La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, con lo que se crearán un comité de participación ciudadana, políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público y rendición de cuentas, así como acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos de la capital.
Además, conlleva determinar las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, además de la emisión de políticas públicas integrales de fiscalización y control de los recursos públicos.
El diputado Iván Texta presentó la iniciativa de ley aprobada y señaló que la corrupción es un problema que aqueja a las sociedades modernas. Su accionar se presenta en todas las latitudes del planeta, teniendo diversas consecuencias e impactos.
Manifestó que en el último reporte del Índice de Percepción Sobre Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra en el lugar 105 de 176 naciones. Lo anterior, provoca que en México, al igual que en otras partes de América Latina, organizaciones criminales desarrollen y establezcan estructuras de poder paralelas.
Texta dijo que ley aprobada señala la creación de un comité coordinador que establecerá mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a este flagelo.
PLANTEA AN MODIFICACIONES
Con la aprobación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Constituyente impulsará acciones como la creación de una Secretaría de la Función Pública, así como modificar las facultades del jefe de Gobierno para nombrar y remover a su gabinete y pedirá crear fiscalías especializadas en materia de combate de este flagelo y atención de delitos electorales.
Esta iniciativa, presentada por la diputada Cecilia Romero, plantea modificar la propuesta de creación del Sistema Anticorrupción dentro del Proyecto de Constitución.
Asimismo, propone que la Contraloría de la Ciudad de México se denomine Secretaría de la Función Pública para así reflejar con mayor precisión su objetivo de contar con un servicio público íntegro y eficiente, que actúe con estricto apego al principio de legalidad; y su titular será ratificado por el Congreso de local.
Este sistema sería dirigido por un comité coordinador, que estaría integrado por los titulares locales de la Auditoría Superior local; de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por personal de diversas dependencias capitalinas.
