M+.- ¿México cree en las segundas oportunidades? De acuerdo con el Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí, pero de acuerdo con la opinión pública, el discurso político y lo que se vive dentro de las 325 prisiones que hay a lo largo y ancho del país, no.
Si bien la legislación mexicana está diseñada para encaminar a las personas privadas de la libertad hacia una reinserción social, en la práctica el sistema ha fallado. Al menos el 35% de cada 100 personas que salen de prisión vuelven a reincidir según estimaciones que el Dr. Virgilio Tanús, especialista en derecho penal, compartió en entrevista con MILENIO.
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El panorama no es casualidad sino resultado de una estrategia de seguridad que no ha considerado la reinserción social como un eje primordial. ¿Los motivos? Hablar de beneficios para la población carcelaria no es un discurso aceptado políticamente ni entre la ciudadanía.
"En México la gente no entiende el concepto de reinserción ni lo quiere [...] La gente quiere venganza, la gente quiere que al violador lo castren, que al asesino lo maten, que al secuestrador le pongan cadena perpetua. Entonces, la verdad es que en México no vende políticamente el discurso. Imagínate a alguien que quiera ser gobernador o presidente de este país y que al electorado le diga 'Yo les voy a proponer que bajemos las penas, que tratemos bien al delincuente, que le demos educación y el trabajo que no tuvo fuera'. Pues la gente no necesariamente va a votar a favor de ese candidato ¿no?", explicó a este medio el también socio director de Tanús, Salazar & Azaola.
Pese a que con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia se consideró la atención a las causas como un pilar de la estrategia de seguridad nacional de su gobierno, dicha medida atiende en mayor medida a la prevención del delito, más no a resarcir los daños del tejido social los cuales se ubican dentro y fuera de las prisiones mexicanas.
El fracaso del punitivismo
Desde el 1 de octubre de 2024 y hasta el 31 de mayo de 2026 se han detenido en el país a 56 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto. El dato, presentado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante una de las tradicionales conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue celebrado por parte de la ciudadanía mientras que generó preocupación para otros sectores de la misma.
Apenas en agosto de 2025, en el marco de la segunda entrega de más de una veintena de generadores de violencia a Estados Unidos, el mismo funcionario informó que algunos de ellos continuaban operando desde el interior de algunas cárceles en México, dejando entrever no sólo el estado del sistema penitenciario sino también como, en ocasiones, los arrestos no resultan suficientes como estrategia de seguridad.
el dato...¿Cuántas personas privadas de la libertad hay en México?
De acuerdo con un informe del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) de la SSPC, hasta mayo de 2026 la población privada de la libertad en México era de 268 mil 245 personas: 251 mil 163 hombres y 17 mil 82 mujeres.
Pese a que la detención de responsables de hechos delictivos sí es un paso indispensable para la procuración de justicia, dicha diligencia es tan solo el inicio de un proceso de reinserción social que el Estado debería estar garantizando según lo marca la legislación mexicana. No obstante, la realidad dista de dicho escenario.
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En palabras del Dr. Virgilio Tanús la estrategia en México para evitar la reincidencia se ha centrado en aumentar las penas para las personas privadas de la libertad, de modo que sentencias de 70 y hasta 100 años en prisión son una realidad en México. Si bien eso evita que vuelvan a delinquir en las calles, el costo a pagar es alto social y económicamente hablando.
Por ejemplo, de acuerdo con las estimaciones del especialista en materia penal, cada persona privada de la libertad en el país le cuesta en promedio 4 mil pesos al día a los mexicanos, una cifra que se tiene que multiplicar por los 268 mil 245 internos que se encuentran en centros penitenciarios mexicanos. Ese tan sólo sería el costo diario.
“Multiplícalo al mes, multiplícalo al año y la conclusión es que a México le cuesta lo mismo tener a 250 000 personas detenidas que lo que invertimos en 500 000 personas estudiando en la UNAM en nuestro país. Lo cual no tiene lógica [...] Fíjate, la inversión más cara para un país, o sea, la construcción más cara es un aeropuerto internacional. La segunda inversión es una presa hidroeléctrica. La tercera es una prisión. Y tenemos 325 prisiones. Te juro que no tenemos 325 aeropuertos ni 325 presas hidroeléctricas. Entonces, lo que México invierte en prisiones es una locura”, reflexionó el Dr. Virgilio Tanús en entrevista con MILENIO.
Es así como la inversión del estado se ha enfocado únicamente en el castigo que conlleva para las personas estar privadas de la libertad y no en una atención a las causas y a los temas de política pública, los cuales también se agravan sin una correcta reinserción social toda vez que, las 268 mil 245 personas privadas de la libertad también se traducen en 268 mil 245 familias desintegradas o sin sustento económico. Un contexto que vuelve a miles o millones vulnerables a involucrarse en algún acto de criminalidad.
Otro de los efectos adversos de las altas penalidades que hay en México es que, dada la precariedad o el autogobierno que existe en algunos centros penitenciarios, algunas de las personas privadas de la libertad salen en peores condiciones que las que entraron. El aislamiento de tantos años, sumado a dicho entorno también genera que las y los internos desarrollen un enojo o rencor social, el cual puede el aumentar el nivel de criminalidad que estuvo desarrollando en prisión una vez que recupere su libertad o, incluso, desde que sigue adentro de prisión.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) de la SSPC documentó que, hasta mayo de 2026, 158 centros penitenciarios en México presentaban problemas de sobrepoblación. Asimismo, en 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analizó las condiciones de 145 centros penitenciarios y documentó actividades de autogobierno/cogobierno en 13 de ellos.
