En México, más de 5 mil empresas de seguridad privada están registradas ante la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); sin embargo, se estima que existen más de 10 mil operando en la irregularidad y que, en muchos casos, vulneran los derechos laborales de sus trabajadores, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal tiene registradas 467 empresas de seguridad privada; no obstante, se calcula que por cada empresa que cumple con la normatividad, una o dos operan sin permiso de la autoridad, lo que representa entre 700 y 800 empresas irregulares.
A la fecha, debido a las condiciones en las que operan, las empresas irregulares se quedan con hasta 60 por ciento del mercado, principalmente en los sectores residencial y comercial, ya que los contratantes prefieren pagar menos y no exigir el cumplimiento de todos los requisitos. Ello, a pesar de que la Ley de Seguridad Privada del Estado de México establece multas que van de 500 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), tanto para los prestadores del servicio como para quienes contratan empresas sin autorización.
Salarios y prestaciones
En las empresas informales, los salarios son inferiores a 9 mil 500 pesos mensuales, mientras que las empresas debidamente registradas ofrecen sueldos de entre 12 mil y 15 mil pesos, además de seguridad social y todas las prestaciones de ley.
De acuerdo con Arturo Zárate Jaime, presidente del Consejo de Alarmas y Seguridad Privada del Estado de México (CASPEM), ante este panorama es necesario fortalecer la regulación del sector para mejorar la calidad del servicio y garantizar mejores condiciones laborales.
El registro de cada elemento ante la Secretaría de Seguridad estatal tiene un costo de mil 898 pesos, además de los uniformes —que deben renovarse de dos a tres veces al año y, en algunos casos, hasta cuatro—, cuyos precios oscilan entre 2 mil y 3 mil pesos. Estos incluyen pantalón, camisa, chamarra, casaca, calzado y equipo, el cual también debe registrarse y cumplir con las especificaciones autorizadas, además de que el logotipo de la empresa debe estar inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).
“El costo final por elemento ronda los 5 mil pesos, incluida la capacitación”, explicó.
Procesos de contratación rigurosos
A estos gastos se suman los procesos de contratación, que deberían ser estrictos. Aunque el primer contacto suele realizarse por internet, posteriormente se llevan a cabo entrevistas, exámenes psicométricos y toxicológicos, verificación de domicilio, antecedentes e historial laboral, lo que permite detectar documentos falsos o posibles riesgos, prácticas que las empresas irregulares suelen omitir.
“También debemos contar con personal operativo, supervisores y coordinadores; todo el personal debe estar asegurado por los riesgos existentes. Los vehículos deben estar plenamente identificados y cumplir requisitos para no asemejarse a la seguridad pública. En caso de portar armas, se debe contratar la licencia colectiva ante el Ejército”, señaló.
La rigurosidad de los controles de contratación también incide en la rotación del personal, ya que la ley exige la integración de expedientes, contratos y cartas de confidencialidad. La edad idónea para la contratación de un guardia de seguridad privada oscila entre los 30 y 50 años, en buenas condiciones de salud, aunque hay personas mayores con buena actitud y desempeño.
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Además, las empresas deben presentar informes mensuales a la Secretaría de Seguridad, renovar permisos cada dos años y brindar capacitación continua en temas como manejo de llamadas de extorsión, control de accesos y seguridad perimetral en zonas residenciales, así como cumplir con normas específicas en el sector industrial.
Dignificación de la labor
Para dignificar su labor, algunas empresas han modificado los turnos de 24 por 24 o 12 por 12 horas a esquemas de 12 por 24, además de pagar las jornadas extraordinarias conforme a la ley. También han implementado la Ley Silla y realizan campañas de concientización con los clientes.
“En zonas residenciales es común que algunas personas se molesten porque los elementos realizan correctamente el control de acceso; les gritan o maltratan, lo que provoca renuncias, al igual que el incumplimiento de lo prometido en los contratos”, señaló Zárate Jaime.
Si bien hay elementos que permanecen más de 10 años en una empresa, otros buscan cambios para lograr crecimiento y desarrollo profesional.
Las empresas también trabajan para cambiar la percepción sobre la seguridad privada, al destacar que un guardia residencial no cumple la misma función que un portero. Por ello, capacitan al personal en el uso de extintores, atención de conatos de incendio, reacción ante sismos y protocolos de emergencia.
