La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inició procedimientos de sanción contra una ex cajera del Banco Nacional del Ejército (Banjército) y una tesorera de una escuela de Chilapa, Guerrero, que presuntamente ocasionaron daños al erario por 4 millones de pesos y cien mil pesos, respectivamente.
En dos edictos por separado, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Órgano Interno de Control (OIC) de Banjército y la Unidad de Combate a la Impunidad de la SABG emplazaron a las dos mujeres para que se presenten a comparecer como parte de los procedimientos iniciados en su contra.
El primero de los edictos notifica a Diana 'G'., ex servidora pública de Banjército, entre 2015 y 2021, en donde ocupó el cargo de “cajero universal”, sobre el procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en su contra por la conducta, calificada como grave, de abuso de funciones, “que implica un daño al erario público por 4 millones 373 mil 413 pesos”.
Para poder garantizarle su derecho de audiencia en el caso en su contra, el titular del Área de Responsabilidades del OIC de Banjército, Carlos Sosa Pablo, le notificó por ese medio que debe presentarse a las oficinas de dicha contraloría.
El segundo de los anuncios en el DOF fue publicado por la Unidad de Combate a la Impunidad de la SABG para notificar a Alicia S., ex tesorera en el Comité Escolar de Administración Participativa de un jardín de niños, en el municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero, sobre el procedimiento de responsabilidad administrativa por el presunto mal uso de 100 mil 389 pesos del programa “La Escuela es Nuestra”.
Dicho programa tiene como objetivo mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas a través de la participación de la comunidad escolar, a la que se le entregan directamente recursos federales para financiar las obras de mantenimiento y rehabilitación de los planteles educativos.
A la ex tesorera de dicho jardín de niños se le atribuye una falta administrativa grave, consistente en el posible uso indebido de recursos públicos, pues omitió exhibir la documentación comprobatoria del uso del presupuesto que recibió y, además, quedó inconclusa la obra que se financiaría con éste.
Con la finalidad de que ofrezca pruebas para su defensa, se le emplazó para que comparezca ante el director general de Procedimientos y Resoluciones de la Unidad de Combate a la Impunidad, Carlos Moreno Solé.
LG
