Algunos estudiantes de Ayotzinapa fueron llevados a barandilla de la Policía de Iguala y sus teléfonos celulares siguieron siendo utilizados tras la desaparición de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en septiembre de 2014.
Este lunes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, y el fiscal del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, de la Fiscalía General de la República (FGR), presentaron nuevas líneas de investigación sobre el caso.
Teléfonos celulares fueron utilizados posteriormente
Pazarán indicó que se han realizado indagatorias sobre los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos, en el sentido de que se ha trabajado para establecer si los dispositivos fueron utilizados posteriormente.
"Uno de los primeros casos es el relacionado con el aparato telefónico del estudiante Jorge Antonio Tizapa Legideño. Este reanálisis permitió identificar a las personas que utilizaron posteriormente este equipo", dijo el fiscal especial del caso.
"De estos avances tenemos resultados positivos. El primero que aparece dentro de esta línea es Mauro 'N', exservidor público en Iguala, quien, de acuerdo a los registros, podemos afirmar que utilizó el aparato telefónico del estudiante en un periodo comprendido del 23 al 25 de octubre del año 2014, es decir, a casi un mes de la desaparición del estudiante".
Con ese objetivo de prueba, en relación con diversas testimoniales, es que el 25 de agosto de 2026, la jueza segunda de distrito en materia penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, otorgó orden de aprehensión en contra de Mauro 'N', por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El fiscal especial afirmó que continúan las indagatorias para conocer qué otras personas podrían haber utilizado posteriormente ese dispositivo.
En la línea de las sábanas telefónicas existentes, se logró identificar otro teléfono celular perteneciente al estudiante Jorge Anibal Cruz Mendoza, que fue utilizado por un policía municipal de Iguala el 30 de septiembre de 2014 y, posteriormente, por su pareja sentimental.
"Este hallazgo no es aislado, un teléfono no es solo un objeto. Analizado técnicamente, puede convertirse en una fuente relevante de información para establecer conexiones entre personas, lugares y momentos".
"De las pruebas recabadas hasta el momento, se conoció que el policía municipal laboró activamente aquella noche de los hechos. Y esto es relevante, ya que pudo haber participado en la detención y posterior desaparición de los estudiantes".
Indagatorias relacionadas con la barandilla
De manera similar ocurrió con el equipo telefónico del estudiante Israel Caballero Sánchez, el cual fue utilizado con posterioridad a su desaparición, que fue utilizado por la esposa de un exfuncionario municipal adscrito a la barandilla, en funciones el día de los hechos.
"Del reanálisis del hecho al teléfono de Israel Caballero Sánchez, nos refuerza esta línea de investigación relacionada con el traslado de alguno de los estudiantes a lo que se denomina la barandilla de Iguala".
"Además, existen otros elementos de prueba que refuerzan esta línea de investigación y contradicen lo declarado por José Ulises 'N', quien afirmó que únicamente el día de los hechos, seis personas detenidas habían ingresado a esta barandilla. Las investigaciones reúnen siete declaraciones, de las cuales cuatro son de policías municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y una de ellas de un sobreviviente".
José Ulises Bernabé, clave en el caso
El fiscal especial comentó que, para esclarecer qué pasó en la barandilla de Iguala, es necesario continuar con las indagatorias de José Ulises Bernabé, que entonces se desempeñaba como juez de barandilla en la comandancia municipal.
El exfuncionario
"La investigación de José Ulises resulta relevante por los testimonios que ubican a aproximadamente 17 estudiantes normalistas en la comandancia municipal de Iguala, antes de ser trasladados a un destino desconocido".
"Actualmente, existe una orden de aprehensión vigente por desaparición forzada, y el Estado mexicano mantiene un procedimiento de extradición ante Estados Unidos. La importancia de traer a Ulises Bernabé ante la justicia mexicana radica en saber si esa noche un grupo de jóvenes fueron llevados a Barandilla. ¿A quién se los entregó? ¿Y qué pasó con ellos?".
Padres de los 43 piden regreso del GIEI
El 26 de septiembre de 2026, madres y padres de los 43, así como activistas y sociedad civil, marcharon en Guerrero, la capital del país y otras ciudades con motivo de los 12 años de la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala.
Entre las principales consignas destacaron que familiares exigieron al gobierno federal el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su momento logró los mejores avances del caso.
Al concluir la movilización, también reconocieron los avances del presente gobierno federal, aunque señalaron que “aún falta la presentación con vida de nuestros hijos”.
“¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están los 43? Esas han sido nuestras preguntas los últimos 12 años. No tenemos respuesta. Respetamos y reconocemos los avances en las investigaciones de parte del Estado mexicano. Pero, a pesar de ello, no tenemos la información de dónde están los 43 estudiantes”, afirmó una madre.
¿Qué pasó en Ayotzinapa?
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 se registró la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
Entonces, corporaciones de la Policía Municipal interceptaron y abrieron fuego contra los autobuses en los que se trasladaban los normalistas. De acuerdo con las investigaciones, agentes locales y civiles armados vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos serían los responsables de las agresiones de aquella jornada.
Los ataques dejaron un saldo de seis personas asesinadas, al menos 40 heridas y la desaparición de los 43 jóvenes, cuyo paradero continúa sin conocerse.
Mientras la "verdad histórica" trató de establecer inicialmente que las víctimas fueron incineradas en un basurero del municipio vecino de Cocula, la administración actual mantiene abiertas nuevas líneas de investigación.
Con información de Israel Navarro y Jorge Becerril.
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