M+.- La ofensiva del gobierno de Claudia Sheinbaum contra las estructuras de mando, redes financieras y operadores regionales del crimen organizado comenzó a modificar las operaciones de los cárteles en México, que recurrieron a nuevas formas de violencia, desplazaron sus disputas territoriales y redujeron su exposición ante las fuerzas de seguridad.
Así lo advirtió un estudio publicado por la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, que además identificó una disminución del 19 por ciento en los eventos violentos protagonizados por grupos armados no estatales durante los primeros ocho meses de 2026.
Aunque también alertó que esa reducción no necesariamente significó el debilitamiento de las organizaciones criminales, sino que pudo responder a una adaptación de sus operaciones frente a la presión gubernamental.
Entre los cambios detectados estuvieron el desplazamiento de enfrentamientos hacia nuevos municipios, el uso creciente de drones explosivos y minas terrestres improvisadas, así como el recurso a desapariciones forzadas para ejercer control territorial mediante formas de violencia menos visibles.
El análisis, elaborado por Sandra Pellegrini, responsable regional para América Latina y el Caribe de la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), reconoció un giro hacia operaciones más directas contra los cárteles durante la administración de Sheinbaum, aunque consideró prematuro evaluar los resultados definitivos de su estrategia.
El estudio, titulado “Presión y adaptación: la transformación del panorama criminal de México bajo Sheinbaum”, fue publicado en septiembre de 2026 en CTC Sentinel, revista del Centro de Combate al Terrorismo de West Point.
La investigación documentó que los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y organizaciones criminales aumentaron 26 por ciento durante 2025 respecto del año anterior, al pasar de 851 a mil 75 incidentes.
Sin embargo, entre enero y el 28 de agosto de 2026, esos enfrentamientos disminuyeron de 780 a 621 respecto del mismo periodo de 2025, una reducción de 20.4 por ciento.
Pellegrini señaló que, aunque la estrategia de Sheinbaum compartió características con la política de captura de grandes capos aplicada durante el gobierno de Felipe Calderón, incorporó una mayor utilización de inteligencia para desarticular operaciones financieras, detener mandos intermedios y afectar las redes logísticas de los grupos delictivos.
A diferencia de una estrategia centrada exclusivamente en eliminar dirigentes criminales, la actual ofensiva también buscó debilitar los recursos económicos y operativos que permitieron a las organizaciones mantener sus actividades.
A estas acciones se sumaron despliegues de fuerzas federales y programas sociales dirigidos a atender las condiciones que facilitaron el reclutamiento de integrantes por parte de los grupos criminales.
Tendencia no homogénea de la violencia
De acuerdo con los registros de ACLED, los eventos de violencia protagonizados por grupos armados no estatales, sin incluir sus enfrentamientos con fuerzas gubernamentales, disminuyeron aproximadamente 19 por ciento a escala nacional entre enero y agosto de 2026, frente al mismo periodo de 2025.
No obstante, el comportamiento fue desigual entre entidades y municipios, lo que evidenció que las operaciones de seguridad también coincidieron con reacomodos territoriales y nuevas disputas entre organizaciones criminales.
En Sinaloa, los incidentes violentos disminuyeron 29 por ciento; en Michoacán, 15 por ciento, y en Jalisco, 41 por ciento. En contraste, Morelos registró un incremento cercano al 78 por ciento.
El estudio advirtió que estas diferencias reflejaron la capacidad de adaptación de las organizaciones delictivas y los distintos efectos de la presión gubernamental sobre territorios dominados por un solo grupo o disputados por varias organizaciones.
En Sinaloa, por ejemplo, el reforzamiento de las fuerzas federales y las operaciones contra dirigentes criminales coincidieron con una disminución de la violencia en Culiacán, principal escenario de la confrontación entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.
Sin embargo, las disputas se extendieron hacia municipios del sur de la entidad, donde los incidentes violentos se duplicaron en Mazatlán y se multiplicaron por cinco en Escuinapa respecto de 2025.
La investigación señaló que la concentración de operaciones en Culiacán pudo contribuir al desplazamiento del conflicto hacia otras regiones, mientras las organizaciones mantuvieron sus enfrentamientos por el control territorial y las economías criminales.
Una situación similar fue identificada en Michoacán, donde la presencia militar y las operaciones federales coincidieron con una reducción de 31 por ciento de la violencia en Apatzingán y de 55 por ciento en Buenavista.
Pese a esos descensos, las disputas criminales avanzaron hacia municipios productores de aguacate y comunidades de la Meseta Purépecha, donde las organizaciones buscaron conservar el control de actividades económicas sujetas a extorsión.
