En 2011, pequeños grupos de criminales de bajo perfil operaban desde Puerto Vallarta, Jalisco, un complejo esquema en el que defraudaban a propietarios de tiempos compartidos para quitarles decenas y hasta cientos de miles de pesos bajo falsas promesas de venta.
Un año después, el pez más grande se comió al chico: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , dueño de la plaza criminal de la zona, y del estado en general, comenzó a cobrarle piso a los propios criminales locales hasta que, eventualmente, se adueñó de la operación.
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Así opera el CJNG para lavar dinero
La operación se conforma de tres subesquemas fraudulentos, además de una compleja estructura para blanquear los fondos e ingresarlos a las arcas del cártel.
“El fraude de esquemas con tiempos compartidos es un esquema de cuotas por adelantados en que las víctimas propietarias de tiempos compartidos, muchas de las cuales eran residentes y ciudadanos de Estados Unidos, eran inducidas fraudulentamente a pagar dinero por adelantado para vender o rentar sus tiempos compartidos bajo el pretexto de cuotas o impuestos, a cambio de la falsa promesa de recibir dinero después”.
“A pesar de pagar las cuotas adelantadas, las víctimas propietarias de tiempos compartidos no recibían los recursos prometidos y no podían recuperar los pagos por adelantado”, señala la acusación de la fiscalía estadunidense en la materia.
Después, señala el expediente en poder de MILENIO, otros operadores del cártel, que se hacen pasar por firmas de abogados, contactan a las víctimas para ofrecerles asesoría legal para obtener sus recursos de vuelta, nuevamente, bajo la condición de pagos por adelantado.
“A pesar de pagar las cuotas por adelantado, las víctimas no reciben ningún pago en conexión con la acción legal supuestamente tomada contra los perpetradores de la venta del tiempo compartido o del subesquema de rentas”, detalla el documento.
Luego, hay un tercer paso. Otros socios del cártel se hacían pasar por agentes del gobierno mexicano o estadunidense, quienes aseguraban poder ayudar a las víctimas. Nuevamente, solicitaban pagos de cuotas por adelantado y defraudaban a las personas.
FBI identifica principales víctimas
Según el FBI, las personas afectadas tienen 60 años o más, un nivel de vida alto y con interés en deshacerse de tiempos compartidos. Para poder ayudar a sus connacionales y, además, recolectar evidencia para los casos criminales, puso a disposición el contacto del Centro de Quejas de Crímenes por Internet del buró, en ic3.gov.
El caso criminal pone a dos miembros del cártel, medios hermanos, al frente de la operación: Julio César Montero Pinzón, más conocido como El Tarjetas o El Chess y miembro senior del CJNG, y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
Según las investigaciones, encabezadas por el Buró Federal de Investigaciones, El Tarjetas ha sido el representante y encargado del CJNG para la operación fraudulenta con tiempos compartidos.
“Desde aproximadamente 2021, para el avance del esquema de fraude con tiempos compartidos, el acusado Julio César Montero Pinzón participó en la creación y manejo de una red financiera para recibir y lavar los recursos de las víctimas del esquema de fraude con tiempos compartidos, incluyendo el coordinar la adquisición y uso de pagadores para que las cuentas de banco reciban y laven el dinero de las víctimas”, señala Washington.
Entre octubre y diciembre de 2015, una de las víctimas transfirió primero 76 mil dólares, cerca de millón y medio de pesos, de su banco en Estados Unidos a una cuenta bancaria en México a nombre de una empresa ficticia del CJNG. Después, hizo lo mismo con 295 mil dólares, casi 6 millones de pesos, a otra cuenta de otra empresa ficticia del cártel.
Ese dinero fue rastreado finalmente a una tercera empresa, que recibió al menos 8 millones 169 mil pesos, y que era controlada por El Tarjetas a través de un intermediario, o pagador.
Call centers del CJNG
Griselda Arredondo, por otro lado, actuaba como contadora personal de su medio hermano, Julio César Montero. Trabajaba en una oficina central del CJNG desde donde se operaba una red de call centers, con los que se contactaba a las víctimas para involucrarse en el fraude.
Según la Fiscalía estadunidense, los operadores del CJNG en los call centers obtienen listas de potenciales víctimas a través de contactos en hoteles y resorts en la zona de Puerto Vallarta, y después las contactaban usando guiones diseñados específicamente para hacer caer a las víctimas en la trampa.
Una vez que las víctimas accedían, en cualquiera de las tres etapas del fraude, entraban en la escena personas conocidas como pagadores.
Se encargaban de recibir, primero, las transferencias en bancos en Estados Unidos, después, enviaban el dinero a varias cuentas en bancos en ese mismo país para después transferirlas directamente a cuentas en bancos mexicanos en menores cantidades, para evitar levantar sospechas de autoridades financieras o reguladoras de ese país.
En México, las cuentas eran operadas y supervisadas por contadores como Griselda, la hermana de El Chess.
La operación se ha vuelto tan sofisticada que el cártel incluso ha comenzado a cambiar dólares y pesos por criptomonedas.
“Por órdenes de Montero Pinzón, cerca de abril de 2025 y mayo de 2025, Montero Pinzón recibió de un pagador aproximadamente 22 mil dólares en la criptomoneda Tether”, asegura el expediente criminal contra los medios hermanos.
Hoy, aunque se encuentran en busca y captura, ambos enfrentan una serie de acusaciones por conspirar para cometer fraude con transacciones, conspiración para dar apoyo material a una organización terrorista extranjera, dar apoyo material a una organización terrorista extranjera y lavado de dinero.
Julio César Montero también se encuentra en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a otros operadores del esquema como el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, junto a un puñado de empresas, muchas de ellas del sector turístico, vinculadas a la operación criminal.
Otra persona vinculada al caso, y que también fue sancionada por la hacienda estadunidense es el empresario Eduardo Pardo Espino, quien al igual que Ibarra, es señalado por usar sus firmas para facilitar el blanqueamiento de fondos obtenidos del esquema de fraudes con tiempos compartidos.
Junto a Pardo, quien también es acusado por tráfico de metanfetamina, son señalados Brayan Moises Luquin Rodríguez, Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla, Luis Lorenzo Gómez Arias, Clemente Padilla Zarate, Pedro Rivas Sánchez y Ian Jassiel González Villegas.
“Con esas compañías se hacían pagos directos a miembros del cártel (…) de alto rango”, dijo a MILENIO un funcionario de inteligencia financiera en 2023.
De acuerdo con el FBI, solo entre 2019 y 2023 unas seis mil víctimas han sido reportadas, con pérdidas de unos 300 millones de dólares, aunque se estima que la cifra es mucho mayor.
RM
