Tras el reciente fallecimiento de Chris Hernán, quien se encontraba bajo custodia en el Centro de Justicia Municipal y posteriormente perdió la vida en el Hospital General, han vuelto a tomar relevancia los incidentes registrados al interior de la ergástula municipal. En un periodo de dos años, se han documentado tres fallecimientos que han generado investigaciones ministeriales y señalamientos públicos.
Dos de estos casos han sido relacionados con presuntos suicidios, mientras que un tercero derivó de la caída de un joven de 24 años. Los hechos han motivado cuestionamientos sobre los protocolos de custodia, vigilancia y atención médica dentro de las instalaciones municipales, así como exigencias de mayor transparencia por parte de familiares y organismos civiles.
Las autoridades han señalado que en todos los casos se abrieron carpetas de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los decesos, aunque las versiones oficiales han sido puestas en duda por familiares de las víctimas.
Casos documentados en los últimos dos años
El primer caso documentado ocurrió en mayo de 2024, cuando Jonathan Alexis Alvarado fue localizado sin vida al interior de una celda, a pocas horas de recuperar su libertad. Aunque la autoridad estatal informó que se trató de un suicidio, familiares del joven, inconformes con la versión oficial, interpusieron quejas ante organismos de derechos humanos, lo que abrió líneas de investigación paralelas.
El segundo hecho se registró en julio de 2025, cuando un hombre identificado como Fernando Maldonado murió mientras permanecía detenido en separos municipales. El fallecimiento fue dado a conocer el 12 de julio, aunque la detención se realizó dos días antes. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento y se descartaron signos de violencia externa.
No obstante, el caso también fue integrado a una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que se encontraba el detenido al momento del deceso y verificar el actuar del personal encargado de la custodia.
El caso más reciente
El caso más reciente ocurrió durante el presente mes, con la muerte de Christian Hernán Pérez Rentería, de 24 años de edad, quien había sido puesto a disposición del Centro de Justicia Municipal de Torreón por una falta administrativa. Posteriormente, el joven fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida.
Esta situación detonó una investigación formal por parte de la Fiscalía, así como exigencias de transparencia y esclarecimiento de los hechos por parte de la familia. Los tres fallecimientos, ocurridos en un periodo relativamente corto, han colocado nuevamente bajo la lupa los protocolos de custodia, vigilancia y atención médica dentro de los espacios de detención administrativa del municipio.
Proponen interconectar C2 municipales con C4
Tras la más reciente reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional, celebrada en Torreón, representantes del Consejo Ciudadano de Seguridad plantearon al gobernador del estado la necesidad de que todos los Centros de Control y Comando C2 municipales se interconecten con los C4, con el objetivo de fortalecer la coordinación operativa entre corporaciones y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en la región.
La propuesta fue dada a conocer por Juan Carlos Jáuregui, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, quien explicó que este planteamiento busca optimizar los mecanismos de comunicación entre las distintas instancias de seguridad. El tema cobró mayor relevancia tras el reciente fallecimiento de un joven que sufrió una caída al interior del Centro de Justicia Municipal, hecho que generó inquietud social.
Derivado de este caso, se sumó una petición adicional para que las cámaras de videovigilancia de los centros de detención municipales también estén enlazadas a los sistemas de control y comando, con el fin de contar con un monitoreo permanente y externo que permita mayor transparencia en el manejo de las personas detenidas.
De acuerdo con el planteamiento, la finalidad es garantizar mayor seguridad, reforzar los mecanismos de supervisión y respetar los derechos humanos de quienes son ingresados a las ergástulas municipales, así como evitar que se repitan incidentes como el ocurrido recientemente, el cual dejó dudas sobre lo sucedido al interior del Centro de Justicia Municipal.
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