Con el objetivo de conocer cuántos elementos de las corporaciones de seguridad de Coahuila están asignados como escoltas, el Congreso solicitará un informe a la Comisión de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó el punto de acuerdo.
“Que haga un análisis y pida información sobre el número de personas que están asignadas al cuidado o al resguardo de ex funcionarios y funcionarios públicos actuales”, expuso la diputada María Eugenia Cázares.
Asimismo se solicitará un informe sobre los vehículos destinados para la protección de funcionarios y el gasto que se eroga, esto derivado de las versiones de que hay un gasto oneroso y excesivo para la seguridad de algunos funcionarios públicos.
“No se ha referido y creo que es tiempo de evaluar si es sano o no el número que puedan tener estas personas para su custodia o protección, y que los que no sean necesarios (para esa actividad) se dediquen a cuidarnos a los ciudadanos”, precisó.
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