Educación y trabajo: las claves de una reinserción social eficaz
El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su segundo párrafo que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
De forma, la reinserción social es primordial para el Estado pero de fondo, la realidad de las cárceles en México lo contradicen. El OADPRS de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) documentó que hasta mayo de 2026 del total de personas privadas de la libertad en México, 83 mil 278 cuentan con la secundaria completada mientras que 42 mil 694 únicamente cuentan con la primaria concluida. En ese contexto la impartición de clases dentro de prisión se presenta como una oportunidad para impulsar la reinserción social, sin embargo, eso no sucede en el sistema penitenciario mexicano o al menos no de forma eficiente.
"Si tú vas a un reclusorio te van a decir que dan clases de derecho y que dan un par de clases más pero fíjate en una población penitenciaria de 10, 15 o 20 mil personas, le dan clases únicamente a 40. Por supuesto que no los puedes obligar a tomar clases pero yo no entendería por qué la gente no querría salir en mejores condiciones académicas de las que ha entrado ¿por qué no se hacen alianzas con las cámaras y las confederaciones de empresas para que realmente el interno desde dentro del reclusorio pues pueda estudiar?", expuso a MILENIO el Dr. Virgilio Tanús.
La apuesta por la educación recae en estadísticas que sustentan que un mayor nivel educativo en una población se traduce en la disminución de índices de criminalidad. Es decir, una persona con un mejor nivel educativo va a ser más difícil que se involucre en un hecho delictivo. Entonces si ya hay más de 250 mil personas privadas de la libertad ¿por qué el Estado no les provee educación, una carrera técnica, un oficio o un trabajo asegurado para prevenir su reincidencia?
En cuestión de empleos, las posibilidades también apuntan a la iniciativa privada que al contratar a personas privadas de la libertad o recién liberadas podría tener un doble beneficio. Por un lado, aquel empresario que opte por montar sus plantas o parte de sus fábricas dentro de centros penitenciarios no sólo tendría la certeza de la seguridad de su negocio sino que también generaría ingresos lícitos para sus empleados quienes, a su vez, podrían seguir sosteniendo a sus familias fuera de prisión.
"Los alejas de la criminalidad, los alejas de los vicios, de la drogadicción dentro de los centros penitenciarios. Eso sí es generar una reinserción social, ¿no? [...] Imagínate que yo estoy dentro del centro penitenciario, ya tengo un trabajo fijo con una empresa X, pues yo sé que saliendo inmediatamente voy a seguir con ese trabajo. ¿Qué podemos darle a los empresarios? Pues darles un incentivo: ‘Oye, si tú contratas gente que viene de un centro penitenciario, pues vas a tener tantos incentivos fiscales’", plantea el socio director de Tanús, Salazar & Azaola.
De este modo, la inversión en educación, en prevención y en empleos formales en lugar de únicamente castigos no sólo es un beneficio para las personas privadas de la libertad sino también para el resto de la sociedad.
La pacificación del país empieza en las prisiones
¿Por qué la reinserción social no es una prioridad para el Estado? Dado que la legislación ubica las prisiones como centros de reinserción social y no de castigo, la respuesta a dicha pregunta apunta a la voluntad política. Si bien socialmente es complicado entender que a las personas privadas de la libertad se les den beneficios, también resulta pertinente comprender cómo la pacificación del país empieza, muchas veces, desde un centro penitenciario.
“La propia población penitenciaria controla el 35% de los centros penitenciarios. Entonces, imagínate como gobierno, si ni siquiera tú, papá gobierno, puedes con controlar lo que pasa dentro de cuatro paredes de un techo, no puedes controlar lo que pasa ahí. ¿Cómo vas a controlar una sociedad de libertad? ¿No? Entonces, la verdad es que o sea, el reto que tiene México es enorme”, reflexiona el Dr. Virgilio Tanús.
Reducir las sentencias, invertir en educación y trabajo así como en políticas públicas que atiendan a las familias de aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad permiten que la estrategia de seguridad vaya más allá de las detenciones y que hagan de la reinserción social una herramienta integral, pero sobre todo, real.
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Dar trabajo a quien secuestró o apoyo a quien robó no necesariamente se entiende socialmente y por ende tampoco es un discurso político que se pueda vender. No obstante, el costo por negarse a ver la realidad del sistema penitenciario es alto desde cualquier punto de vista.
"La Constitución cuando habla de una reinserción social pues manda el mensaje entre líneas de que somos un país de segundas oportunidades bueno, entonces, vamos a ser congruentes con ese discurso. Ok, ya te tengo aquí, entiendo que llegaste por robo pues ¿por qué? Porque no tuviste educación, no tuviste política social, no tuviste acceso a la salud, a la vivienda. Bueno, aquí ya tienes casa, ya estás detenido, te voy a dar la educación que no tuviste, te voy a generar el trabajo que no tuviste para que cuando salgas no regreses. Eso es una segunda oportunidad", apuntó el Dr. Virgilio Tanús, especialista en derecho penal.
Entonces, la discusión se centra en si como país ¿creemos o no en las segundas oportunidades?
ATJ
