En un nuevo intento defensivo, los abogados de Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, pidieron a un juez federal en Washington D.C. que desestime de forma inmediata toda la acusación presentada en su contra por cargos de crimen organizado y narcotráfico, y que el caso no avance al juicio.
En una extensa moción, de más de 30 páginas firmada por los abogados Michael McCrum y William B. Purpura, la defensa argumenta que la acusación presentada en contra de su cliente en 2024 viola el debido proceso por múltiples motivos, lo que se suma a su expulsión presuntamente ilegal en 2025.
“El gobierno no es libre de presentar cargos penales contra una persona cuando así lo desee. Existen limitaciones impuestas tanto por la ley como por nuestra Constitución. Estas limitaciones tienen su fundamento en las garantías constitucionales de un juicio rápido, el debido proceso y la equidad fundamental, con el fin de proteger a las personas de tener que defenderse frente a acusaciones afectadas por el paso del tiempo, cuando el alcance completo de la evidencia se ha perdido”, señalaron los abogados en su moción.
La defensa sustenta su reclamo, en primera instancia, en que los cinco cargos por los cuales se pretende enjuiciar a su cliente se encuentran plasmados en una acusación presentada en 2024 que retoma hechos que datan de 2013, es decir, hace más de una década.
Ello ocasiona, según la defensa, una acusación que de manera forzada intenta “actualizar” hechos viejos para sustentar la vigencia del proceso. Prueba de ello, dicen, son los distintos nombres que se asignan a lo largo del tiempo al grupo criminal que lidera su cliente (Zetas, Cartel del Golfo, Compañía, Cártel del Noreste).
Particularmente, la moción destaca que Treviño Morales fue detenido y recluido desde 2013 en un centro penitenciario en México en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos girada por una acusación que databa de 2009.
“Desde entonces hasta su traslado a Estados Unidos (febrero 2024) estuvo siempre preso en cárceles mexicanas, con comunicaciones supuestamente vigiladas, sin evidencia de que siguiera dirigiendo delitos durante esos años”, agregan los abogados.
Tras la revisión hecha a las evidencias descubiertas por los fiscales, los abogados sostienen que no hay un solo elemento que sustente que su cliente cometió cualquier tipo de delito a partir de su detención, por lo que insisten en que la acusación de 2024 carece de base legal para continuar. Y aunque se habla de cargamentos y decomisos de droga recientes, la defensa insiste en que no se prueba de forma alguna la conexión entre esos hechos y su cliente.
En ese contexto, la moción de los abogados reitera que el caso tendría que ser desestimado de inmediato, pues cualquier conducta delictiva previa a 2019 se encuentra prescrita.
Expulsión “a la mala”
Otro de los argumentos para desestimar el proceso expuesto en el escrito de la defensa, y que ya había sido referido en escritos previos, tiene que ver con la forma en cómo Treviño Morales fue expulsado de México en febrero de 2025, sin que su proceso de extradición, al que estaba sujeto desde hace más de una década, hubiera terminado.
Además de las presuntas violaciones al tratado de extradición firmado entre los dos países, los derechos de Treviño habrían sido violados al habérsele entregado por una acusación actualizada (la de 2024) que él no conocía y con la que no era capaz de defenderse.
Esta expulsión, detallan los abogados, fue un “acuerdo” entre dos gobiernos impulsado por presiones bilaterales como la imposición de aranceles y el amago de intervenciones militares, que se llevó a cabo sin los controles judiciales adecuados. En síntesis, lo definen como una “extracción forzada extrajudicial”.
La defensa insiste en que lo anterior es incompatible con los derechos más elementales del debido proceso que marca la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Lo definen como un “abuso de poder” que debería ser suficiente para que el caso sea desestimado.
¿Qué sigue?
Como ha sucedido con otras mociones presentadas en el proceso, los fiscales estadunidenses tendrán la oportunidad de responder por escrito a los planteamientos técnicos de la defensa y esta, a su vez, podrá brindar un posicionamiento final. A partir de ello, el juez responsable del proceso, Trevor McFadden, tomará una determinación.
Previamente, la defensa ya había solicitado al juez que se obligue a la fiscalía a entregar todos los documentos relacionados con la operación de traslado de la que su cliente y otros fueron objeto. Ese asunto también está pendiente de resolverse por parte del juez.
En ese contexto, el próximo 1 de mayo se llevará a cabo una audiencia en la corte federal en Washington D.C. que originalmente era de preparación para el juicio, pero en la que es posible que se debatan aspectos finales de las mociones y el juez anuncie su determinación. Si las mociones son rechazadas, el proceso tendrá que seguir su curso regular en ruta hacia el juicio.
Cabe señalar que, hasta ahora, Miguel Ángel Treviño Morales, al igual que su hermano Omar Treviño, ha mantenido una posición defensiva en torno a las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia, y ha tratado de desvirtuarlas. Ello a diferencia de otros procesados que ya se encuentran en vías de negociación para alcanzar acuerdos de culpabilidad.
ROA
