El asesor jurídico y abogado de derechos humanos en Chihuahua, Marcos Zavala, afirmó que familiares de los 40 migrantes fallecidos y los 27 sobrevivientes del incendio ocurrido, el 27 de marzo de 2023, en la estancia migratoria del puente internacional Lerdo, apelarán en contra de la exoneración del ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.
El excomisionado quedó exonerado, es decir, fue declarado libre de culpa o de obligación del caso, de la causa penal 237/2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, relacionado al incendio.
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¿Qué pasó con la indemnización de las víctimas?
El juez federal, Víctor Manlio Hernández Calderón, sobreseyó la causa penal, en otras palabras, finalizó el proceso judicial, determinando que el excomisionado sí cumplió con el pago de indemnizaciones para las víctimas, pidió disculpas públicas, y cursó capacitaciones en derechos humanos y protección civil.
En entrevista con Joel Valdez para MILENIO Televisión, el abogado aseguró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) se opone a la postura del juez federal sobre dar como cumplida la compensación económica a las víctimas, quienes también manifestaron sus necesidades médicas, y solicitaron la creación de una ruta para la atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El abogado Marcos Zavala señaló que se le exige al imputado, Francisco Garduño, que las compensaciones económicas a sobrevivientes y familiares para la reparación del daño no sean pagados por los impuestos de las y los ciudadanos mexicanos sino por él.
Esto porque, en un proceso penal, quien paga la reparación es el imputado, no importa si es servidor público, si dejó de ser servidor público, o si es un particular.
“Francisco Garduño debe compensar a todas las víctimas, a los núcleos familiares de las 40 víctimas fallecidas y los 27 ciudadanos lesionados.
“Además, debe ofrecer una disculpa pública y retractarse de los señalamientos en contra de dos migrantes que supuestamente estaban enfrentando procedimientos legales en su país. El veredicto del juez es un fraude procesal en la causa penal de la que se le acusa”, reiteró.
Marcos Zavala afirmó que los jueces de control no vigilaron que se cumpliera el debido proceso para todas las partes.
Asimismo, se invisibilizó a las víctimas en la audiencia, lo que propició un fraude penal del cumplimiento del deber para beneficiar a Francisco Garduño por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Piden llegar a última instancia contra presunto responsable
“Insistimos y solicitamos atención médica para quemaduras, mutilaciones, daños en órganos internos y pérdida de funciones motrices porque estos ciudadanos no podrán retomar sus actividades cotidianas y sus proyectos de vida.
“Entonces, ante la falta de pagos por indemnizaciones, insistiremos en que se cumpla el proceso de la manera correcta y así Francisco Garduño enfrente el proceso hasta sus últimas consecuencias”, sostuvo.
Por otro lado, Marcos Zavala subrayó que, en México, seis de las 25 estancias migratorias activas no cumplen con las medidas de protección civil mínimas para salvaguardar los derechos humanos de las y los migrantes, por lo que más allá de un error burocrático es un incumplimiento de los deberes de Francisco Garduño.
Indicó que aun si la capacitación en medidas de protección civil fuera eficiente para las estancias migratorias, la ausencia de extintores o la ineficacia de estos limita las capacidades para atender cualquier emergencia, situación que propicia incendios, como el del 12 de septiembre en la estación provisional de Janos en Chihuahua.
RM
