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Sábado , 20.04.2019 / 10:24 Hoy

Improcedente, juicio contra presidenta de CEDH

El ex diputado local Héctor Gutiérrez señaló que este caso no encuadra en ninguno de los supuestos causales por los que se podría solicitar o interponer un juicio político.
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El juicio político promovido contra la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es improcedente, según las leyes vigentes en Nuevo León.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, en su artículo 11, establece que este procedimiento es válido cuando los actos u omisiones de los servidores públicos dañen gravemente los intereses públicos fundamentales.

Entre las causales que se desglosan, figuran actos como el ataque a las instituciones democráticas; el ataque al ejercicio de sufragio; la usurpación de atribuciones; las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, entre otras.

Héctor Gutiérrez de la Garza, ex diputado local por el PRI, advirtió que de ningún modo puede proceder un juicio político contra Sofía Velasco Becerra, presidenta de la CEDH, tal como lo solicitó la asociación Familias Fuertes y Unidas por Nuevo León. La petición fue realizada debido a que la titular de la Comisión interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que garantiza el derecho a la vida.

"De manera muy clara, en el artículo 110 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, prevé de manera muy clara cuáles son las causales por las que se puede interponer o solicitar un juicio político, pero parte principalmente cuando se daña gravemente los intereses públicos fundamentales, y en este caso no encuadra en ninguno de los supuestos", dijo.

Por otra parte, el ex legislador señaló que lo interesante del caso será esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la acción de inconstitucionalidad que presentó Velasco Becerra contra la también llamada ley *antiaborto*, ya que desde 2011 impera el principio pro persona.

"No hay forma en que pueda ni siquiera admitirse este juicio político por parte del Congreso del Estado, lo que indiscutiblemente va a ser muy importante es que se haya acudido a una instancia jurisdiccional, como es la Suprema Corte, para que resuelva sobre la constitucionalidad o no de esta reforma.

"Es un buen momento para que la Suprema Corte de Justicia emita un nuevo criterio con base ahora en la reforma constitucional que se tuvo en 2011, para analizar cuál es la nueva tesis sobre el particular", comentó.

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