El poder de Servando Gómez Martínez se impuso con sangre. Durante los años de mayor control de La Familia Michoacana y posteriormente de Los Caballeros Templarios, Michoacán fue escenario de una cadena de masacres, emboscadas y ejecuciones colectivas que marcaron a la entidad como zona de guerra.
El caso más emblemático ocurrió en julio de 2009. Doce agentes de la ahora extinta Policía Federal fueron levantados y asesinados en la región de Arteaga. Sus cuerpos fueron abandonados en la autopista Siglo XXI, en un mensaje directo contra el Estado.
Un participante en el ataque confesó que la orden fue dada por La Tuta, el mismo capo que este martes se declaró no culpable en la corte federal de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, en donde se le acusa de conspirar para traficar drogas.
El episodio de 2009 formó parte de una ofensiva sistemática que emprendió en ese entonces contra fuerzas federales.
Entre 2009 y 2010, la Policía Federal acumuló decenas de ataques en Michoacán, con más de 30 elementos muertos o desaparecidos en distintos atentados, muchos de ellos emboscados en carreteras o atacados en hoteles donde se hospedaban.
Las agresiones fueron ataques coordinados con el uso de convoyes armados y mensajes de intimidación dejados junto a los cuerpos. El fin fue exhibir control territorial y desarticular la presencia federal.
La Familia Michoacana irrumpió con actos de alto impacto
La violencia impulsada por La Tuta no se limitó a policías.
La organización utilizó ejecuciones múltiples, decapitaciones y asesinatos colectivos como herramienta para someter municipios enteros.
Desde su origen, La Familia Michoacana anunció su presencia con actos de alto impacto, como la decapitación de presuntos rivales en Uruapan en 2006, práctica que se mantuvo en la etapa templaria.
En los años siguientes, Michoacán registró cuerpos desmembrados, ejecuciones públicas y ataques simultáneos en distintas ciudades, en una estrategia para infundir terror generalizado.
Las víctimas no siempre eran rivales, de acuerdo con fuentes ministeriales. Testimonios que obran en expedientes federales refieren asesinatos de civiles para enviar mensajes o castigar supuestas traiciones.
Violencia masiva y control político de 'La Tuta'
La estructura de Gómez operaba bajo paranoia y bastaba una sospecha para ordenar ejecuciones, recuerdan las fuentes.
Incluso autoridades locales quedaron en medio de la trama de La Tuta. Alcaldes, funcionarios y policías municipales fueron asesinados o forzados a colaborar, en un esquema donde la violencia masiva era el mecanismo de control político por parte del capo.
Otro de los sellos de La Tuta fue la emboscada como método de exterminio. Patrullas completas eran atacadas en movimiento, con armas largas y bloqueos carreteros para impedir refuerzos.
Las agresiones se extendieron por municipios clave como Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, donde los grupos criminales dominaron rutas estratégicas.
Amenazas contra el gobierno
El mensaje que acompañaba estas masacres era constante, fue un desafío abierto, principalmente al gobierno de la República y contra la extinta Policía Federal.
En algunos casos, los sicarios dejaban cartulinas con amenazas para las fuerzas federales.
Durante años, Michoacán vivió bajo ese régimen de violencia de La Tuta donde las masacres fueron parte de una política criminal.
La figura de Servando Gómez resumió un líder que combinó propaganda, control político y terror extremo para sostener su poder.
Hoy, su nombre sigue ligado a una de las etapas más sangrientas del estado, un periodo en el que las ejecuciones colectivas y las emboscadas no sólo eliminaron enemigos, sino que sembraron miedo en todo un estado.
ROA
