La peor cárcel de México está en Puebla. Se trata del Centro Penitenciario Distrital de Libres, en el municipio del mismo nombre, una miniprisión estatal con capacidad para 34 hombres, pero que aloja al doble.
El hacinamiento se suma a las deficiencias en los servicios de salud y alimentación, la nula higiene de sus instalaciones, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, la falta de capacitación del poco que hay y la ausencia de actividades que faciliten la reinserción social de los presos.
En una escala del 0 al 10, donde el 10 es la excelencia, este sitio de reclusión apenas logra una calificación de 3.81.
En el otro extremo, con una calificación de 9.30, está la Prisión Militar adscrita a la V Región Militar, ubicada en La Mojonera, población del municipio de Zapopan, Jalisco.
Este penal castrense, con capacidad para albergar a 125 hombres y 16 mujeres, está a menos de la mitad de su capacidad, tiene 40 convictos masculinos, y cuenta con programas para prevenir y atender violaciones a los derechos humanos o incidentes violentos; servicios de salud; instalaciones limpias; ausencia de autogobierno; atención a grupos vulnerables; actividades de reinserción social e inexistencia de actividades ilícitas, sobornos o extorsiones.
El 54 por ciento de los centros de reclusión evaluados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incumplen el objetivo de dotar a los internos de las condiciones adecuadas para reintegrarse a la sociedad: 88 de 162 cárceles reprobaron en este rubro, lo que los coloca como “universidades de la delincuencia”.
¿Cuáles son las cárceles mejor evaluadas del país?
No hay prisión buena, sin duda, pero existen unas que son mucho mejores que otras. De acuerdo con el último diagnóstico que la CNDH hizo de 162 reclusorios en el país, publicado el año pasado, las cárceles militares fueron las mejor calificadas, pues promedian 8.79; en tanto que las estatales –que son la mayoría y albergan a más del 90 por ciento de la población privada de la libertad– pasaron “de panzazo” con una media de 6.46.
El Centro de Reinserción Social (Cereso) Jalpa de Serra, al noroeste de Querétaro, es una prisión estatal excepcional por su alta evaluación.
En medio se encuentran los penales federales, tanto los que administra el gobierno como los que se manejan bajo esquemas de asociación público-privada, con evaluaciones promedio de 8.51 y 8.31, respectivamente.
“La situación [en las cárceles mexicanas] es terriblemente dispar. Tenemos los Centros Federales de Readaptación Social, los Ceferesos, que están un poco mejor pertrechados en instalaciones, en personal y en capacidades tecnológicas. Sin embargo, lo que realmente es terrible es la situación en las cárceles estatales y municipales.
"Allí el personal penitenciario es de los que tienen menor preparación, menor formación, menores salarios y las condiciones de hacinamiento son más complicadas”, apunta Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Además de las diferencias en la profesionalización de los cuerpos administrativos y de seguridad, la sobrepoblación y el hacinamiento también es algo que explica los marcados contrastes entre los distintos sistemas carcelarios.
“Si tú comparas las condiciones de vida en un centro penitenciario estatal versus uno federal, las condiciones están mejor en el federal, pero también hay que reconocer que hay muy poca población privada de la libertad en el fuero federal a diferencia de la que hay en los centros estatales”, sostiene José Luis Gutiérrez, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLEGAL).
Sofía González Talamantes, subdirectora de la organización Documenta, considera que algo similar podría estar pasando con las cárceles que maneja el Ejército.
“No hemos tenido acceso a esas prisiones, [aunque] yo también pensaría que [sus buenas evaluaciones] tienen que ver con el número de personas que están allí”, dice. Los registros conocidos apuntan a que en ellas no hay sobrepoblación.
En este contexto, este medio también publicó que los gobiernos de México y de Estados Unidos conversan sobre un proyecto para construir una cárcel de supermáxima seguridad exclusiva para líderes del crimen organizado, lo que quitaría presión a los penales existentes.
Se incumple el artículo 18: las cárceles no reinsertan
Cada año la CNDH publica su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, un instrumento que permite conocer las condiciones en que viven las personas privadas de la libertad en México. Para el diagnóstico de 2024, el último disponible a la fecha, el organismo autónomo visitó 162 reclusorios: 145 estatales, 14 federales y tres militares.
