La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que 22 entidades carecen de una ley para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de derechos humanos; en tanto que las 10 restantes ya cuentan con ella para proteger a quienes desempeñan esa actividad.
Los estados que están faltos de dicha ley son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estados de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
La CNDH reveló también que las entidades con más registros de homicidios de personas defensoras civiles de derechos humanos son Chihuahua, con 13 casos; Guerrero, con seis y Oaxaca, con cinco, por lo que urge intensificar esfuerzos para implementar medidas de protección ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en distintas regiones del país.
Al presentar el estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la CNDH en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, el Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Édgar Corzo Sosa, dio a conocer lo anterior y destacó que 17 entidades federativas reportaron cumplimiento satisfactorio de la Recomendación General 25; 12 presentaron cumplimiento básico; Yucatán reportó cumplimiento insuficiente, mientras que Chihuahua y Coahuila no registraron respuesta alguna a la misma.
Explicó que para abatir los altos índices de impunidad que registran las agresiones y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos es fundamental que los gobiernos federal, estatales y municipales asuman su responsabilidad en la investigación adecuada de dichos casos, además de diseñar y aplicar políticas públicas que permitan prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad.
La CNDH dijo que el estudio, realizado conjuntamente por la misma dependencia y la UNAM, analiza la respuesta de las autoridades al Informe Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, publicado en 2011, así como a la Recomendación General 25 sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos, emitida por este Organismo Nacional en febrero de 2016.
