Tras la demanda que presentó el gobierno de México contra los fabricantes de armas en Estados Unidos por su responsabilidad en el tráfico ilegal de éstas, las empresas no han presentado pruebas de que no incurren en acciones negligentes en este caso, aseguró Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En entrevista para MILENIO Televisión, el funcionario explicó que los jueces cuentan con elementos suficientes para determinar si el litigio va a continuar, aunque confió en que el proceso continúe y se les permita presentar la información adicional con la que cuentan.
Incluso, comentó que desde que se presentó la denuncia en enero solicitaron a la Corte que, si determinaban desechar el litigio del gobierno de México se les permitiera entregar la evidencia y escuchar los alegatos sobre el caso; pero también solicitar pruebas a las amerizas de su no involucramiento en prácticas negligentes.
“Que le pida a las empresas demandadas evidencia sobre sus dichos, porque la defensa de las empresas es: ‘no tengo nada que ver’, pero no presenta ninguna evidencia, así como señalan que el gobierno de México no presentó ninguna prueba, pues las empresas demandadas tampoco presentan ninguna prueba para contradecir los dichos del gobierno de México”, comentó.
Celorio destacó que la SRE ya había anticipado muchos de los argumentos que han presentado las empresas y buscarán debatirlos mediante su escrito de demanda. Entre ellos se encuentra el de la presunta inmunidad de la que gozan este tipo de compañías en Estados Unidos,
“Presentamos información sobre el vínculo que, efectivamente, existe entre estos hechos en México, las acciones que realizan estás empresas de manera negligente que afectan a las mexicanas y los mexicanos, y hacemos un análisis cuestionando el alcance de esta ley de inmunidades”, añadió.
Comentó que esta ley no tiene un efecto extraterritorial, por lo tanto, no protege a las empresas de armas de actos cometidos en México. Adelantó que la cancillería presentará un escrito estableciendo elementos adicionales a los que ya han sido presentados, con todas las pruebas documentales necesarias.
Sobre el tiempo del litigio, el funcionario comentó que el juez deberá programar una audiencia para escuchar los alegatos orales, lo cual podría suceder en los próximos meses, para después tomar una determinación y saber si le da la razón a las empresas demandadas y detiene litigio, o le da la razón al gobierno de México y se continúa con las siguientes etapas.
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“Es muy sencillo, nosotros decimos que las acciones de estas empresas nos causan daño, ellas dirán que no es así, pero el hecho es que sus acciones son negligentes y nosotros tenemos elementos para establecer que no actúan de manera correcta, que no toman el debido cuidado al realizar sus actividades comerciales”, sostuvo.
Aunque reconoció que las armerías podrían solicitar ampliaciones de plazo para demorar el proceso, el gobierno de México ha recibido apoyo de actores políticos y asociaciones que respaldan la demanda parea que las empresas rindan cuentas por su involucramiento en el tráfico ilícito de armas.
“Esperamos que haya más voces en los Estados Unidos, en el mundo, con especialistas, cada vez hay más personas que se dan cuenta que es importante que las empresas sean participes en la solución del problema de violencia armada. Lo que podrían hacer es ser más estrictas, más cuidadosas, cumplir con la ley, para que sus armas no sean traficadas lícitamente en nuestro país”, concluyó.
LP