La Comisión que preside Rosario Piedra Ibarra considera cinco rubros para evaluar cada prisión: aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social de las personas privadas de la libertad, y atención a personas privadas de la libertad con necesidades específicas (mujeres con hijos, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, enfermos de VIH y población LGBTIQ+).
Al respecto, la CNDH documentó que las actividades deportivas, educativas y laborales o de capacitación eran insuficientes o incluso inexistentes en muchas prisiones. Tampoco existía una adecuada separación entre personas sentenciadas y procesadas. Incluso las cárceles federales y militares obtuvieron sus calificaciones más bajas, aunque no reprobatorias, en este ámbito.
No cumplir con la reinserción de las personas privadas de la libertad es ignorar un mandato constitucional. El artículo 18 de nuestra Carta Magna indica que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”. Paradójicamente, es el objetivo que menos cumplen las cárceles mexicanas.
“Estamos muy lejos de que verdaderamente los centros de readaptación social en los tres niveles de gobierno ayuden en este sentido. Hay muchos esfuerzos, también de la sociedad civil que colabora en estos centros, pero los recursos son muy escasos, no son suficientes para reincorporar a la vida laboral y social a los delincuentes.
"Por el contrario, hay quien afirma que las cárceles en México más bien son universidades de la delincuencia, donde conviven criminales con jóvenes que aprenden de las experiencias de criminales de alta cuantía”, explica el especialista en seguridad nacional Gerardo Rodríguez.
Para José Luis Gutiérrez, de AsiLEGAL, la falta de cumplimiento de esta obligación constitucional da pauta a la necesidad de crear un programa nacional para la reinserción social que dé seguimiento a cómo las personas privadas de la libertad van avanzando en ejes tan importantes como la salud, el trabajo y la educación.
Suciedad, delitos, gobiernos criminales…
El segundo rubro con más penales reprobados fue el referente a estancias dignas: 66 tuvieron una calificación menor a 6.0. Los sitios en cuestión brindaban a los presos una alimentación deficiente y presentaban malas condiciones materiales y de higiene en sus instalaciones, incluidos cocina, comedores y áreas médicas.
Por otro lado, 49 prisiones reprobaron en condiciones de gobernabilidad. La CNDH encontró situaciones de autogobierno o cogobierno por parte de las personas privadas de la libertad en penales de Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.
En este mismo rubro se documentó la presencia de actividades ilícitas, la insuficiencia y falta de capacitación del personal de seguridad y custodia y la ausencia de reglamentos, manuales o lineamientos para regir la vida interna del penal, por mencionar algunos ejemplos.
Finalmente, 48 reclusorios reprobaron en su atención a grupos vulnerables y 47 en garantizar la integridad de los presos, al existir hacinamiento y carecer de servicios de salud, separación entre hombres y mujeres (en las cárceles mixtas) o programas para prevenir y atender incidentes violentos o violaciones a derechos humanos.
Todas las cárceles reprobadas en uno o todos los rubros evaluados son estatales. Las irregularidades que la Comisión encontró con más frecuencia fueron: una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, deficientes condiciones materiales e higiene de las instalaciones donde se alojan los presos, deficiente separación entre procesados y sentenciados y falta de personal de seguridad y custodia.
La privatización no tuvo efecto
En el caso de las prisiones federales, destaca que en promedio no hay diferencia entre las que administra el gobierno y las que funcionan bajo un esquema de asociación público-privada, cuya esencia es otorgar a una empresa o consorcio de empresas la construcción, mantenimiento y operación de un centro penitenciario.
Este modelo se implementó en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con contratos de más de 20 años que siguen vigentes. De hecho, en el diagnóstico de la CNDH las cárceles federales públicas salen ligeramente mejor evaluadas que las privadas.
“Se pensó que con esta lógica de privatización mejorarían las condiciones, pero en realidad no fue así”, afirma Sofía González.
"La subdirectora de Documenta añade que, aunque se privatizó la infraestructura y los insumos necesarios para el funcionamiento de estas cárceles (mobiliario, alimentos, artículos de limpieza, ropa para los internos, servicios de lavandería, agua, luz, etcétera), la vigilancia y custodia sigue siendo responsabilidad del Estado.
Además, denuncia que fueron construidas con una lógica de lejanía y difícil acceso, lo que dificulta que los presos puedan recibir visitas. “Y el aislamiento es una forma de tortura, de malos tratos”, concluye.
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HCM
