En plena festividad de Día de Muertos y bajo la luz de decenas de velas, la noche del sábado 1ro de noviembre Carlos Manzo fue objetivo de un ataque armado que cobró su vida. El asesinato del edil de Uruapan se suscitó un año después de que su homólogo de Chilpancingo de los Bravo, Alejandro Arcos, fuera localizado decapitado en la demarcación que pretendía gobernar tan solo unos días después de haber asumido el cargo.
La historia fue similar para Yolanda Sánchez, la alcaldesa de Cotija que también fue asesinada a balazos meses después de haber sido víctima de un secuestro vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los nombres y las historias, abundan: Salvador Bastida García en Tacámbaro; Isaías Rojas Ramírez en Metlatónoc, Guerrero; Mario Hernández García en Santiago Amoltepec y Román Ruíz Bohórquez en Candelaria Loxicha, ambos en Oaxaca; entre otros.
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Todos encabezaron el gobierno de sus municipios y todos fueron asesinados. A través de los años, la vulnerabilidad a dicho cargo se ha hecho evidente en distintas zonas del país y se vincula a múltiples factores. Desde el abandono del Estado y hasta en las dinámicas que tienen organizaciones delictivas que dejan en medio no sólo a funcionarios públicos sino también a la población civil.
El interés del ‘narco’ en los municipios
"Nosotros recibimos el municipio en el primer lugar de las ciudades más inseguras del país. Hay una gran diferencia entre este gobierno con otros gobiernos, en primera, que este gobierno no está vinculado con la delincuencia organizada", se le escucha mencionar a Carlos Manzo durante una entrevista que le concedió al influencer Yulay y que fue publicada en YouTube el pasado julio.
En el mismo material se refiere que el alcalde de Uruapan había recibido al menos seis amenazas de muerte en tan solo cuatro días de gobierno. Aún así, sus discursos solían ser fuertes y directos al afirmar que habría cero tolerancia por parte de su gobierno para las organizaciones delictivas, palabras que trasladó a los hechos al encabezar múltiples operativos de vigilancia y contacto en el municipio michoacano.
Si bien hasta el momento en el que se escribe esta nota la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha confirmado o descartado el involucramiento de alguna de las organizaciones delictivas en su homicidio, lo cierto es que Carlos Manzo incomodaba a aquellos actores delictivos que al menos durante una década han buscado controlar diversas zonas del estado claves para sus actividades criminales, incluyendo a Uruapan.
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En el caso de Alejandro Arcos la situación no fue distinta pues, el asumir el cargo de edil de Chilpancingo de los Bravo lo colocó en el radar de dos organizaciones criminales que se disputan el control de diversas economías legales e ilegales en la ciudad: Los Tlacos y Los Ardillos.
Tras su asesinato, el secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch, detalló que el ex presidente municipal no había solicitado protección al gobierno federal además de que el último dato sobre su paradero apuntaba a que se había dirigido solo y sin escoltas a una reunión en Petaquillas, una comunidad controlada por Los Ardillos.
Las alertas sobre una posible infiltración de dicho grupo criminal en el gobierno municipal de Chilpancingo de los Bravo se había encendido desde que se hicieron públicas fotografías de su ex edil, Norma Otilia Hernández, en un encuentro con el líder de Los Ardillos identificado como Celso Ortega.
Aunque existen muchos otros casos, éstos se han convertido en un claro ejemplo del interés que grupos criminales tienen en los municipios al convertirse en una pieza clave para su dinámica de expansión.
"Cada municipio tiene un presupuesto en materia de seguridad, elementos de seguridad, patrullas, radios, armas y sobre todo atribuciones para poder realizar operativos, detenciones y capturas. Los grupos del narcotráfico se están disputando el control de las policías locales y en consecuencia el control de las presidencias municipales", aseveró el analista en seguridad, David Saucedo, en entrevista con MILENIO.
La posibilidad de acceder a dichos recursos les permite afianzar su poderío en el municipio y, de este modo, avanzar posiciones en su intención de expansión. Según refiere el análisis de David Saucedo, es común que dicha dinámica sea perceptible en municipios limítrofes entre estados o en zonas de alto interés como, por ejemplo, Uruapan, donde la producción de limón y aguacates lo convierte en territorio codiciado para grupos criminales que buscan controlar economías ilegales como la extorsión.
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"Van avanzando posiciones y hay contraataques [...] el día de mañana será otro municipio distinto donde veamos un ataque en contra de autoridades ya sea en funciones o recién electas. Entonces, lo que vemos son asesinatos, ataques en contra de agentes policiacos, funcionarios municipales, alcaldes, diputados, algunos de los cuales forman parte también de la estructura de protección de los grupos de narcotráfico", abundó el analista en seguridad, David Saucedo.
En ese sentido trasciende el caso del asesinato de Yolanda Sánchez en Cotija, donde de acuerdo con el experto, tanto la policía como el gobierno municipal eligieron operar a favor del Cárteles Unidos en lugar del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que pudo motivar el ataque que cobró la vida de la edil en 2024.
La alternancia política en los gobiernos municipales
Pactar con el grupo rival o elegir no decantarse por ninguna de las organizaciones delictivas que tienen interés en el municipio a gobernar es una decisión de la cual depende no sólo la administración sino la vida misma de las y los aspirantes al cargo público.
Si bien son múltiples los ediles que han sido asesinados, también los periodos electorales en cada estado y municipio suelen desatar jornadas de violencia en donde son asesinados candidatos y candidatas, Por ejemplo, en el caso de Gisela Gaytán en Celaya, Guanajuato, la alternancia política que podía representar para el municipio fue considerado como una posible motivación del ataque que cobró su vida en abril de 2024.
EL DATO...La relación del poder político y el campo delictivo
El doctor en Sociología e investigador de la UNAM, Luis Astorga, sostiene que existe una dependencia estructural de las organizaciones delictivas al poder político en México. En sus palabras, ningún grupo criminal es capaz de sobrevivir sin que exista algún tipo de relación con el poder político.
Es precisamente esa dependencia estructural la que posiciona a la alternancia política como un importante factor en la reconfiguración del hampa, tal y como se ejemplifica en el caso de Gisela Gaytán:
"Celaya es una alcaldía bajo el control del PAN y el Cártel de Santa Rosa de Lima identifica al gobierno municipal como su adversario, de ahí que haya querido tener una cercanía o contacto con la candidata de Morena. Ella se niega a darles respaldo, lo que generó una fricción [...] seguramente trataron de vincularse con la candidata pero ella los rechazó", explicó en 2024 el analista en seguridad, David Saucedo.
Los gobiernos municipales se han convertido en la primera línea de choque entre el gobierno y organizaciones delictivas cuyos intereses se centran en el control territorial y de economías legales e ilegales en las alcaldías. Pese a los casos registrados, los asesinatos de ediles continúan siendo una constante que no dan tregua, al tiempo que la confianza en sus autoridades de los tres niveles de gobierno se desdibuja para la ciudadanía.
ATJ
