Una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso de la planta chatarra de Agronitrogenados.
La juzgadora dejó en suspenso si la mujer enfrenta su proceso en prisión, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el cambio de medidas cautelares.
Por ello, se programó para el próximo jueves a las nueve de la mañana la audiencia de la revisión de medidas cautelares.
Tras una audiencia de 14 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, la jueza Nora Ileana García Peralta determinó que los datos de prueba presentados por la FGR hacen presumir que Gilda Susana formó parte de un esquema para que su hermano Emilio se viera beneficiado con el pago de un favor por parte del expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, por 3.4 millones de dólares, recursos que sirvieron para adquirir una residencia en la colonia Lomas de Bezares con un valor de 34 millones de pesos.
Sin embargo, reclasificó la hipótesis del delito en el sentido de quien por sí deposita del extranjero a territorio nacional recursos con el propósito de ocultar su origen.
Además, otorgó cuatro meses para la investigación complementaria, plazo que vence el próximo 9 de noviembre.
De acuerdo con la FGR, la mujer recibió en 2012; 3 millones 400 mil dólares para que en 2013 Emilio Lozoya, como director de Pemex, asegurara la compra a sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados, en Veracruz.
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Los recursos, según la FGR, los recibió en una cuenta de la firma Tocho Holdings Limited en Ginebra, Suiza, para después triangular el dinero de vuelta a México al adquirir una casa en la Ciudad de México.
Durante la audiencia, el abogado Alejandro Rojas Pruneda aseguró que no hay pruebas de que su defendida haya recibido dichos recursos porque al momento de los hechos ella era estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde cursó la carrera de economía de 2008 a 2014.
“Mi representada no abrió ninguna cuenta…”, dijo el litigante, quien agregó que el exdirector de Pemex comenzó a tributar en México a partir del 4 de enero de 2013, “porque tributaba en otro país”.
“Quiero pedir que se revise la información porque contiene imprecisiones… mi defendida fue imputada de manera injusta… la información no es clara, el acuerdo previo no existe”, detalló.
Otro argumento que expuso fue que, en el proceso que se le sigue por el mismo supuesto delito a Emilio Lozoya, un tribunal federal excluyó pruebas, por lo que solicitó no tomarlas en cuenta en este asunto de Gilda Susana.
Sin embargo, los fiscales dejaron claro que esas resoluciones no están firmes. Además, que la petición del litigante no se puede formular en este momento, sino hasta la etapa intermedia.
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La postura de la defensa
Tras la vinculación a proceso, la FGR pidió la imposición del cambio de medida cautelar para que Gilda Susana enfrente su proceso en prisión, porque cuenta con nuevos datos de prueba que deben ser debatidos.
Al respecto, Rojas Pruneda expresó:
“Que no les corra prisa para querer meterla a la cárcel; es una vulgaridad".
"Yo observo que hasta se ve mal la fiscalía. No requiero ser La Paca para castigarla por ser la hermana de Emilio Lozoya".
Dijo que no va a permitir que se pretenda repetir como ocurrió en el caso de Emilio Lozoya.
El incidente técnico
Cuando la jueza declaró por terminado el debate entre las partes, procedió a dictar su resolución. Empero, cuando llevaba 20 minutos de exposición, el auxiliar de sala le pidió a la juzgadora interrumpir la audiencia por problemas técnicos, porque no se estaba grabando su exposición.
Esto provocó la molestia de la juez, que decretó una hora de receso.
Los señalamientos de presión política
Al término de la audiencia, en entrevista con MILENIO, el abogado dijo que hay presión del gobierno.
"Nos llamó la atención que en este periodo hubo varias manifestaciones respecto del caso de mi representada por la máxima autoridad de este país, nos llamó mucho atención que dos veces se pronunciará en este caso, la máxima autoridad…"
¿Está hablando de la presidente de la República?
Respondió que sí.
“Tenemos respeto y respetamos la figura, pero sí nos llamó mucho la atención que, con tantas ocupaciones y preocupaciones que tienen en este país, le ha dedicado tanto tiempo a este caso que entendería que es uno de los tantos casos que maneja la Fiscalía General de la República, o así quisiera pensar que no es un tema de encargos, sino un tema como uno más”.
Cronología del caso Agronitrogenados
En 2013, Pemex concretó la compra de una planta de fertilizantes de nombre Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México, empresa encabezada entonces por Alonso Ancira Elizondo.
La operación fue presentada como parte de una estrategia para reactivar la producción nacional de fertilizantes; sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la planta llevaba más de una década sin operar y se encontraba prácticamente en estado de abandono.
La adquisición fue cerrada por alrededor de 275 millones de dólares; sin embargo, su valor real era mucho menor debido a su deterioro.
Según investigaciones de la FGR, antes de asumir formalmente la dirección de Pemex, Emilio Lozoya ya habría recibido transferencias millonarias provenientes de AHMSA como presuntos sobornos para facilitar la operación.
Entre junio y noviembre de 2012, dichas transferencias habrían pasado por la empresa Tochos Holding Limited, firma señalada por las autoridades como fachada financiera ligada a Lozoya.
Es ahí donde aparece Gilda Lozoya, pues la Fiscalía sostiene que, mediante la cesión de derechos sobre una cuenta en Suiza, se convirtió en beneficiaria directa de parte de esos recursos.
De acuerdo con la investigación, el dinero habría sido utilizado para la compra de una residencia de lujo en la Ciudad de México valuada en más de 32 millones de pesos, inmueble que posteriormente fue asegurado y cuya extinción de dominio fue confirmada en sentencia definitiva.
El escándalo escaló en 2019 con la captura de Emilio Lozoya en España y su posterior extradición a México en 2020.
AG