“Es muy injusto que los clientes no valoren el trabajo que realizan los elementos”, lamentó.
Actualmente, existen dos tipos principales de incumplimiento a la Ley de Seguridad Privada del Estado de México. El primero corresponde a empresas con permisos federales o de otras entidades que no están registradas en el estado, principalmente provenientes de Ciudad de México y Querétaro, que operan en zonas industriales de Toluca y Lerma.
“Muchas empresas abandonan los servicios, no supervisan ni dan seguimiento, pese a contar con permisos de la Federación u otros estados. Otras no ofrecen seguridad social, no tienen permiso o carecen del Registro de Prestadores de Servicios Especializados (REPSE) que exige la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, explicó.
El segundo tipo corresponde a empresas no constituidas, sin recursos financieros ni humanos, que desaparecen ante cualquier incidente y, en algunos casos, son infiltradas por la delincuencia.
Usurpación de funciones
También se detecta incumplimiento por parte de instituciones educativas, hospitales, centros comerciales, industrias y zonas residenciales que crean su propia área de seguridad privada, lo que viola la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y puede constituir un delito de usurpación de funciones conforme al Código Penal.
A ello se suma la violación de derechos laborales, ya que los salarios en empresas “patito” suelen estar por debajo de lo establecido por la ley.
“En una empresa formal, el salario de un guardia supera los 9 mil 500 pesos, mientras que un supervisor, coordinador o jefe de servicio puede percibir hasta 12 mil pesos”, puntualizó.
Competencia desleal por precio
Las empresas irregulares concentran hasta 60 por ciento del mercado residencial y comercial al ofrecer precios más bajos. “Un guardia con una empresa formal puede costar hasta 18 mil pesos, pero hay quienes los ofrecen en 10 mil 500 pesos sin seguro social, aguinaldo, pago de impuestos ni supervisión”, refirió Zárate Jaime.
Desde que la seguridad privada se considera un servicio especializado, la carga tributaria aumentó y el incumplimiento también afecta a los clientes, quienes no pueden deducir facturas.
Falta de capacidad institucional
La falta de regulación también se atribuye a la limitada capacidad de respuesta de las autoridades. La revalidación de registros puede tardar entre tres y seis meses.
De acuerdo con el Registro Estatal de Empresas de Seguridad Privada, al menos 223 de los 467 registros vencieron a inicios de año o están por vencer, y solo cuatro aparecen como en trámite. Aunque esto no necesariamente implica omisión de las empresas, sino falta de actualización del sistema.
Aunque el trámite debe solicitarse con 30 días hábiles de anticipación, hay casos con retrasos de hasta ocho meses. “Una vez emitida la resolución, aún se debe esperar el cartoncillo que otorga la autorización plena”, explicó.
El CASPEM, integrado por alrededor de 80 empresas, busca presentar una propuesta para simplificar y digitalizar las revalidaciones, reducir costos y evitar la solicitud de información que la autoridad ya posee.
“La Secretaría debe impulsar campañas para evitar la contratación de empresas patito, que atraen personal con publicidad engañosa en redes sociales, ofreciendo sueldos de 12 mil pesos y pagando menos de 8 mil 500”, sostuvo.
Hacia un permiso único nacional
Raúl Sapién Santos, presidente del CNSP, señaló que la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada, actualmente pendiente en la Cámara de Diputados, permitiría regular al sector a nivel nacional.
“Necesitamos una nueva ley que supervise la proliferación de empresas patito y establezca claramente sus obligaciones”, indicó.
Propuso un permiso único nacional, supervisión federal, capacitación obligatoria, permisos oficiales para el uso de armas y registros que acrediten la inexistencia de vínculos con la delincuencia.
El 28 de mayo de 2021 se adicionó la fracción XXIII Bis al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia; sin embargo, cuatro años después, el mandato sigue sin cumplirse.
En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad es la encargada de autorizar, revalidar, revocar o modificar la prestación del servicio de seguridad privada, así como supervisar y atender quejas.
Las modalidades autorizadas incluyen seguridad a personas, bienes, traslado de valores, seguridad de la información, sistemas de prevención y actividades vinculadas al servicio.
La autorización y revalidación están sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México.
LP
