La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación en el caso Ayotzinapa, relacionada con la operación de funerarias en la desaparición de los 43 normalistas. Según las diligencias, el dueño de la funeraria El Ángel mantuvo comunicación con integrantes de Guerreros Unidos, además de que los teléfonos de los jóvenes posteriormente fueron usados por el propietario y servidores públicos.
Además, en la funeraria fueron localizados restos óseos, documentos oficiales en blanco con firmas y sellos, un horno clandestino y otros indicios que ahora son sometidos a peritajes para determinar si fueron utilizados para ocultar o desaparecer evidencia relacionada con los estudiantes.
De acuerdo con la investigación, el punto de partida fueron las comunicaciones que, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, sostuvieron integrantes de Guerreros Unidos, entre ellos Gabriel León Villa, La Gaby, Eduardo Joaquín ‘N’, El Chucky y una persona apodada El Gusano, con Rodolfo Rueda.
Llamadas de Rodolfo Rueda
Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial en Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), dijo que detectaron que Rodolfo tuvo ocho comunicaciones con Irving 'N', entonces estudiante y actualmente nutriólogo, quien también habría mantenido contacto con integrantes de la organización criminal.
Explicó que el análisis permitió establecer que la familia Rueda tenía una posición particularmente relevante, pues además de operar las funerarias investigadas, era concesionaria del Servicio Médico Forense (Semefo) y tenía participación en la administración de un panteón.
“Un dato muy importante para la investigación es que Rodolfo ‘N’ y su familia son propietarios de las funerarias investigadas y aseguradas, pero también son concesionarios del Servicio Médico Forense que es la institución que certifica las causas de muerte y da las autorizaciones para sepultar o incinerar a un cuerpo", detalló.
“Además, esta persona y su familia tenían una participación directa en la administración del panteón. Rodolfo ‘N’ tenía el control desde el levantamiento de un cuerpo, su identificación y la certificación de la causa de muerte, el resguardo de los cuerpos, así como la autorización y destino de éstos”, explicó.
El funcionario mencionó que la línea de investigación tomó mayor fuerza en agosto de 2025, cuando las autoridades detectaron que, el 4 de octubre de 2014, Rodolfo habría utilizado un teléfono celular que pertenecía al estudiante Julio César Mondragón Fontes, uno de los normalistas desaparecidos.
“Es por ello que en octubre del año 2025 realizamos un cateo en la funeraria El Ángel. Al ingresar encontramos irregularidades relevantes que permiten comprender la gravedad de esta investigación. Precisar que dentro de la misma propiedad funcionaba el Servicio Médico Forense y, de acuerdo con los elementos recabados, ese servicio también era operado y controlado por los propietarios de la funeraria", explicó.
“Eso significa que una misma familia concentraba la operación de una institución encargada del manejo de cuerpos y de una negociación dedicada a prestar servicios funerarios”, apuntó en conferencia de prensa para dar a conocer los avances de la pesquisa.
No obstante, uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fueron certificados de defunción, oficios para el traslado de cadáveres y autorizaciones de inhumación que se encontraban en blanco, pero que ya contaban con firmas y sellos oficiales.
El fiscal consideró que estos documentos podían permitir la incorporación posterior de información que no necesariamente correspondiera con la realidad. Por ejemplo, una muerte violenta podría eventualmente hacerse constar como natural; un traslado podría documentarse con datos falsos o una inhumación quedar respaldada por documentación oficial que no correspondiera con el cuerpo.
Ahora, la FGR trabaja para determinar si estos documentos fueron utilizados de esa manera. Como resultado del cateo, fueron aseguradas la funeraria, sus dos hornos crematorios, el horno clandestino y diversos indicios.
Asimismo, Rodolfo y su hijo del mismo nombre fueron detenidos, vinculados a proceso y sujetos a prisión preventiva en el penal del Altiplano.
Restos óseos y cuerpos con expedientes duplicados
Los hallazgos llevaron a las autoridades a revisar también las instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala. El 8 de diciembre de 2025 se realizó un segundo cateo.
En el lugar fueron encontrados, de acuerdo con la investigación, restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas y restos que presentaban referencias de fechas que se remontaban a 2014. En la parte posterior del inmueble fueron localizados restos óseos calcinados y piezas dentales dentro de un colchón.
Posteriormente, las autoridades realizaron jornadas de búsqueda en el predio de la funeraria, con la participación de representantes de las madres y padres de los estudiantes y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los trabajos continuaron hasta junio de 2026 y permitieron localizar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentación.
A petición de las familias de los estudiantes, también intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para participar en el análisis de los indicios.
Uno de los hallazgos ocurrió el 26 de marzo de 2026, cuando fueron localizados restos óseos ocultos y enterrados en la parte posterior del predio. Los estudios periciales establecieron una coincidencia genética entre uno de esos restos y otro fragmento localizado por la FGR el 17 de diciembre de 2021, a 123 kilómetros del Semefo, en el camino a las antenas de Mezcaltepec, municipio de Taxco.
Testigos colaboradores
Los antecedentes documentados por la investigación establecen que la operación del Semefo de Iguala y la participación de integrantes de la familia Rueda se remontan a 2010, bajo supervisión del gobierno de Guerrero.
La hipótesis cobró fuerza a partir de los hallazgos y de las declaraciones de testigos colaboradores identificados como Sonia, Damián y Neto, rendidas entre 2020 y 2025.
De acuerdo con esas declaraciones, algunos de los estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias con el propósito de desaparecer evidencia mediante procesos de incineración.
Las investigaciones derivaron en un segundo proceso penal contra Rodolfo padre, por los probables delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, esta última en agravio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Además, el 17 de junio de 2026 fueron libradas siete órdenes de aprehensión. Cuatro están relacionadas con integrantes de la familia Rueda (Rodolfo padre, Violeta 'N', Rodolfo hijo y Hellen 'N') por presuntos delitos de desaparición forzada vinculada con la operación de la funeraria y el control del servicio médico forense.
¿Qué revelaron los teléfonos de los estudiantes?
El reanálisis de las comunicaciones también permitió a las autoridades identificar a personas que utilizaron los teléfonos celulares de los estudiantes después de su desaparición.
Uno de los casos corresponde al teléfono de Jorge Antonio Tizapa Legideño. Los registros permitieron identificar que el aparato fue utilizado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 por Mauro 'N', un exservidor público de Iguala, es decir, casi un mes después de la desaparición de los normalistas.
Otro aparato, perteneciente al estudiante Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fue utilizado por un policía municipal de Iguala el 30 de septiembre de 2014 y posteriormente por su pareja sentimental.
Un tercer caso corresponde al teléfono de Israel Caballero Sánchez, utilizado después de su desaparición por la esposa de José Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla, en Iguala.
Esta información reforzó, de acuerdo con la investigación, la línea relacionada con el posible traslado de estudiantes a la barandilla municipal.
Las autoridades también cuentan con siete declaraciones, cuatro de policías municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y una de un sobreviviente, que son analizadas junto con los registros telefónicos para establecer qué ocurrió con los estudiantes después de su detención.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, comentó que se mantienen procesos penales contra cinco exservidores públicos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el extitular Jesús Murillo Karam y Gualberto Gutiérrez, exdirector del área de secuestros.
Respecto a la solicitud de las familias para revisar los folios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Segob confirmó que, tras una revisión minuciosa ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, se determinó que la dependencia militar ya había entregado toda la información disponible.
Finalizó diciendo que la revisión de las lineas celulares y las inspecciones a los servicios funerarios serán parte de los cinco objetivos prioritarios de la nueva estrategia.
AG
