Prevención de la violencia feminicida y políticas públicas; investigación del feminicidio, debida diligencia y análisis de contexto; tipo penal, tentativa, agravantes y armonización legislativa; víctimas, reparación integral; niñas y niños en orfandad y medidas de protección; coordinación institucional, sistemas de información, registros y fortalecimiento de capacidades fueron algunos de los temas propuestos por diversas organizaciones y especialistas durante las mesas de diálogo para el análisis de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Senado.
Legisladores, especialistas, representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, academias, fiscalías, poderes públicos, familiares de víctimas y sobrevivientes presentaron sus propuestas para enriquecer y fortalecer la iniciativa.
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En este ejercicio, que se llevó a cabo el pasado 18 de agosto, en representación de la Colectiva Cincuenta Más Uno México, Teresa Hernández Suárez expresó que se debe transitar de un Estado reactivo a uno protector, porque cada feminicidio representa una falta sistemática del diseño institucional.
Las alertas de violencia de género, advirtió, son fundamentales, por lo que no pueden ser herramientas de reacción tardías y menos depender de la voluntad política de los gobiernos locales.
Héctor Miguel Ortiz Acosta, Fiscal Especializado en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio de Morelos, dijo que el nuevo ordenamiento tiene que asegurar que se entregue la información con la que cuentan las compañías telefónicas, porque cuando se requieren esos datos se tiene que esperar a la resolución del juez federal, y en el trámite se podrían perder hasta 24 horas de investigación.
Procesos de investigación del feminicidio
En la Mesa 2: 'Investigación del feminicidio, debida diligencia y análisis de contexto', la senadora Ana Francis Chiquete Elizalde, de Morena, informó que se presentaron de manera digital 29 propuestas sobre 43 artículos y ocho artículos transitorios, a fin de garantizar investigaciones exhaustivas imparciales, oportunas, efectivas y con perspectiva de género.
La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, propuso una adición al artículo 33 para que la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías o procuradurías locales cuenten con unidades especializadas para el conocimiento, investigación y persecución del delito.
Sayuri Herrera Román, fiscal especial para la Investigación de Delitos Relativos a Hechos de Violencia contra las Mujeres de la FGR, sugirió corregir la duración de las sanciones, ya que no corresponde con los parámetros mínimos y máximos establecidos en el marco jurídico.
La activista María Elena Ríos Ortiz llamó a incorporar, en el artículo 10, el uso de sustancias tóxicas irritantes, explosivos y líquidos en altas temperaturas como parte del delito de feminicidio en grado de tentativa.
Minerva Hernández Rodarte, madre de Minerva Calderón Hernández, víctima de feminicidio, propuso incluir ajustes en el artículo 25, para integrar la responsabilidad de familiares u otras personas, como las del área médica que encubren a los feminicidas y obstaculizan su aprehensión.
Sabrina Jimena Gaucher Troncoso, de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio, exigió que la ley general reconozca expresamente el principio de presunción de veracidad y la centralidad del testimonio de la sobreviviente; impedir la revictimización y la sobreexigencia de pruebas inmediatas, cuando las mujeres llegan vivas, pero severamente vulneradas.
Vidalia Martínez Sánchez, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, propuso fortalecer, en el artículo cinco, la redacción del principio de debida diligencia del Estado para incorporar la prevención, protección, investigación, sanción y reparación integral del daño, bajo los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género y enfoque diferenciado y especializado, en congruencia con estándares internacionales.
Agravantes del delito
En la moderación de la Mesa 3, que tocó el tema: 'Tipo Penal, Tentativa, Agravantes y Armonización Legislativa', el senador Javier Corral Jurado reiteró que la iniciativa de ley en materia de feminicidios exige una revisión cuidadosa, ya que establece 70 años de prisión por el delito, o más, por lo que esta disposición se tiene que definir con claridad para evitar que una interpretación errónea posibilite impugnaciones.
Las sobrevivientes de intento de feminicidio, Salma Aime Ríos Rivera y Yeritza Bautista Cortés, insistieron en incluir en la redacción, como agravante, la tentativa del delito, ya que suele reclasificarse como violencia doméstica, lo que deja libres a los agresores; Claudia Ednita Montoya Guerrero, también superviviente, propuso incluir la creación de un registro nacional de sobrevivientes de tentativa de feminicidio para que los victimarios no queden impunes.
La abogada Ana Karen de Jesús Flores planteó incluir en el articulado la sumisión química, es decir, el uso de sustancias que disminuyan las capacidades de las mujeres, con el fin de violentarlas.
Almendra Negrete, diputada de Sinaloa con licencia, consideró necesario incluir un capítulo especial para atender la violencia en contra de las mujeres trans, para atender esos casos con el mismo criterio que los feminicidios, ya que a los transfeminicidios no se les suele dar una relevancia semejante.
Víctimas y reparación del daño
Al arrancar la Mesa 4: 'Víctimas, reparación integral, niñas y niños en orfandad y medidas de protección', la senadora Amalia García Medina, de MC, señaló que desde el Senado hay una empatía, apertura y sensibilidad para hablar del feminicidio, por ser un delito que atraviesa la sociedad, “y porque es importante que se reconozca que el feminicidio tiene que ver con el poder”.
Jenny Adriana Murrieta Ramírez, de la organización civil GIRE, asentó que es importante incluir el enfoque transformador de la reparación integral, pues ello implica que el Estado tiene la obligación de la reparación efectiva para las víctimas.
Omaira de Jesús Ochoa Mercado, de Justicia Pro Persona, sugirió que es indispensable hacer una revisión transversal al capítulo de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
La fiscal especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres de Nuevo León, Griselda Núñez Espinosa, indicó que es indispensable colocar la figura de tentativa de feminicidio, pues entre mayor detección de violencias graves, hay menos muertes por feminicidios.
Coordinación en la atención del delito
En la Mesa 5, de 'Coordinación Institucional, Sistemas de Información, Registros y Fortalecimiento de Capacidades', la senadora Virginia Magaña Fonseca, del PVEM, señaló que una nueva ley no es suficiente si las instituciones no tienen la capacidad para implementarla, pues se necesitan los recursos humanos y técnicos suficientes para cumplir sus obligaciones.
En ese sentido, Ana Cristina Lobo Barrón, directora de la Agencia Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas, propuso incorporar en la norma que todas las instancias involucradas en la atención al delito de feminicidio cuenten con traductores e intérpretes, y que los materiales de divulgación de los derechos de la mujer también se elaboren en lenguaje de señas.
La fiscal coordinadora especializada en Delitos contra las Mujeres de Veracruz, Guadalupe Hernández García, propuso incluir en la ley los conceptos de autoría correspectiva o autoría indeterminada, para que sea más fácil precisar responsabilidades cuando participen dos o más personas en el delito de feminicidio, y así evitar que esa imprecisión les permita ser liberados.
La implementación de la iniciativa
Por último, la Mesa 6 abordó la 'Implementación de la Ley General', moderada por la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, en la que Daysi Paniagua, de EQUIS Justicia para las Mujeres, presentó propuestas elaboradas en conjunto con la Organización México Unido contra la Delincuencia.
Proponemos, dijo, “fortalecer la gestión de riesgo, tema importante frente a la prisión preventiva, la cual no puede confundirse con la protección de las víctimas, pues que una persona imputada esté privada de la libertad, no significa necesariamente que todo el riesgo haya desaparecido”.
IYC
