El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, celebró la sentencia de un tribunal en Florida, Estados Unidos, que obliga a Genaro García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a resarcir 2 mil 500 millones de dólares al gobierno mexicano y acusó que la operación que permitió el desvío de esos recursos públicos fue transexenal y sirvió para financiar campañas políticas.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gómez Álvarez aseguró que la sentencia de la Corte de Florida es definitiva, pues los acusados se negaron a comparecer, lo cual validó las acusaciones del gobierno mexicano.
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“La sentencia de 748.8 millones de dólares que dicta la juez en Florida se refiere a tres veces los 250 millones de dólares que fueron demandados, por García Luna; y los mil 740 millones de dólares que le impuso como sentencia a Linda Cristina Pereyra, se refiere a los 580 millones que la UIF presentó en la demanda contra ella; estamos hablando de dineros distintos presentados en momentos distintos con cuantificaciones diferentes por ese motivo”, explicó.
El funcionario aseguró que con la sentencia quedó claro que “todo ese dinero que salió del país y que fue alojado en el extranjero (…) fue producto de un esquema de defraudación durante dos sexenios sucesivos”.
Además, informó que aparte del juicio civil que se libró en Estados Unidos, del que todavía falta que se dicte otra sentencia para sancionar a las empresas involucradas, hay un caso penal abierto en México, en el que se investiga, entre otras conductas, el uso político que se dio a parte del dinero desviado por el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón mediante su red de empresas.
“Una cosa también interesantísima: parte de este dinero fue a dar a campañas políticas, y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, eso es en el juicio mexicano, ¿me entienden?, porque esto se tiene que ver también en los tribunales mexicanos. Y ya estamos en eso, ya hay órdenes de aprehensión abiertas, detenidos, hay una serie de cosas, hay unos avances muy buenos, y se van a abrir nuevos procesos y se va a ir adelante, no hay que detenerse”, dijo.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la resolución y dijo que es “muy importante porque es un reconocimiento de que, en efecto, había un modus operandi con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado”.
Consideró que el problema de García Luna no solamente es su vinculación con la delincuencia organizada, “sino que además, después de que salió del gobierno seguía haciendo negocios con recursos públicos; cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara”.
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Gómez y Sheinbaum lamentaron que, mientras en Estados Unidos se dictó sentencia, en México, un tribunal colegiado haya otorgado un amparo a la esposa de García Luna para mover el dinero en el sistema financiero mexicano, pese a las denuncias en su contra.
No obstante, visiblemente contento porque la UIF es la responsable de la denuncia presentada desde 2021, el funcionario aseguró que con la resolución judicial de la jueza estadunidense del jueves, y las que se esperan en las próximas semanas, se podrá reconstruir la “trama corrupta” que encabezó García Luna, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
Pablo Gómez reconoció que la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, contribuyó a dar información sobre los contratos, a los que tuvo acceso cuando encabezó la Secretaría de Seguridad, en el sexenio pasado.
“No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para poder escarbar en la forma de operar de ‘los delincuentes de cuello blanco’… Vamos a poder dar detalles de cómo se hicieron estas cosas, cómo se robaba el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia”, expresó el titular de la UIF.
Dinero salió de contratos públicos
Gómez expuso que la demanda civil fue presentada en Florida porque ahí tenían su residencia García Luna y su esposa y ahí poseían bienes que se adquirieron con dinero del erario mexicano.
Detalló que las acusaciones del gobierno de México datan de la firma de 30 contratos entre 2009 y 2018 en la Policía Federal, el CISEN y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por 625 millones 188 mil 677 dólares de los Estados Unidos y 93 millones 866 mil 666 pesos mexicanos.
Dichos contratos se firmaron con empresas q de García Luna, denominadas Nunvav Inc., Nunvav Technologies, Nice Systems y GLAC, que sacaron el dinero del país y lo depositaron en cuentas bancarias de Barbados, que es un paraíso fiscal, así como a Israel y otros países.
“Partes de ese dinero volvieron al país con el propósito de hacer pagos a las personas que habían participado en la trama corrupta; mucho dinero, centenares de millones de dólares”, dijo.
“Se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank, en Barbados; que ni siquiera es de Barbados, tiene su sede en Colombia y trabaja en otros lugares. Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero”, explicó.
Además, de ellas, dijo que hay otras 15 empresas identificadas en la red que recibían dinero de las que cobraban, “de tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando”.
