La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma que establece que al menos 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se destine directamente a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que con este fallo histórico se cierra una etapa oscura y terrible del país, caso que fue parte de la “lucha” de su vida.
“Desde mi punto de vista, cierra una etapa obscura, una etapa terrible de la vida del país en el que los pueblos y las comunidades lo más que alcanzaron en esta Suprema Corte es el reconocimiento como comunidades de hecho, en el ámbito agrario. Cuando era evidente el despojo de tierras, nunca se les dio la capacidad jurídica plena para defender sus tierras y solo se reconoció como comunidades de hecho", declaró Ortiz.
“Yo en lo personal resalto, porque ha sido parte de mi lucha de vida y he presenciado estas injusticias, que a lo mejor no me excedo en señalar que el día de hoy estamos ayudando a cerrar este capítulo lamentable en la vida del país”, declaró.
Las propuestas
Por unanimidad, el Pleno se pronunció a favor de los proyectos del ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien puso sobre la mesa reconocer la validez del artículo 3, fracción 18, inciso B, segundo párrafo, así como el sexto transitorio ambos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 y que facultan a la Secretaría de Bienestar para emitir los lineamientos correspondientes.
La reforma fue impugnada a través de controversias constitucionales promovidas por los siguientes municipios:
- San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Huixquilucan y Metepec, Estado de México
- San Andrés Cholula, Puebla; Kanasín, Yucatán
- Municipio de Irapuato
- La Piedad, Michoacán
- San Juan de Los Lagos y Chapala, Jalisco
- San Juan del Río, Querétaro
- Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
- San Luis Potosí
Giovanni dijo que era importante señalar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, derivado de la reforma al artículo segundo de la Constitución Federal. Destacó que la citada reforma representa un avance fundamental.
“Medidas legislativas que permitan la entrega directa, equitativa y suficiente de recursos públicos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas constituye una respuesta a esa obligación para que puedan definir sus prioridades y atender sus necesidades sin intermediarios. En definitiva, las medidas presupuestales son un avance importante para hacer efectivos derechos históricamente postergados y garantizar una auténtica igualdad”, expresó.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó la propuesta al considerar que la medida hace efectivo un mandato constitucional que no puede quedar sujeto a la voluntad de las autoridades municipales.
“El reconocimiento de estos grupos sociales como sujetos de derecho público, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, debe tener consecuencias concretas, que es fortalecer su capacidad de decisión y garantizarles los medios para ejercerla”, destacó.
Añadió que la administración directa del dinero es parte de la autonomía y del respeto a la dignidad de las comunidades, por lo que la entrega de recursos no debe entenderse como una medida meramente asistencial.
La ministra María Estela Ríos González señaló que la asignación federal no implica una invasión de las competencias municipales.
Aseguró que los municipios no tienen un derecho constitucional a conservar una porción específica o invariable de los fondos federales, por lo que una modificación en su distribución no representa, por sí misma, una afectación a sus atribuciones.
Por su lado, Hugo Aguilar Ortiz destacó las implicaciones históricas de la resolución y las dificultades que enfrentaron las comunidades indígenas para ejercer derechos y recibir bienes debido a la falta de reconocimiento de su personalidad jurídica.
Relató que incluso hubo casos en los que asociaciones y fundaciones pretendían donar ambulancias a comunidades indígenas, pero estas no podían recibirlas directamente porque carecían de personalidad jurídica reconocida. En esas circunstancias, el municipio debía recibir los bienes y decidir si los entregaba a sus destinatarios.
Ministras reviven disputa sobre quien votó primero
Durante la discusión, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama intercambiaron argumentos sobre un precedente de la extinta Segunda Sala relacionado con la entrega directa de recursos presupuestales a comunidades indígenas.
Esquivel sostuvo que el criterio quedó superado con el amparo en revisión 782/2024, resuelto en julio de 2025, del que derivó una tesis sobre el derecho de las comunidades a administrar directamente recursos públicos.
“Ese criterio que menciona ella quedó superado el 5 de julio con este amparo en revisión 782/2024”, afirmó, al recordar que Batres votó en contra de aquel asunto.
“Yo le comento a la ministra Yasmín, porque ya aparece que que el tema es entre ella y yo. No, en realidad mi queja es con la anterior integración, es sí tiene que ver su propia votación, pero no, no es a la Ministra a la que cuestiono y por supuesto que no acepto de ninguna manera que yo pudiera estar en contra de la entrega de recursos a pueblos y comunidades" señaló Batres en respuesta.
“Efectivamente estuve en contra de ese amparo porque justamente no quiso resolver la entrega de recursos en este caso la comunidad indígena que se quejó”, añadió.
AG
