Alejandro Rojas Pruneda, defensor de la familia Lozoya, hizo un llamado a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, para que instruya a su personal el cese inmediato de cualquier acto de intimidación, discriminación o presión indebida en perjuicio de Gilda Susana Lozoya Austin, ante la serie de sucesos que se han presentado en las últimas horas.
A través de un escrito, el litigante aseguró que el 4 de julio, la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, tuvo que interrumpir los trabajos de preparación de defensa, ya que fueron citados con apenas dos horas de anticipación, para que, a solicitud del Ministerio Público, se trasladaran a las oficinas de la Guardia Nacional (GN) que se encuentran en el municipio de Ecatepec, Estado de México a fin de que le hicieran una evaluación de riesgo que resultaba innecesaria en esta etapa procesal.
“Este acto es una violación a la defensa ya que se cuentan con 144 horas para preparar la misma y presentarla ante el juez”, mencionó.
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Además, dijo que personas que dijeron ser de la FGR, se apersonaron a la privada en donde habita su representada para tratar de ingresar sin orden escrita ni mucho menos orden de cateo.
“A pesar de que es labor de la Unidad de Medidas Cautelares el supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas, se ha visto a agentes de la Agencia de Investigación Criminal merodeando el domicilio de mi representada, lo cual constituye un claro acto de intimidación y amedrentamiento”, apuntó.
El abogado mencionó que a esto se suma a la violación de presunción de inocencia de Gilda Susana, tras la publicación de la fotografía y video de su representada difundida por la FGR, en la que se le ve detenida y esposada.
Denuncian acoso domiciliario y comentarios estereotipados
Destacó que el jueves, durante la audiencia inicial y ante el anuncio del otorgamiento de una suspensión provisional emitida por un juez de amparo, los agentes del Ministerio Público señalaron que tenían que corroborar que no hubiere un delito cometido por el promovente del juicio de amparo y del juez federal que concedió la suspensión provisional, circunstancia que motivó un llamado de atención por parte de la jueza de control, quien reprochó expresamente tales manifestaciones durante la audiencia.
“Durante el debate de la medida cautelar, donde la Fiscalía solicitó que mi representada estuviera en prisión preventiva, se realizaron comentarios altamente discriminatorios en agravio de ella, al señalar, entre otros argumentos, que el hecho de ser una mujer divorciada y no tener hijos, ameritaba que tuviera su procedimiento en prisión. Tales manifestaciones constituyen expresiones estereotipadas incompatibles con el principio constitucional de igualdad y con la obligación de juzgar con perspectiva de género”, enfatizó.
Indicó que los fiscales expusieron datos personales de diversos domicilios, incluyendo donde habita actualmente mi representada, a pesar de que la jueza ordenó expresamente que dicha información recibiera tratamiento reservado durante el desarrollo de la audiencia.
Por ello, hizo un llamado a la fiscal.
“Esta defensa hace un llamado a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, para que instruya el cese inmediato de cualquier acto de intimidación, discriminación o presión indebida en perjuicio de mi representada, de sus defensores y de cualquier autoridad judicial que intervenga en el presente asunto”.
Cabe mencionar que, el martes 7 de julio, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, se reanudará la audiencia en la que se definirá si Gilda Susana es vinculada o no a proceso, por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El origen del caso: Las transferencias millonarias de Agronitrogenados
La mujer fue imputada el jueves por la FGR por presuntamente recibir en 2012, tres millones 400 mil dólares por parte de Altos Hornos de México y el presidente de su consejo de Administración, Alonso Ancira, para que en 2013 Emilio Lozoya, como director de Pemex, asegurara la compra a sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados, en Veracruz.
Gilda Lozoya habría recibido el dinero en una cuenta de la firma Tocho Holdings Limited, en Ginebra, Suiza, para después triangular el dinero de vuelta a México al adquirir una casa en la capital por dos millones 500 mil dólares.
Nora Ileana García, jueza de control, determinó que la audiencia de vinculación a proceso se lleve a cabo este martes 7 de julio, a las 9:00 horas.
IOGE
