Mañana lunes 23 de marzo se cumplen 32 años del magnicidio del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado durante un evento de campaña en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
Durante todo ese tiempo no se le ha dado carpetazo al caso, a pesar de que el supuesto autor material del crimen lleva varios años tras las rejas.
Es por eso que de cara al aniversario luctuoso del candidato priista, MILENIO hace una actualización de las últimas noticias del caso Colosio.
Te recomendamos leer...
Mario Aburto presiona para salir
A principios de año, la defensa de Mario Aburto —acusado del asesinato de Luis Donaldo Colosio— argumentó que su cliente debió haber sido juzgado con el Código Penal de Baja California, vigente en ese año, y no bajo el fuero federal, lo que implicaría una pena menor a la que actualmente está pagando.
Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Mario Aburto Martínez, quien fue sentenciado desde 1994 por el magnicidio del candidato presidencial.
Su abogado, Jesús González, dijo en entrevista con Carlos Zúñiga para MILENIO que el análisis del máximo tribunal se centra en la competencia legal con la que se resolvió el caso originalmente, así como en el cumplimiento de una sentencia de amparo que, de ejecutarse, permitiría la liberación inmediata de Aburto.
Hay que recordar que desde hace más de tres años, el equipo legal del acusado busca ampararlo; sin embargo, la situación se ha aplazado debido al descubrimiento de un posible segundo tirador en la escena del crimen.
Finalmente, el abogado de Aburto consideró que el caso tiene implicaciones históricas y políticas que van más allá de lo individual.
“Se hizo mucho daño al país con la forma en que se procesó este juicio, y Mario Aburto nunca ha podido declarar plenamente sobre cómo ocurrieron los hechos; escucharlo es indispensable para que exista una convicción nacional sobre lo sucedido aquel 24 de marzo de 1994”, dijo el licenciado.
La diferencia entre un delito del fuero federal y uno común (delito local) tiene que ver con la parte afectada, pues en el caso de los segundos, el delincuente estaría dañando directamente, con sus acciones, a una persona en específico.
Por su parte, los delitos federales son los que afectan la salud, economía o la seguridad del país o los intereses de la federación, por lo que un acto ilícito de esta magnitud atenta contra la estructura, organización, funcionamiento y patrimonio del país.
En el caso del asesinato de Colosio, la licenciada Livia F. Quezada, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó para MILENIO que la Fiscalía General de la República consideró el homicidio de Colosio como un delito federal debido a que afectó el proceso electoral de 1994 y dejó un precedente en la democracia del país.
En México, los delitos y violaciones a los derechos humanos son competencia en primera instancia de la entidad federativa en la que ocurrió el acto ilícito; es decir, las fiscalías estatales de cada entidad son las encargadas de atender los casos bajo los lineamientos de su respectivo Código Penal.
Por su parte, la FGR es la encargada de atender los delitos de fuero federal, estipulados en el Código Penal Federal o cualquier otra ley de aplicación general del país.
Segundo tirador: las pruebas en su contra
El 16 de noviembre de 2025 le dictaron auto de formal prisión a Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), encargado de cubrir al candidato priista después de terminar su acto político.
El hombre es investigado como el segundo tirador en la escena del crimen, teoría que cobró fuerza luego de que dio positivo a una prueba de balística.
Un día antes de la visita de Colosio a Tijuana, los jefes de Sánchez Ortega le avisaron que tendría que dar seguimiento al candidato priista desde el aeropuerto hasta su mitin en la colonia Lomas Taurinas, una de las más pobres de la época.
Por esta razón, cuando asesinaron al candidato presidencial, Jorge Antonio Sánchez se encontraba a tan sólo 15 metros de donde cayó herido Colosio; pero entonces… ¿por qué lo acusan de ser el segundo tirador?
1. Prueba uno: La chamarra con sangre
El día del asesinato, Jorge Antonio Sánchez fue detenido debido a que su chamarra —color blanco— tenía manchas de sangre aparentemente de Colosio.
El sospechoso rindió una declaración ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Aseguró que no vio el momento del asesinato; sin embargo, reconoció que la sangre de su chamarra sí era del candidato presidencial, pero esto —según él— ocurrió porque, al momento en que trasladaron al hospital al candidato, alguien lo manchó en su manga izquierda.
2. Prueba dos: Positivo a rodizonato de sodio
La prueba por la cual Jorge Antonio Sánchez Ortega volvió a estar en el ojo del huracán tiene que ver con que en la chamarra usada ese día encontraron rastros de plomo, lo cual indicaría que disparó un arma de fuego.
El 29 de enero del 2025, la FGR aseguró que hubo un segundo tirador en el magnicidio del candidato del PRI, luego de que el ex director del Cisen dio positivo a la prueba de Harrison-Gilroy, mejor conocida como rodizonato de sodio, método empleado en delitos relacionados con detonaciones de armas de fuego.
Javier Paredes, químico de la UNAM, explicó para MILENIO que el rodizonato de sodio es un compuesto cíclico conocido como C6Na2O6 que, al combinarlo con ciertos ácidos, cambia de color para detectar la presencia de ciertos metales.
3. Prueba tres: El testigo inesperado
El día que a Sánchez Ortega le dictaron auto de formal prisión, el periodista de MILENIO Rubén Mosso informó que una de las pruebas admitidas por el juzgador fue la declaración de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Mario Aburto, quien afirmó que el ex agente del Cisen visitó en diversas ocasiones al magnicida semanas antes de que ocurriera el crimen.
Sobre este testimonio no hay más información al respecto, por lo que toca esperar que lleguen las próximas audiencias para ver si el ex agente del Cisen también tuvo una participación activa en el magnicidio del candidato presidencial.
RM