En Morelos, el comportamiento fue distinto.
Las operaciones federales y estatales contra redes de extorsión, las capturas de dirigentes criminales y las detenciones de funcionarios municipales, presuntamente vinculados con organizaciones delictivas, coincidieron con un incremento cercano al 78 por ciento en los incidentes violentos durante los primeros ocho meses del año.
El análisis señaló que el debilitamiento de determinadas estructuras criminales pudo abrir oportunidades para que grupos rivales disputaran el control de los mercados de extorsión.
En Yautepec, los hechos violentos registrados entre enero y agosto de 2026 casi duplicaron todos los documentados durante 2025, mientras que en Cuautla alcanzaron cinco veces el total del año anterior.
El estudio también destacó las detenciones de autoridades municipales de Morelos dentro de la Operación Enjambre, dirigida a investigar redes de corrupción y presunta colaboración entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.
Pese a esas acciones, los niveles de violencia permanecieron elevados en municipios intervenidos por las autoridades.
En Jalisco, la reducción de 41 por ciento en los incidentes violentos tampoco representó necesariamente el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pese a la muerte de su dirigente, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, durante una operación federal en febrero de 2026.
“Esta disminución puede ser el resultado de la adaptación criminal más que de una mayor presión de seguridad en el estado”, señaló el documento.
La investigación sostuvo que el CJNG conservó cohesión interna y capacidad operativa, por lo que la reducción de los enfrentamientos pudo responder a un repliegue táctico para limitar su exposición ante las fuerzas de seguridad.
A diferencia de la fragmentación registrada en el Cártel de Sinaloa, la muerte de su principal dirigente no había provocado, hasta el corte del estudio, una guerra interna de dimensiones similares dentro del CJNG.
Cambian tácticas de violencia
Además del desplazamiento territorial de las disputas, el análisis identificó una transformación en los métodos utilizados por las organizaciones criminales para enfrentar a sus adversarios y conservar el control de territorios.
Ante el reforzamiento de las operaciones federales, los grupos delictivos recurrieron cada vez más a mecanismos de agresión a distancia y modalidades de violencia que redujeron su exposición a enfrentamientos directos.
Durante 2026, ACLED documentó al menos 54 ataques con drones perpetrados por organizaciones criminales, principalmente en escenarios de alta confrontación como Sinaloa y Michoacán.
La investigación advirtió que el uso de estos dispositivos, anteriormente empleados sobre todo para vigilancia o transporte de drogas, evolucionó hacia ataques mediante explosivos improvisados contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.
En Michoacán, entre enero y agosto de 2026, ACLED registró al menos 33 incidentes relacionados con explosivos remotos, minas terrestres o artefactos explosivos improvisados, una cifra cercana a la documentada durante todo 2025.
El estudio señaló que estas tácticas permitieron a las organizaciones criminales impedir el avance de sus adversarios y ejercer control sobre zonas agrícolas, particularmente las dedicadas a la producción de aguacate y limón, donde la extorsión representó una fuente de ingresos.
Los nuevos métodos también incrementaron los riesgos para trabajadores agrícolas y habitantes de comunidades situadas en territorios disputados.
Otra transformación identificada fue el recurso de desapariciones forzadas como mecanismo de violencia menos visible.
La investigación advirtió que la crisis de desapariciones en México dificultó evaluar los resultados de las políticas de seguridad únicamente mediante la disminución de homicidios o enfrentamientos armados.
También señaló que las organizaciones criminales podían reducir sus manifestaciones públicas de violencia sin abandonar necesariamente el control territorial, las redes de extorsión o su capacidad de intimidación.
Por ello, planteó que los indicadores de seguridad debían incorporar información sobre las economías criminales y, particularmente, sobre el cobro de piso, como una medida del poder que ejercieron los grupos delictivos sobre comunidades y actividades productivas.
El análisis concluyó que la presión gubernamental estaba contribuyendo a modificar el equilibrio entre organizaciones criminales, sus métodos de operación y la distribución territorial de la violencia.
Sin embargo, advirtió que la concentración de operativos en determinadas regiones podía trasladar las disputas hacia otros municipios y generar nuevos focos de confrontación.
La investigación precisó que los patrones identificados no demostraron por sí mismos una relación causal entre las operaciones de seguridad y los cambios en la violencia.
Pellegrini sostuvo que todavía era prematuro determinar el éxito de la estrategia federal y que una evaluación más completa debía considerar no sólo la reducción de incidentes violentos, sino también la permanencia del control criminal, las desapariciones, la extorsión y la capacidad de las organizaciones para reorganizarse frente a las acciones del Estado.
LG
