La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó tres denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por malos manejos y presuntos desvíos de recursos que ascenderían a más de 200 millones de pesos en la Universidad de Chapingo, los cuales ocurrieron en 2022.
Las irregularidades identificadas por los auditores van desde pagos en exceso a plantillas de trabajadores dados de alta de forma irregular, hasta pagos por servicios contratados sin que haya evidencia de que estos se llevaron a cabo.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) quedó a cargo de las investigaciones.
Estas denuncias, presentadas en febrero y que no se habían hecho públicas, fueron las últimas que presentó la administración de David Colmenares al frente de la ASF.
De hecho, desde junio del 2025 y hasta antes de estos casos, la Auditoría no había presentado ninguna denuncia en contra de algún ente público auditado.
Las nuevas denuncias en contra de la administración de Chapingo —una de las instituciones públicas de educación agrícola más grandes de América Latina— tienen su origen en los hallazgos de la auditoria financiera 388 practicada a dicha institución como parte de los trabajos de fiscalización que se hicieron de la cuenta pública 2022, que ya correspondía al periodo del expresidente López Obrador.
El informe de resultados de dicha auditoría, revisado por MILENIO, identificó cinco anomalías graves en la revisión de los recursos ejercidos ese año, que en suma dieron paso a un posible quebranto que asciende a los 205 millones 515 mil 720 pesos.
Entre esas fallas se encuentra, por ejemplo, el posible desvío de poco más de 55 millones que estaban destinados, supuestamente, al pago de 10 proveedores de materia prima de productos alimenticios para alumnos, de los cuales no hay evidencia documental que acrediten que esto realmente ocurrió. De hecho, no hay ni registro de almacén de los productos.
La misma situación se presenta con los pagos a un proveedor de cemento al cual se destinaron, supuestamente, poco más de tres millones 200 mil pesos. También se identificaron 17 millones de pagos rotatorios que no están documentados ni justificados.
Los auditores identificaron que la Universidad de Chapingo justificó un pago de 45 millones 262 mil pesos al amparo de los contratos números UACh.087/S/AD/2022, UACh-086/S/AD/2022 y UACh-139/S/LPN/2022 por servicios de los que tampoco existe alguna prueba de que se hayan llevado a cabo. Los auditores consideran que no hay justificación para que este recurso no esté en las cuentas de la institución.
Además de los servicios fantasma, los auditores también identificaron que Chapingo cubrió durante el año pagos de salarios y otras prestaciones de más de 60 personas que supuestamente se desempeñaron en cargos que no fueron autorizados ni estaban dentro de la nómina.
Hay 20 casos más de trabajadores que habrían sido contratados por honorarios sin que estuviera autorizado, y en cuatro casos no hay siquiera las facturas o CFDI que respalden la salida de los recursos.
A todo eso se suman irregularidades en el pago del impuesto sobre la renta y el pago de la seguridad social por montos que también superan los 60 millones de pesos.
Cabe señalar que estas observaciones se hicieron del conocimiento del ente auditado, es decir de la Universidad de Chapingo, pero no pudieron ser solventadas ni con la documentación necesaria, ni tampoco se repusieron los recursos. Por ese motivo es que la ASF determinó presentar las denuncias ante el Ministerio Público de la Federación.
Violación y robos: este es el historial de problemas en la Universidad
Las nuevas denuncias de la ASF por desvío de recursos en el presupuesto público de Chapingo son el último capítulo de una serie de irregularices y controversias que ha enfrentado esta institución educativa ubicada en el municipio de Texcoco, Estado de México.
Desde hace cinco años, por ejemplo, el plantel ha enfrentado diversas huelgas y paros por múltiples reclamos, en buena medida motivada también por una lucha política interna.
En 2022, por ejemplo, el entonces rector, José Solís Ramírez, fue destituido por el Consejo Universitario en medio de señalamientos de irregularidades administrativas.
En su reporte, los auditores advirtieron que derivado de esa inestabilidad operativa muchos documentos administrativos del plantel se han perdido o han sido ilícitamente destruidos, lo que ha complicado la fiscalización.
Por otro lado, durante la clausura de la Feria Nacional de la Cultura Rural en octubre de 2024, un grupo delictivo ingresó a las taquillas de la universidad y robó aproximadamente un millón de pesos en efectivo, producto de las entradas.
Y a todo ello se suma la denuncia que enfrenta el actual rector de la institución, Ángel Garduño García, por el delito de violación equiparada, y por el cual incluso se llegó a girar runa orden de aprehensión en su contra que, posteriormente, fue desestimada a través de un amparo. El asunto sigue en litigio y ente impugnaciones.
Disminuye porcentaje de denuncias
Con los casos descritos de la Universidad de Chapingo, la administración de David Colmenares al frente de la ASF terminó con 278 denuncias presentadas ante la FGR, lo que representa una disminución del 69 por ciento respecto al periodo del auditor previo, Juan Manuel Portal, en que se presentaron 872 denuncias ante la FGR.
Colmenares justificó esta reducción bajo el argumento de privilegiar una mejor estrategia de presentación de menos denuncias, pero mejor construidas. Incluso se hicieron modificaciones internas que limitaron a otras pareas de la ASF la presentación de denuncias, lo que generó malestar de algunos funcionarios.
Sin embargo, los datos oficiales de la Auditoría muestran que todas las denuncias presentadas se encuentran en fase de integración en las agencias del Ministerio Público, sin que alguna se haya traducido ya en un proceso judicial o alguna sentencia.
Te recomendamos
ksh
