Con 26 votos a favor, el Congreso local aprobó la solicitud de prórroga de tres años más para la instauración de la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo, por lo que el proceso deberá ser concluido a más tardar el 22 de julio de 2028.
Durante sesión pública este martes, los legisladores aprobaron el dictamen previamente emitido por integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, por lo que es la tercera prórroga que se solicita al Congreso local.
Te recomendamos
Avances en el proceso de transición
Existen avances en el proceso de transición como elaboración de la propuesta de Ley Orgánica, diseño del modelo de gestión basado en niveles, desarrollo de la política de persecución penal, rediseño territorial del sistema regional de procuración, inicio de desincorporación patrimonial e implementación de infraestructura tecnológica inicial, resaltó la diputada de Nueva Alianza, Mónica Leanett Reyes Martínez.
Agregó que requieren atención como la validación y publicación de normas secundarias, formalización presupuestal de nuevas estructuras, implementación total del sistema TIC, integración de servicios de carrera fiscal y habilitación de órganos administrativos independientes entre otros.
Tales procesos fortalecen la transición y evidencian que se está construyendo una fiscalía con responsabilidad, planeación y respeto a la normatividad aplicable, dijo Reyes Martínez durante su participación en tribuna del Congreso local.
“Los integrantes de la primera Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia estamos claros que el proceso de transición está en marcha, avanza con dirección estratégica y responde a una lógica de transformación estructural pero su culminación requiere de tiempo adicional, coordinación interinstitucional y soporte normativo, financiero y operativo, sin los cuales se pondría en riesgo no solo su viabilidad jurídica, sino su legitimidad pública y su capacidad funcional a largo plazo”, dijo al considerar oportuna la solicitud de prórroga.
Señaló que el Congreso de Hidalgo tiene la facultad legal de autorizar la ampliación del plazo siempre que medie petición expresa de la comisión interinstitucional de transición y existan causas que la justifiquen.
“El proceso de transición no representa un simple cambio de denominación institucional, sino la instauración de un órgano constitucional autónomo con estructura, capacidad operativa y soporte presupuestal propio y además constituye una condición indispensable para la plena vigencia de los derechos humanos reconocidos por la Constitución”, argumentó.
Agregó que esto no puede entenderse como un simple trámite administrativo, sino como un proceso de transformación institucional que habilita el estado para cumplir con los estándares internacionales en materia de procuración de justicia.
