La Fiscalía General de la República (FGR) presume que Gilda Susana Lozoya Austin fue un eslabón de peso para concretar el supuesto plan de su hermano Emilio Lozoya, quien realizó las acciones necesarias para que Petróleos Mexicanos (Pemex) comprara la planta de chatarra de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz.
De acuerdo con fuentes federales, la FGR ha documentado que, con pleno conocimiento de que sería el próximo director general de Pemex, antes de su toma de posesión Emilio Lozoya pactó con Alonso Ancira, accionista mayoritario de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) que realizaría las acciones necesarias para que la empresa productiva del Estado adquiriera la planta.
A cambio de lo anterior, se acordó que Lozoya recibiría un soborno de aproximadamente 3.5 millones de dólares.
Empresa suiza es utilizada como fachada
Según las investigaciones de la Fiscalía, dicho monto fue cubierto antes de su toma de posesión mediante una transferencia electrónica proveniente de una cuenta bancaria de Altos Hornos, a una cuenta abierta en la Unión de Bancos Suizos a favor de la empresa Tochos Holding Limited.
Tochos fue constituida como una empresa fachada de Lozoya en Islas Vírgenes, uno de los más importantes paraísos fiscales. Emilio Lozoya era el titular original del derecho de disposición de los recursos acreditados en la cuenta.
A fin de ocultar la trazabilidad de los flujos subsecuentes, se cree que Lozoya hizo una cesión de ese derecho a favor de su hermana Gilda Susana.
En ese contexto, se presume que Gilda realizó diversas transferencias a favor de personas ubicadas en México.
Una de esas transferencias sirvió para cubrir el precio pactado por la compra, a nombre de su hermano, de la residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Al ser producto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la FGR emprendió un procedimiento de extinción de dominio, cuyo resultado final fue la emisión de una sentencia definitiva a favor del gobierno.
Las fuentes aseguran que la planta se encontraba en condiciones deplorables, pero derivado de las maniobras realizadas por Lozoya al interior de Pemex, el bien fue adquirido a un precio superior al valor real que tenía al momento de la celebración del contrato de compra-venta.
Además, agregaron que las maniobras estaban destinadas a enmascarar un pago de favor, con lo que se ocasionó un grave daño al patrimonio del erario federal.
Recordaron que, en reconocimiento al sobreprecio, Alonso Ancira suscribió con Pemex un acuerdo reparatorio desglosado en tres parcialidades, de las cuales solo cubrió dos de ellas, y que, en caso de incumplir con lo pactado, se ordenaría su reaprehensión.
AG
