pretexto para anular elecciones de manera discrecional.
“Yo afirmé y afirmo que no hay una sola intención de nuestra parte de censurar y he dicho una y otra vez que una nota informativa, un tuit, una entrevista, el uso de una red no es suficiente para poder anular la elección y la propia norma reglamentaria o ley secundaria desarrollará este precepto fundamental, indicó.
Insistió, sin embargo, en que el Congreso no puede quedarse callado frente a la hostilidad de un gobierno extranjero y la embestida mediática contra la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto de intereses del exterior como del “poder conservador”.
Previamente, al fundamentar el dictamen en tribuna, Monreal, sostuvo que las amenazas de intervención en los procesos electorales no son un asunto exclusivo de México.
“Las amenazas de intervenir en procesos locales e imponer lacayos y títeres como presidentes existen (…). Es un tema delicadísimo, de alto nivel filosófico y patriótico. Aquel que no acepte esta reforma es porque espera que se invada México; aquel que no acepta la propuesta es porque espera financiamiento, respaldo de gobiernos extranjeros para ganar elecciones”, advirtió.
No obstante, por conducto de su coordinador José Elías Lixa, la bancada del PAN rechazó el argumento de que quien esté contra la iniciativa de Monreal es porque está a favor de una invasión a México.
“No aceptamos ese tipo de afirmación, menos en la fundamentación, porque eso sería exactamente lo mismo, sería la equivalencia para decir que quienes no aceptaron incluir en este debate la nulidad de elecciones por intervención del crimen organizado es porque están en contra de que se combata el crimen organizado”, señaló.
El jefe de la fracción del PRI, Rubén Moreira, secundó al blanquiazul y dejó claro que su partido está contra cualquier forma de injerencia o intervención extranjera en México.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la intervención extranjera puede manifestarse a través de financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas para vulnerar la independencia política del Estado mexicano.
“Esta comisión advierte que las nuevas formas de intervención extranjera representan riesgos reales para la integridad de los procesos electorales, particularmente ante el uso de mecanismos digitales, financieros, tecnológicos y mediáticos capaces de influir de manera indebida en la percepción ciudadana, en las condiciones de equidad de la contienda y en la libre manifestación de la voluntad popular”, puntualiza.
LG