Sentencia contra García Luna es histórica: Gómez
Pablo Gómez también afirmó que el pago de 2 mil 500 millones de dólares que Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, deberán realizar al gobierno mexicano es un hecho histórico.
Señaló que se trata de la primera vez que se obtiene una cantidad de tal magnitud a través de una demanda civil y que las acciones para recuperar recursos públicos continuarán: “Aunque algo todavía más relevante será cuando se dicten las sentencias del proceso penal en México”, dijo.
“En este momento se está llevando a cabo un proceso penal, hay detenidos, encarcelados, y un montón de asuntos que está llevando a cabo el Fiscal de la República para seguir con esta trama corrupta transexenal que se prolongó durante dos sexenios”, aseguró en entrevista para MILENIO Televisión con Carlos Zúñiga.
Además, consideró que García Luna inició su “trama de corrupción siendo secretario de Seguridad, y luego continuó haciéndolo no solo cuando era otro gobierno, sino cuando era el Gobierno de otro partido. Cuando él ya no era el instrumento de poder, otro tenía que serlo”.
“Esto de las transiciones no era cierto, eran los mismos, nada más que con otras siglas, unos del PRI y otros del PAN, pero hacían exactamente lo mismo".
"Los 625 millones de dólares que fueron efectivamente pagados a las empresas de la trama de Genaro García Luna vienen del sector público, aunque ya otro era el secretario de Seguridad Pública. Pero no importaba quién era el secretario, sino la manera de obtener dinero de contratos públicos indebidos”, agregó.
▶️ "No se pueden sumar; la multa de 750 millones a García Luna no se suma a los 1,740 millones impuestos a Cristina Pereyra; la sentencia se adelantó, pero su construcción es diversa: Pablo Gómez, titular de la UIF
— Milenio (@Milenio) May 23, 2025
???? La información con @Carloszup en #MILENIODelMedioDía pic.twitter.com/L7nQruELxa
También señaló que se realizaron operaciones de lavado de dinero: “El que pagaba lo giraba a través de un banco mexicano a Barbados, al Occidental Bank. Entraba a unas cuentas que estas personas de la trama de García Luna tenían en Estados Unidos, en Israel y en otros países, y parte de esto volvía al país probablemente para hacer pagos”.
“Nadie roba de gratis ni es un corrupto solo. Necesita palancas, coyotes, instrumentos de poder dentro del gobierno. Cuando Genaro García Luna no era el instrumento de poder, necesitaba de otros instrumentos de poder”, dijo.
Detalló que en el proceso penal abierto en México “hay detenidos, encarcelados, testigos protegidos, órdenes de aprehensión, una persona que está sujeta a extradición en España, y un montón de asuntos que está llevando a cabo el Fiscal de la República para perseguir este mismo acontecimiento que fue transexenal. La trama corrupta de García Luna se extendió durante dos sexenios”.
Asimismo, explicó que los 2 mil 500 millones de dólares representan el triple de lo que inicialmente solicitó el Gobierno a través de la UIF, debido a que tanto García Luna como Pereyra se negaron a comparecer ante la Corte del Condado de Miami-Dade, Florida.
“Finalmente lo que se demandó fueron 580 millones de dólares, pero esos 580 se han multiplicado por tres, porque esa es la ley del estado de Florida. Como ellos se negaron a comparecer en el tribunal, no se reconocieron ante el tribunal y fueron declarados por el tribunal en situación de rebeldía”, indicó.
La sentencia deriva de siete resoluciones de culpabilidad contra García Luna, su esposa y cinco empresas que formaban parte de un esquema de corrupción vinculado a contratos públicos ilegales.
La demanda civil fue presentada por el Estado mexicano en septiembre de 2021, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El titular de la UIF relató que Cristina Pereyra participó en las primeras audiencias junto con sus abogados, “pero después se retiraron, ya no quisieron participar. Entonces la sentencia se adelantó por parte de la juez, la titular de la corte, a cuenta de que no pudo haber un juicio propiamente dicho”.
Añadió que los implicados en la red de corrupción del ex secretario de Seguridad Pública también recibirán una sentencia, aunque estima que “a ellas no les van a poner el triple”.
“Hay unos que no van a pagar el triple y van a ser condenados en este proceso por una cantidad que considere la jueza. Puede ser equivalente a las cantidades que el Gobierno mexicano, a través de la UIF, presentó ante la corte”, concluyó.
MO
